En un modelo social y económico que ha instalado de facto un mercado desregulado de educación superior universitaria, en el que las políticas públicas se han centrado en el incentivo a las iniciativas privadas por sobre los intereses y responsabilidades colectivos y en el que las universidades estatales han debido someterse a las reglas de la competición, incluso más allá de las misiones que las caracterizan, la investigación científica desarrollada en estas instituciones ha logrado mantenerse como el bastión distintivo de su rol, incluso más allá de los arqueos de caja en la lógica de la ecuación costos/beneficios.
En las últimas semanas hemos presenciado el esfuerzo de varias universidades por diferenciarse unas de otras bajo el alero de criterios disímiles, tales como el origen de los recursos con que operan, la naturaleza del mandante a quien se presta servicios, el uso o destino de sus eventuales excedentes, o el tipo de bien que producen. Sin embargo, a pesar de la variedad de los argumentos esgrimidos, desplegados, pareciera que no han hecho suficiente hincapié en las funciones sustanciales que se espera que estas casas de estudio cumplan. No resulta novedoso señalar que bajo el concepto de universidad se agrupan tareas tan fundamentales como la docencia, la investigación y la extensión, o vinculación con el medio, como se denomina a la relación bidireccional entre las universidades y su entorno en el lenguaje nuevo creado en el mundo de la acreditación institucional.
En el Chile actual todas las instituciones universitarias se dedican por cierto a la formación de profesionales, incluso varias de ellas se consagran casi exclusivamente a esta tarea, por lo que no resulta difícil caer en la tentación de cuestionar su denominación de universidades en lugar de sólo identificarlas como academias o institutos profesionales. Por otra parte, la investigación científica es concebida como una de las funciones sustantivas de toda universidad, no obstante, el panorama actual muestra que esta tarea no logra tomar un rol protagonista y transformarse en una labor significativa en el desarrollo estratégico de todas las casas estudio. Así, por ejemplo, en el marco de la entrega de fondos públicos para investigación científica a través de mecanismos competitivos entre universidades públicas y privadas, en el concurso regular de investigación del año 2013 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, conocido como FONDECYT, se presentaron un total de 46 universidades, de las cuáles 25 eran las pertenecientes al Consejo de Rectores, CRUCH, esto es, un 54% de las universidades participantes en el concurso, y 21 correspondieron a universidades privadas que no pertenecen al CRUCH, es decir, un 46% del total de las instituciones universitarias participantes. En este concurso, 34 universidades se adjudicaron fondos para desarrollar sus respectivos proyectos de investigación, de las cuales 22 fueron universidades del CRUCH, un 65% del total adjudicado, 13 de estas corresponden a las llamadas estatales, esto es, un 38%, y sólo 12 universidades no pertenecienes al CRUCH, un 35%.
Desde otro ángulo, del total de 60 universidades existentes en nuestro país, las 25 instituciones pertenecientes al CRUCH presentaron proyectos de investigación al concurso FONDECYT regular 2013 y sólo 21 de un total de 35 universidades no CRUCH hicieron el esfuerzo de presentar proyectos de investigación a esta iniciativa. Si se hace un análisis desde la perspectiva de la cantidad de proyectos adjudicados, los resultados nuevamente destacan la voluntad de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, incluso a pesar de que algunas universidades privadas se han dado la tarea de “importar” desde el “viejo mundo” capital humano de formación avanzada para levantar sus indicadores en materia de investigación.
[cita]En un modelo social y económico que ha instalado de facto un mercado desregulado de educación superior universitaria, en el que las políticas públicas se han centrado en el incentivo a las iniciativas privadas por sobre los intereses y responsabilidades colectivos y en el que las universidades estatales han debido someterse a las reglas de la competición, incluso más allá de las misiones que las caracterizan, la investigación científica desarrollada en estas instituciones ha logrado mantenerse como el bastión distintivo de su rol, incluso más allá de los arqueos de caja en la lógica de la ecuación costos/beneficios.[/cita]
En este marco competitivo, es loable el esfuerzo de universidades regionales o de aquellas que se consagran casi exclusivamente a una sola disciplina, como la formación de profesores, ya que la presentación de proyectos de investigación a este tipo de concursos denota esmero y decisión por aportar desde diversas disciplinas y no enmarcarse sólo en las ciencias de la educación.
Por otra parte, la mayoría de las universidades del Estado hace un esfuerzo adicional al promover el desarrollo de la investigación científica con recursos provenientes desde sus propios presupuestos institucionales, considerando no sólo la provisión de financiamiento para el desarrollo de estas iniciativas, sino que también el gasto en recursos humanos que esto conlleva. Así, entonces, es posible encontrar trabajos que si bien injustamente no son considerados para el diseño de políticas públicas de amplio espectro, realizan un aporte significativo al desarrollo social del país. Un ejemplo palpable de esto es el Diccionario Bilingüe de Lengua de Señas Chilena-Español de Chile, el que corresponde al resultado de más de 20 años de trabajo sistemático de investigación de un equipo de académicos universitarios e integrantes de comunidades de personas sordas. La motivación e interés principal de este estudio ha sido favorecer la cohesión social, la consideración de la diversidad y la provisión de igualdad de oportunidades de las personas sordas de Chile.
Por consiguiente, en un modelo social y económico que ha instalado de facto un mercado desregulado de educación superior universitaria, en el que las políticas públicas se han centrado en el incentivo a las iniciativas privadas por sobre los intereses y responsabilidades colectivos y en el que las universidades estatales han debido someterse a las reglas de la competición, incluso más allá de las misiones que las caracterizan, la investigación científica desarrollada en estas instituciones ha logrado mantenerse como el bastión distintivo de su rol, incluso más allá de los arqueos de caja en la lógica de la ecuación costos/beneficios. Son estas instituciones las que, a pesar de haber sido prácticamente abandonadas en su relación prioritaria con el Estado, siguen aportando en diferentes escalas a lo que debe ser un proyecto país que surja desde la sana ambición de aportar a tal proyecto y no sólo con la finalidad de entregar mayor valor agregado al servicio ofertado a sus consumidores.
