Viernes, 30 de septiembre de 2016Actualizado a las 04:52

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¿Qué implica terminar con la selección? Respuesta a Vallejo y Jackson

¿Qué implica terminar con la selección? Respuesta a  Vallejo y  Jackson
El motivo de nuestro disenso con Vallejo y Jackson, en consecuencia, no es la defensa de “cualquier tipo de selección” en los colegios, sino la necesidad de introducir distinciones para que la poda no termine talando el árbol. No se trata de defender una práctica más o menos cuestionable o difundida, sino que de un principio muy sencillo: la posibilidad de que los padres puedan elegir un proyecto educativo acorde a sus ideas y principios, lo cual es el verdadero fundamento de la llamada –y muchas veces mal entendida– libertad de enseñanza.

Todo indica que el proyecto de reforma educacional que presentará el gobierno de Michelle Bachelet incluirá, como uno de sus aspectos esenciales, el fin de la selección de cualquier tipo en la educación escolar. Es lo que ha declarado el Ministro Eyzaguirre y lo que defienden Camila Vallejo y Giorgio Jackson en su reciente columna. Según afirman, esta medida sería una condición necesaria para avanzar hacia un sistema más democrático e inclusivo. El principio que subyace a estas propuestas, al parecer, es favorecer una igual libertad para todos: si un padre o madre quiere que su hijo estudie en un determinado colegio, debe tener la misma oportunidad para lograrlo que cualquier otro postulante.

Aunque lo anterior puede parecer sensato, este modo de plantear la discusión sobre selección escolar en realidad resulta problemático: se omiten distinciones importantes, y eso lleva a polarizar y radicalizar las posturas. En efecto, la crítica indiscriminada a ciertas prácticas más o menos cuestionables de muchos colegios conlleva riesgos que no son del todo advertidos. Así, al mismo tiempo que se intenta terminar con la selección individual de alumnos por conducta o rendimiento –práctica que debe ser analizada, discutida y eventualmente regulada–, se pone en riesgo el legítimo derecho que tiene un colegio para desarrollar su proyecto educativo con la autonomía e independencia que requiere, y por tanto la posibilidad de los padres de escoger entre diversos proyectos educativos.

El motivo de nuestro disenso con Vallejo y Jackson, en consecuencia, no es la defensa de “cualquier tipo de selección” en los colegios, sino la necesidad de introducir distinciones para que la poda no termine talando el árbol. No se trata de defender una práctica más o menos cuestionable o difundida, sino que de un principio muy sencillo: la posibilidad de que los padres puedan elegir un proyecto educativo acorde a sus ideas y principios, lo cual es el verdadero fundamento de la llamada –y muchas veces mal entendida– libertad de enseñanza. Esta libertad es parte esencial del derecho a la educación, y para que su ejercicio sea eficaz se requieren mecanismos que permitan a un colegio asegurarse de ser elegido por el proyecto educativo institucional (PEI) que lo define, y no por otros factores. No es en absoluto imposible –más bien es frecuente– que una familia que sostiene ideas o principios contrarios a ese PEI, elija un colegio por criterios tan ajenos a su proyecto educativo como los contactos sociales, el resultado PSU, el status o la infraestructura.

Es verdad que existen muchos abusos en el sistema educacional, y la selección de alumnos por criterios arbitrarios no es de los menores. Pero la solución no puede pasar por eliminar todo criterio, porque ello implica terminar con la (verdadera) libertad de educación de los padres. Es cierto que libertad de educación no es lo mismo que libertad de emprendimiento, pero si queremos evitar que se confundan debemos partir por distinguir el derecho de los padres a educar a sus hijos, del derecho que tienen los consumidores a elegir un producto. O distinguimos ambos o, en la práctica, no respetamos ninguno.

