Sábado, 1 de octubre de 2016Actualizado a las 12:28

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Endeudamiento: la tiranía del mercado que controla el Estado subsidiario

La clase política gobernante debe entender que esta aberración que ellos mismos crearon y avalaron sobrepasa la discusión meramente técnica de los recursos y mecanismos, es un tema de derechos, democracia y justicia social, por ello Corfo debe tomar cartas en el asunto, presentando una querella criminal en contra de los bancos y sus autoridades, que estafaron a cientos de chilenos utilizando su nombre. El Estado con urgencia debe entregar una solución inmediata a estas familias, que han sido víctimas de uno más de los abusos, engaños y estafas de la banca privada, como tantos otros que hemos conocido recientemente. Y todo lo anterior, no puede sino ir de la mano con una detención inmediata de los embargos, remates y el envío de antecedentes a DICOM con que siguen presionando a nuestros familiares y avales.

En 1997 el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle instituyó el denominado “Crédito Corfo”, que pretendía ser una alternativa para el financiamiento de estudios en Educación Superior. Pero el remedio resultó ser peor que la enfermedad, dejando a miles de jóvenes y sus familias con un endeudamiento extremo para financiar lo que debería ser un derecho social. Sin embargo, gracias a préstamos usureros avalados por un Estado cuyo rol era ser un mero intermediario, que además disponía de recursos pertenecientes a todos los chilenos, lo único que se garantizó fue un lucrativo negocio para la banca privada.

Luego, en el 2005, fue instaurado el Crédito con Aval del Estado, crédito que permitiría según sus creadores y visionarios, dar más “oportunidades e igualdad” a la llamada clase media, sin embargo este crédito –en virtud de las cifras 2013 entregadas por Ciper Chile– lo que ha permitido es que la banca obtenga ganancias de más de $150 mil millones sólo por actuar como intermediaria, sumándole a ello las ganancias por Crédito Corfo, las que ascienden a más de $1.000 millones de dólares. En esta línea, el número de endeudados Corfo suma más de 106 mil familias, y para el 2016 se estima que la cifra de morosos CAE superará los 500 mil endeudados.

Lo paradójico se refleja en el discurso dominante, ya que estas familias habitualmente son las desplazadas del chorreo, el crecimiento y la bonanza económica y deben endeudarse para acceder a todos los derechos básicos que el Estado debería garantizarles. En este orden de ideas, la realidad que supone esta “mochila” para cada uno de estos chilenos y chilenas “beneficiarios” del sistema es impresentable. Siendo mucho más impresentables los aires de triunfo con que el Gobierno de Sebastián Piñera vociferó la rebaja de la tasa de interés de los créditos, lo que ciertamente está muy lejos de solucionar algo.

La clase política gobernante debe entender que esta aberración que ellos mismos crearon y avalaron sobrepasa la discusión meramente técnica de los recursos y mecanismos, es un tema de derechos, democracia y justicia social, por ello Corfo debe tomar cartas en el asunto, presentando una querella criminal en contra de los bancos y sus autoridades, que estafaron a cientos de chilenos utilizando su nombre. El Estado con urgencia debe entregar una solución inmediata a estas familias, que han sido víctimas de uno más de los abusos, engaños y estafas de la banca privada, como tantos otros que hemos conocido recientemente. Y todo lo anterior, no puede sino ir de la mano con una detención inmediata de los embargos, remates y el envío de antecedentes a DICOM con que siguen presionando a nuestros familiares y avales.

La solución debe darse desde el Derecho a la Educación y no desde la vereda del consumidor, para evitar la confusión brutal de que una tasa del 2% es lo “justo”. Para no seguir avalando soluciones que apuntan a mantener las lógicas del mercado y el subsidio del Estado, como regulador del sistema educacional, las mismas lógicas que hoy tienen legítimamente movilizada a la ciudadanía, de la mano del movimiento estudiantil.

Pero algo incluso más allá de esta convicción se asoma tras un oscuro velo: desde que comenzamos esta lucha que visibiliza de manera descarnada lo que significa el endeudamiento en educación, hemos ido descubriendo en cada relato los abusos, engaños y estafas perpetradas por la banca. Los hechos han demostrado que –contrario a lo que quisiera el gremio bancario, que se ha expresado a través de su presidente, Jorge Awad – los bancos sí “abusan de las personas”, y que en este caso la institucionalidad que debe regular el sistema fracasó rotundamente.

Cientos de familias que hasta ahora estaban convencidas de haber obtenido y firmado uno de los denominados “Créditos Corfo”, comenzaron a solicitar a los bancos copia de sus respectivos contratos y descubrieron que sus créditos no fueron otorgados en el marco del sistema gestionado por Corfo, y mucho menos contaban con la garantía de la institución estatal. Lo único que los ligaba a la Corfo era una triquiñuela publicitaria. Sus créditos son simples créditos de consumo educacional. Los bancos, de forma fraudulenta, usaron la marca para atraer engañados a un sinnúmero de clientes-estudiantes, aprovechándose de la imagen de la entidad estatal, y lo que es peor, de la demanda creciente por obtener recursos de un sector de la población que veía en ellos la única y última posibilidad de concretar su anhelo de acceder a la educación superior.

La clase política gobernante debe entender que esta aberración que ellos mismos crearon y avalaron sobrepasa la discusión meramente técnica de los recursos y mecanismos, es un tema de derechos, democracia y justicia social, por ello Corfo debe tomar cartas en el asunto, presentando una querella criminal en contra de los bancos y sus autoridades, que estafaron a cientos de chilenos utilizando su nombre. El Estado con urgencia debe entregar una solución inmediata a estas familias, que han sido víctimas de uno más de los abusos, engaños y estafas de la banca privada, como tantos otros que hemos conocido recientemente. Y todo lo anterior, no puede sino ir de la mano con una detención inmediata de los embargos, remates y el envío de antecedentes a DICOM con que siguen presionando a nuestros familiares y avales.

No necesitamos más subsidio a la banca, necesitamos un Estado que garantice nuestros derechos sociales, ya que todas estas familias y quizás más, son el resultado de las políticas que han avalado y defendido el mercado en la educación y la lógica del endeudamiento que ha generado y profundizado la desigualdad y la colusión del Estado subsidiario con los bancos. Sumado a ello, no ha existido voluntad política transversal (Concertación y Alianza) que se haga cargo de eliminar el mercado de la educación y así devolvernos un derecho social que debe ser para todas y todos los chilenos.

En este sentido, debemos entender que no es posible hablar de reforma educacional sin hacerse cargo de esta problemática actual a la que fueron sometidas nuestras familias, convirtiéndolas en presas del endeudamiento, pobreza y precariedad, que comenzó con el anhelo legítimo de estudiar una carrera universitaria o técnica para ser un profesional y así, de esta manera, poder cumplir la falaz y perversa promesa del actual modelo económico imperante: “la movilidad social”, es decir, “ser mejor que nuestros padres”.

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