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Política Energética Nacional: mirando los desafíos de la Gobernanza Ambiental

por 13 mayo 2014

Finalmente nuestro sistema normativo ambiental ofrece espacios de participación ciudadana que son escasos en tiempo y de calidad deficiente. En este sentido, por ejemplo, es impensable creer que los habitantes de un territorio puedan conocer en profundidad un proyecto de inversión, analizar sus impactos y evaluar los alcances de las medidas de compensación y mitigación en el plazo de 60 días hábiles que nuestro sistema ofrece.

A dos meses de la llegada al poder de la Nueva Mayoría, el país comienza a debatir temas fundamentales que podrían determinar una convivencia más armónica y un desarrollo más sustentable. Señal de aquello es el encuentro convocado por el Ministerio de Energía para la construcción participativa de la política energética nacional, que contó con la presencia de múltiples y destacados actores de mundo social, político, académico y empresarial. La iniciativa responde a la necesidad de Michelle Bachelet de abordar de forma urgente el asunto energético, uno de los más importantes desafios en su agenda de gobierno.

Pese a que este camino parece ser el correcto, considerando intereses y perspectivas diversas como una forma de “empezar a recobrar las confianzas perdidas y construir los diálogos tan necesarios en el sector”, como señala el mismo ministro Pacheco, aún existen factores estructurales y de contexto que favorecen el surgimiento de conflictos sociombientales y dificultan la implementación de la anhelada gobernanza ambiental. Entre ellos, cabe destacar el modelo de desarrollo al cual adscribimos, los desequilibrios de poder existentes en nuestra sociedad, la injusticia ambiental e inequidad territorial y un sistema normativo ambiental que ofrece escasos espacios para la participación.

Profundizando un poco más en lo anterior, la consolidación del modelo de desarrollo en Chile, basado principalmente en la industria extractiva de recursos naturales para la exportación, ha generado inevitables impactos sobre el ambiente y las comunidades. Sin embargo, durante las últimas cuatro décadas, se ha manifestado un nulo cuestionamiento al “consenso tácito” de la clase política y empresarial respecto del predominio de los objetivos económicos por sobre los medioambientales.

Finalmente nuestro sistema normativo ambiental ofrece espacios de participación ciudadana que son escasos en tiempo y de calidad deficiente. En este sentido, por ejemplo, es impensable creer que los habitantes de un territorio puedan conocer en profundidad un proyecto de inversión, analizar sus impactos y evaluar los alcances de las medidas de compensación y mitigación en el plazo de 60 días hábiles que nuestro sistema ofrece.

En relación a los desequilibrios de poder e inequidad social existentes en nuestra sociedad, cabe destacar que este fenómeno abarca también la dimensión ambiental. En las comunidades que reciben los efectos negativos del desarrollo, se observa no sólo una violación del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, sino también una vulneración de los derechos sociales, pues sus habitantes tienen poca o nula capacidad para exigir el respeto de esos derechos. Esta situación determina en ellos una desesperanza aprendida respecto a la capacidad e interés del Estado, para hacer valer el respecto de las garantías que aseguran el vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación, mediante los instrumentos y poderes que administra.

Muy relacionado a lo anterior es la inequidad que se aprecia en la distribución de estas externalidades negativas entre los distintos territorios. Esta injusticia ambiental e inequidad territorial se manifiesta dramáticamente en lugares como Ventanas, Coronel, Mejillones –por nombrar algunos– donde comunidades, por lo general muy vulnerables, se hacen cargo de los costos socioambientales de sustentar el desarrollo del sector eléctrico y de la economía nacional. En este sentido, es dramático constatar que los territorios donde se instalan los principales conflictos socioambientales están, muchas veces, entre los más pobres del país.

Finalmente nuestro sistema normativo ambiental ofrece espacios de participación ciudadana que son escasos en tiempo y de calidad deficiente. En este sentido, por ejemplo, es impensable creer que los habitantes de un territorio puedan conocer en profundidad un proyecto de inversión, analizar sus impactos y evaluar los alcances de las medidas de compensación y mitigación en el plazo de 60 días hábiles que nuestro sistema ofrece.

Los plazos para el desarrollo de la Participación Ciudadana formal afectan también la calidad de la relación entre titulares de proyectos, autoridad y comunidades. En estos procesos acotados de diálogo se posibilita únicamente un tipo de interacción de carácter informativo y no incidente, considerando que, una vez que el proyecto ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental, es casi imposible que se generen cambios sustantivos. Sólo un proceso de diálogo y participación anticipado, que cuente con la voluntad de todas las partes de trabajar para construir un mejor proyecto, permitiría instalar procesos democráticos en los territorios y reducir los conflictos socioambientales.

La solución a estos problemas estructurales posibilitaría acercarnos a niveles aceptables de gobernanza ambiental. Sabemos que el camino es largo y complejo, de eso no existe duda. Las medidas propuestas por el actual gobierno representan un primer avance en esta dirección, pero claramente se requiere de un esfuerzo más profundo de todos los actores públicos y privados involucrados y, sobre todo, una participación activa de la ciudadanía.

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