Opinión
La crisis de construcción de relato de la política que tiene hoy a los débiles colectivos políticos transformados en meras agencias de empleo cuyos principales gestores –los parlamentarios oficialistas– administran el acceso a cargos, ha hecho que éstos últimos privilegien el reclutamiento de personal –familiar y/o redes vecinales– bajo el exclusivo parámetro de la lealtad por sobre consideraciones cualitativas y profesionales.
En Iquique la polémica no se acabó con la designación del Intendente sino que se extiende hasta hoy con el cuestionamiento a algunos asesores que mal usaron fondos públicos mientras eran dirigentes estudiantiles. La región, y en especial el gobierno, sufren las secuelas del terremoto y ya no hay día sin protesta. La hubo durante la semana pasada en Alto Hospicio y peor aún fue la suspensión, que no ocurrió ni en dictadura, del almuerzo de camaradería que organizaba el PC, símbolo de que el colectivo de la Hoz y el Martillo comienza a sufrir los mismos problemas que tuvieron los partidos de la Concertación a comienzos de la transición: suplantación de la organización por el poder parlamentario.
En Antofagasta ya supimos de la discusión a raíz del nombramiento de los gobernadores, que enfrentó al senador Alejandro Guillier con su propio gobierno; situación similar ocurrió en Atacama; en tanto, en la Región de Coquimbo, los errores en las designaciones no sólo dejaron descontento al PC –el diputado Daniel Núñez se quejó latamente de ello– sino que llevaron a decir, a uno de los hombres de más confianza de la actual Presidenta, el senador DC Jorge Pizarro, que “quedé bastante preocupado porque creo que hay personas que no deberían estar ahí y otras que no están y sí deberían”.
Allí, además, los actores políticos acusan una sobrerrepresentación del PS –como ocurre en otras regiones–, en particular de la fracción interna en que milita la Mandataria; en Valparaíso, en tanto, la crítica pública a los nombramientos también rozó a las fallidas gobernaciones, y su secuela principal es la crítica gestión gubernamental luego del devastador incendio, en particular cuando los efectos del mismo determinaron la designación de un delegado presidencial, y donde habrá manga ancha (ya lo aprendimos con Piñera) para contratar directamente sin licitación alguna. La Región Metropolitana tampoco ha estado exenta de dificultades en ese plano y avezados actores políticos señalan que “pasamos de jugar con el equipo titular a uno que estaba en tercera división” y que se expresa en comentarios como que “estamos llenos de cabros chicos –con menos de 30 años y no pocos de ellos sin experiencia laboral– que están ganando entre 4 y 6 millones mensuales”. Y se preguntan, no sin un dejo de razón, con quién estará la lealtad de esos muchachos en los momentos difíciles.
[cita]Por primera vez, de forma tan implacable y evidente, la gestión pública queda en manos de intereses corporativos –el de los parlamentarios– que administrarán una pléyade de chicos y chicas cuya lealtad, por su modo de reclutamiento, no está en función de las prioridades permanentes y superiores de la nación sino con quien los puso ahí. Y ello puede resultar no sólo un jaque-mate a la legitimidad democrática sino que resulta francamente contraproducente con la demanda ciudadana sobre sus autoridades.[/cita]
En O’Higgins la gravedad de la instalación es conocida por los ministros políticos –en particular Elizalde–, prueba de ello es que antes de que transcurrieran 48 horas de sus nombramientos habían caído ya tres Seremis –Justicia, Desarrollo Social y Deportes–, y la mala instalación del gobierno regional ha llevado a decir a actores de la Nueva Mayoría local que “la ex Gobernadora de Chiloé no habría tenido ningún problema laboral si se hubiese postulado a un cargo en la región”, dados los cuestionamientos a algunas designaciones que continúan vigentes hasta hoy, y que tienen como fondo la desmedida influencia del senador Juan Pablo Letelier, no sólo en las designaciones del PS (barrió con el diputado Juan Luis Castro al punto que su pésima relación, de intercambios verbales poco diplomáticos, es conocida por todos), sino en la de los otros partidos de la coalición, situación que también se reitera en otras partes; en Maule, en tanto, la polémica que comenzó con las inoportunas declaraciones de Ximena Rincón tras conocerse su designación como ministra, que siguieron con el cuestionamiento al intendente y las designaciones menores –José Ramón Letelier en Desarrollo Social– que continuaron con el atraso en los nombramientos y que siguen hoy con los vínculos del nuevo senador Matta con el lucro en educación están lejos de acabarse; Bío Bío ha sido otra fuente inagotable de polémicas que partieron con el subsecretario de pesca y persisten hoy, con la supuesta sobrerrepresentación de Sabag, en desmedro de su colega José Miguel Ortiz, o la excesiva influencia de Felipe Harboe.
En La Araucanía el asunto tampoco pasó inadvertido y la demora en las designaciones tuvo su corolario en los medios; ni hablar de Los Lagos, donde el senador porcentualmente más votado del país tiene una representación ínfima en relación a su compañero Fidel Espinoza, como si Aleuy y compañía le hubiesen pasado factura por sacar de circulación a Camilo Escalona; en los Ríos, en tanto, la posible designación de Joel Arriagada Valencia como seremi de Salud movilizó a toda la clase política, la que pudo finalmente impedir su nombramiento, aunque éste recaló finalmente en Aysén, como Director de Salud, donde también ha sido resistido. En Magallanes, el cuestionamiento empezó con la Gobernadora, se extendió a algunas seremis, y tiene hoy como centro del debate la sobrerrepresentación de Carolina Goic en desmedro de otros actores de la coalición.
