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Reforestar la institucionalidad

por 6 mayo 2014

La ley de bosque nativo se demoró 16 años en ser discutida en el Congreso y luego promulgada. Hoy, vemos que ha sido insuficiente y que las instituciones a cargo no cuentan con las necesarias herramientas legales para actuar de forma vehemente ante los abusos, cuando debieran contar con mayores atribuciones.

Mediante una profunda investigación, CIPER reveló que la Universidad de Harvard, mediante 11 sociedades creadas en nuestro país, se ha dedicado a la explotación del negocio forestal. El reportaje en extenso permite algo clave, que es visibilizar este tema, porque el resultado es nefasto: tala rasa ilegal de casi 77 hectáreas de bosque nativo desde que la institución estadounidense se instaló en Chile en 2004. Según CIPER, el plan de manejo original exigía la misma cantidad de espacio reforestado con especies autóctonas. Sin embargo, lo hicieron solamente con 73 hectáreas y plantando eucaliptus. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, la Agrícola Brinzal –representante del organismo de la U. de Harvard en Chile dedicada a la industria forestal– recibió subsidios gubernamentales por 114 millones de pesos en fondos destinados a la conservación, recuperación y manejo del bosque nativo.

Ante esta práctica –que la Universidad de Harvard ha replicado en otros siete países– la Conaf, entonces, propuso una multa de casi un millón de dólares. Pero, finalmente, la única sanción recibida fue con la que el Juzgado de Policía Local de Ancud sentenció a la empresa a reforestar nada más que siete hectáreas y a pagar una insólita multa de 4,2 millones a Agrícola Brinzal, empresa controlada por Phemus Corporation, que funciona como un fondo de inversión de la Universidad de Harvard, cuyos representantes en Chile, de actitud reprochable, han sido los abogados Rene Fuchslocher y Roberto Edwards Smith. Con estos antecedentes, se desnudó así una realidad muy compleja: la institucionalidad actual no da el ancho para prevenir y castigar hechos como estos.

La ley de bosque nativo se demoró 16 años en ser discutida en el Congreso y luego promulgada. Hoy, vemos que ha sido insuficiente y que las instituciones a cargo no cuentan con las necesarias herramientas legales para actuar de forma vehemente ante los abusos, cuando debieran contar con mayores atribuciones.

¿Cómo se puede comenzar a revertir este panorama?

A nuestro juicio, Chile tiene una política de fomento para algunos grandes grupos económicos pero no una política forestal integral que incluya el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Tenemos un déficit en el debate y la discusión debe centrarse en fortalecer la institucionalidad que tiene como misión proteger un recurso como el bosque nativo, que pertenece a todos los chilenos. De esta manera, debemos preguntarnos por cuál es el rol del Estado en todo esto. ¿Sólo fiscalización? Este tema, muy poco debatido en nuestro país, debe pasar a ser una prioridad también para los poderes del Estado. La ley de bosque nativo se demoró 16 años en ser discutida en el Congreso y luego promulgada. Hoy, vemos que ha sido insuficiente y que las instituciones a cargo no cuentan con las necesarias herramientas legales para actuar de forma vehemente ante los abusos, cuando debieran contar con mayores atribuciones.

En lo ideal, las medidas que se tomen, deben ir a la par del incentivo al uso eficiente de la energía. Esto, porque parte importante de la energía que consume la población en determinadas regiones del país proviene de la leña. Como propuesta, creemos, se debe desarrollar un programa de leña sustentable basado en el desarrollo de centros de secado, acopio y canje de leña. A su vez, se debe fomentar el recambio de artefactos, el acondicionamiento térmico de las viviendas, la capacitación de la población, pequeñas empresas y usuarios, en el uso de la biomasa bajo todas sus formas y el desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes de menos emisiones (pellets, calefacción a distancia, entre otras). Este programa debiera ser parte de un programa energético de largo alcance, que disminuya claramente la presión sobre la masa boscosa y, de manera especial, del bosque nativo.

La pérdida de bosque nativo no puede ser presentada a la ciudadanía como pequeñas externalidades del desarrollo y para esto se requiere, entre otras cosas, reforestar la institucionalidad.

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