Opinión
De no mediar una reforma sustantiva a la ley de partidos políticos que democratice efectivamente a las tiendas políticas, resulta imprescindible establecer límites a la reelección que sean razonables y que permitan cierto nivel de renovación.
En política solemos distinguir entre idealistas y realistas. Los primeros estructuran su razonamiento desde los principios que debiesen guiar la acción política (tener una democracia de mejor calidad, por ejemplo). Los segundos lo hacen desde las condiciones materiales que enfrenta el juego político (los intereses de los congresistas, por ejemplo). Al revisar el proyecto que busca reemplazar el sistema binominal resulta evidente que, si bien existen ciertos principios matrices que lo inspiran, su definición está marcada por una fuerte orientación realista. Por lo mismo, se trata de un proyecto muy viable de ser aprobado en el Congreso, aunque contiene algunas contradicciones que todavía es posible resolver.
En síntesis, con esta reforma se busca una mejor relación entre el número de electores y los representantes que se eligen. Para ilustrar este punto, hoy los poco más de 5 millones de electores de la Región Metropolitana constituyen el 39% del total nacional. Sin embargo, los 32 diputados que eligen allí sólo representan el 27% de dicha Cámara. En el Senado, los 4 senadores electos de esa misma región representan al 10% de la Cámara Alta. El proyecto propone, entre otras cosas, aumentar el número de diputados en dicha región a 47 diputados y 7 senadores, lo que elevaría su peso relativo a 30% en la Cámara y a 14% en el Senado.
Un segundo objetivo es aumentar la competencia por la vía de permitir que las listas en competencia puedan presentar un mayor número de candidatos y que se establezca un mayor número de electos por distrito (lo que implica la fusión de distritos). Finalmente, se propone un sistema de cuotas, de modo de incentivar la elección de mujeres en cargos de representación popular.
[cita]Podríamos enfrentar un escenario de un sistema electoral mucho más representativo pero con serios problemas de identificabilidad de candidaturas, desigualdad en la competencia por el financiamiento desigual de la política, y con actores políticos que se perpetúan en el poder. ¿Queremos eso? La palabra la tienen ahora los congresistas.[/cita]
Los principios de representación y de inclusión que inspiran este proyecto están cruzados por un fuerte sentido de realismo. Primero, la propuesta no avanza hacia un sistema perfectamente proporcional, por cuanto se reconoce la necesidad de seguir sobrerrepresentando a las regiones –particularmente a las zonas extremas del país, lo que sin duda parece razonable–. Segundo, no se avanza en redefinir el mapa de distritos existentes, sino que sólo se propone la fusión de ellos. Un eventual rediseño de distritos provocaría una fuerte incertidumbre entre los parlamentarios y abriría sospechas sobre la eventual manipulación de aquella reconfiguración –manipulación que ya se hizo en el diseño original del binominal–. Tercero, no se amenaza la reelección de los actuales legisladores al mantener y/o aumentar el número de escaños por circunscripción o distrito. Como los umbrales para resultar electo bajarán, los actuales congresistas no debiesen temer que su eventual reelección esté en riesgo.
Ahora bien, si nuestro parámetro es tener una democracia de mejor calidad, el proyecto deberá resolver algunas contradicciones. Por ejemplo, el hecho de que los partidos puedan presentar más candidatos y que en 20 de los 28 nuevos distritos se deban elegir entre 5 y 8 representantes, incrementará sustantivamente el número de candidaturas que aparecerán en la papeleta (más de 50 candidatos en algunos distritos). Como además se trata de un sistema con lista abierta (uno vota por una persona dentro de una lista), la oferta política crecerá exponencialmente, generando problemas de identificabilidad. Los candidatos más conocidos o con más recursos para financiar sus campañas correrán con ventaja sobre el resto. Lo anterior se resolvería o cerrando las listas (una propuesta “revolucionaria” en el contexto local), o bien forzando a los candidatos a colocar sus partidos en la propaganda de modo que el electorado pueda identificar por quién vota, y/o reformando la ley de financiamiento electoral para emparejar la cancha en la competencia electoral.
La reforma producirá un segundo efecto, que es la reducción del umbral o porcentaje para que los candidatos resulten electos. Si hoy se requiere poco más de un 30% para asegurar el cupo, con la propuesta se bajará a menos de un 20% como promedio. Ello implica que la posibilidad de resultar reelecto aumentará. Lo anterior nos lleva al debate sobre las lógicas de renovación de la política. De no mediar una reforma sustantiva a la ley de partidos políticos que democratice efectivamente a las tiendas políticas, resulta imprescindible establecer límites a la reelección que sean razonables y que permitan cierto nivel de renovación.
Finalmente, el proyecto debe abordar la situación de los reemplazos de congresistas de dos formas. La propuesta sólo aborda el eventual reemplazo de militantes de partidos y no dice nada respecto de los independientes. De este modo, si un independiente deja el hemiciclo no tendrá reemplazo. Lo anterior se resuelve o mediante un mecanismo de elección complementaria o bien por la vía de las suplencias (inscribir el nombre de la eventual persona que reemplazaría al candidato en caso de producirse la necesidad de reemplazo). Esto nos lleva a una discusión más sustantiva sobre la conveniencia de permitir que congresistas electos pasen a ocupar cargos en el poder Ejecutivo, cuestión que se está convirtiendo una práctica habitual en nuestro país.
La reforma al binominal no puede abordarse sin considerar un conjunto de materias relacionadas. Como mínimo, los congresistas deberán discutir temas asociados a la ley de partidos políticos (en cuanto a formación de partidos), el gasto electoral, la propaganda electoral, los mecanismos de reemplazo, las prohibiciones para asumir otras funciones una vez que se resulta electo, entre otras varias materias.
No abordar este conjunto de temas afectaría en forma relevante la reforma. Podríamos enfrentar un escenario de un sistema electoral mucho más representativo pero con serios problemas de identificabilidad de candidaturas, desigualdad en la competencia por el financiamiento desigual de la política, y con actores políticos que se perpetúan en el poder. ¿Queremos eso? La palabra la tienen ahora los congresistas.