El resumen anterior ratifica que en la conformación de los gobiernos regionales se dio un patrón similar al de los subsecretarios, intendentes y gobernadores pero que, a diferencia de éstos, no tuvo la misma repercusión de aquellos. Y en general, la mayoría de las autoridades permanecieron en sus cargos, sea porque lo que pasa en regiones no tiene repercusión nacional (Santiago es Chile), o porque la influencia parlamentaria alcanza también a los medios locales, los cuales –por eventuales subsidios o regalías del gobierno de turno– son presa fácil de los llamados o visitas del senador para que no se publique tal noticia. Huelga decir que la Presidenta no estuvo en Chile por más de tres años, por lo tanto, los nombramientos descansaron en los parlamentarios o en Interior. ¿Pero las dificultades en la conformación sólo se explican por su invisibilidad pública, o hay algo superior que fundamente la desprolijidad?
Y si bien el modelo planteado por Arturo Valenzuela, se hizo para dibujar la vieja república, lo cierto es que hoy tiene más vigencia que nunca (Revista de Políticas Públicas, Usach, N° 2, Vol. 6, “Persistencia portaliana, opción presicrática-cooptadora de la Concertación/Alianza y fractura proautonomía territorial”, Ortiz/Valenzuela). En efecto, la crisis de construcción de relato de la política que tiene hoy a los débiles colectivos políticos transformados en meras agencias de empleo cuyos principales gestores –los parlamentarios oficialistas– administran el acceso a cargos, ha hecho que éstos últimos privilegien el reclutamiento de personal –familiar y/o redes vecinales– bajo el exclusivo parámetro de la lealtad por sobre consideraciones cualitativas y profesionales. A cambio, el parlamentario broker le ofrece al interesado/a condiciones de reconocimiento social y remunerativo que, con su escaso currículo, no estaría en situación de alcanzar en ninguna otra parte. Por eso no es casual que mientras más se desprestigia la política y sus actores –el Parlamento es el ícono–, se produzca un efecto contraproducente, pues son los mismos parlamentarios (representantes con legitimidad ciudadana ante La Moneda) los que terminan teniendo más peso en las esferas gubernamentales, lo que en estricto rigor no sería un problema, de no mediar la actual lógica presidencial que ha transformado esta práctica en un verdadero vicio y que plantea al Estado una dificultad a mediano y largo plazo puesto que cada vez, y con mayor frecuencia, éste gestiona para intereses privados –los suyos– y no para la nación en su conjunto.
Y es que nuestro mentiroso sistema político (presidencialista), pero que en regiones es absolutamente parlamentario, ha obligado desde Aylwin en adelante a sobrevalorar a estos actores a cambio de su adhesión a las iniciativas presidenciales. Dicho proceso se profundizó mientras se afianzaba nuestra democracia y alcanzó el paroxismo con la actual administración, cuya profunda desconfianza hacia los partidos es de conocimiento público. Esta ha terminado por suplantar definitivamente el rol partidario en los gobiernos por el modelo brokers que pone, en particular en regiones, la gestión gubernamental en manos exclusivas de los legisladores. Pero, ojo, que no basta con ser parlamentario oficialista para ser necesariamente un broker y es en este punto donde los actores y observadores de la Nueva Mayoría no se ponen de acuerdo, pues, a simple vista, la lógica de “reparto” no siempre ha pasado por el más votado –si no pregúntenle a Rabindranath Quinteros–, y tampoco por el peso electoral de la agrupación, pues Revolución Democrática con un solo parlamentario tiene tanta representación proporcional en el Ejecutivo como la propia DC o el PS. Pareciera que la lógica fuese la de la proximidad hacia “lotes” o grupos que tienen cierta representación –eso es evidente en el PS– o también a los parlamentarios más persistentes –en la jerga gubernamental se les conoce por otro epíteto–, aunque la regla tiene también su excepción: Guido Girardi.
En regiones la instalación de los equipos de gobierno contra la percepción masiva que pone énfasis sólo en la “desprolijidad” del proceso ha terminado por consolidar un poder –el Parlamentarismo– que no está prescrito en nuestro ordenamiento constitucional y que, en medio de la crisis democrática y de sus vehículos de representación (los partidos), ha puesto en circulación una clase burocrática de nuevo cuño que no sólo ha dado un giro copernicano en sus patrones de vida y consumo, sino que le plantea al aparato público un serio problema –calidad y cantidad de los recursos materiales de los que dispone versus la calidad de sus competencias– pues, por primera vez, de forma tan implacable y evidente, la gestión pública queda en manos de intereses corporativos –el de los parlamentarios– que administrarán una pléyade de chicos y chicas cuya lealtad, por su modo de reclutamiento, no está en función de las prioridades permanentes y superiores de la nación sino con quien los puso ahí. Y ello puede resultar no sólo un jaque-mate a la legitimidad democrática, sino que resulta francamente contraproducente con la demanda ciudadana sobre sus autoridades.