Lo anterior no es inocuo, porque todo proyecto educativo fundamentado en una visión robusta del hombre y del mundo exige que colegio y familia compartan un mismo modo de entender la educación. Eso significa que, en principio, las familias deben tener la posibilidad de elegir aquellos colegios que mejor se adecuan a la formación que quieren dar a sus hijos, pero también que esos colegios puedan manifestar abiertamente a una determinada familia, cuando corresponda, que no están en condiciones de darle lo que esa familia espera. Lo importante, entonces, es que todo el que quiera (en serio) ese tipo de educación pueda acceder a él. ¿O es que “discrimina” o “selecciona alumnos” un colegio que enseña en inglés cuando “excluye” a una familia que se niega a que su hijo hable ese idioma? ¿”Segrega” a las familias sedentarias el colegio que pone el acento en la educación física y los deportes? ¿”Excluye” a una familia católica un colegio cuyo proyecto educativo es judío o protestante? Lo que esos colegios dicen a las familias no es “yo no quiero a su hijo como alumno”, sino “usted no quiere realmente este colegio”.

Vallejo y Jackson pueden tener razón cuando critican la selección individual de alumnos de enseñanza básica por su rendimiento académico, y ciertamente deben ser considerados los análisis que vinculan el rendimiento en las pruebas estandarizadas con el nivel socioeconómico de las familias. Pero, nuevamente, así como la calidad de educación no es un concepto unívoco que pueda ser evaluado únicamente mediante pruebas estandarizadas, tampoco podemos resolver las desigualdades injustas aboliendo toda diferencia. Acogiendo las críticas, se debe salvar el principio de fondo que subyace a la admisión escolar. Si hay que criticar los métodos, habrá que hacerlo, pero salvando a toda costa el legítimo derecho (y deber) que tienen los padres a educar a sus hijos de la manera y según la orientación que estimen pertinente.

Lo que más llama la atención de las reflexiones de Jackson y Vallejo es que manifiestan una comprensión profundamente “mercantil” de la educación. En ella, la escuela sería una especie de proveedor de servicios (estatal o privado, es igual) que participa de un mercado limitado, dentro del cual las familias (los consumidores) son libres de elegir. Pero precisamente porque las escuelas no son empresas, no podemos tratar a las familias como consumidores que compiten por un producto. Tampoco podemos tratar a la educación como un commodity: ella no es en absoluto independiente del establecimiento que la entrega. Lo que diferencia a la educación entregada por cada establecimiento es precisamente su proyecto educativo, y por lo mismo la admisión escolar no puede depender exclusivamente de un sorteo, como algunos políticos han propuesto. El PEI de una escuela es inseparable de la comunidad educativa que la constituye: le pertenece a la escuela, pero la escuela es sobre todo las familias que la componen, y por eso es un error presentar ese PEI como algo que el colegio “ofrece” a los padres.

En definitiva, la comunidad educativa es precisamente eso: una comunidad de personas unidas por un fin común. Si la única diferencia entre las personas que componen una sociedad fuera el nivel de ingresos, vincular el PEI a la comunidad escolar sería abiertamente discriminatorio. Pero sabemos que esto no es así, e incluso si concediéramos una correspondencia más o menos lineal entre nivel de ingresos y “calidad de la educación”, eso no significa que todas las escuelas de un mismo “nivel” sean idénticas. La educación no es una realidad unívoca que pueda ser evaluada con un solo índice de “calidad”, tal como manifiesta el hecho de que gran parte del trabajo de los profesores de colegios municipales –trabajo indispensable y muchas veces heroico, aunque totalmente anónimo y desconocido– no se refleja en ninguna prueba.

Es verdad que existen muchos abusos en el sistema educacional, y la selección de alumnos por criterios arbitrarios no es de los menores. Pero la solución no puede pasar por eliminar todo criterio, porque ello implica terminar con la (verdadera) libertad de educación de los padres. Es cierto que libertad de educación no es lo mismo que libertad de emprendimiento, pero si queremos evitar que se confundan debemos partir por distinguir el derecho de los padres a educar a sus hijos, del derecho que tienen los consumidores a elegir un producto. O distinguimos ambos o, en la práctica, no respetamos ninguno.

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