Esta política de los acuerdos –o de los consensos– ya tuvo su tiempo (cuando había senadores designados y la derecha presidía el Senado a medias con la DC). No teníamos los votos. No éramos mayoría. Hoy tenemos los votos y somos mayoría. No hay excusa posible para seguir con estas políticas. En este nuevo ciclo los consensos deben construirse con el pueblo, con los pueblos de Chile, con los postergados de siempre.
Los ciudadanos, los movimientos sociales, las fuerzas que están construyendo el cambio, son cada vez más amplias, diversas y poderosas. Uno de los logros más importantes de estas fuerzas es haber conseguido hacer comprender a las grandes mayorías que la causa de los males sociales, ambientales, económicos y culturales que sufrimos como sociedad tienen que ver con el modelo neoliberal –concentrador de riquezas y generador de desigualdades– impuesto tras el golpe militar de 1973.
Una encuesta CEP –de noviembre de 2013– sostuvo que un 83 por ciento de los chilenos está a favor de la nacionalización del cobre; un 67 apoya una reforma tributaria y un 45 respalda la idea de cambiar la Constitución por medio de una asamblea constituyente.
El respaldo a grandes cambios en educación, salud, sistema de pensiones, y manejo de los recursos naturales –partiendo por el agua– es también ampliamente mayoritario. Este anhelo transformador se ha expresado no sólo en encuestas sino que también en las calles. Ahí están el increíble rechazo nacional y popular a HidroAysén; el levantamiento estudiantil de 2011; las protestas territoriales en Magallanes, Aysén, Valle del Huasco, por mencionar algunos movimientos que han logrado remecer al país. Increíblemente, pese a lo generalizado de las convicciones antes reseñadas, en el ámbito económico y político todo sigue casi igual.
Esto ocurre por la resistencia de los poderosos –la clase política y empresarial– a hacer los cambios que Chile necesita. Esta disonancia entre lo que el pueblo quiere y lo que los gobernantes hacen, ha derivado en una ostensible crisis de representación, en un cuestionamiento generalizado de la actual institucionalidad, que tiene en la Constitución de 1980 a su principal custodio.
Con la promesa de concretar las transformaciones añoradas por el pueblo es que la Concertación dejó este nombre, se alió a otras fuerzas, se tiñó de movimiento social y se convirtió en Nueva Mayoría. No fue para hacer más de lo mismo.
[cita]Esta política de los acuerdos –o de los consensos– ya tuvo su tiempo (cuando había senadores designados y la derecha presidía el Senado a medias con la DC). No teníamos los votos. No éramos mayoría. Hoy tenemos los votos y somos mayoría. No hay excusa posible para seguir con estas políticas. En este nuevo ciclo los consensos deben construirse con el pueblo, con los pueblos de Chile, con los postergados de siempre.[/cita]
Siendo coherente con los compromisos contraídos es que la Presidenta Bachelet ha presentado un conjunto de propuestas transformadoras, entre las que destaca el Proyecto de Reforma Tributaria.
El principal objetivo de este proyecto –piedra angular del programa de Bachelet–, es que el 1% más rico aporte 7 mil millones de dólares anuales. De esta manera, se podrá reducir la ominosa brecha que separa a ricos y pobres, y obtener los recursos necesarios para “una educación pública, gratuita y de calidad”, tal como prometimos en la pasada campaña.
Este es el primero de muchos cambios que queremos implementar para avanzar hacia una sociedad de derechos, más justa y realmente democrática. Sabemos que la propuesta de reforma tributaria es limitada en sus alcances, pero tenemos la convicción de que constituye un avance importante.
Sin embargo, las elites económicas y políticas se niegan a cualquier modificación que en alguna medida afecte al 1% o al 0,1% de la población, que es el segmento realmente beneficiado con el modelo de depredación ambiental y abusos contra los ciudadanos instalado en nuestro país. La UDI ha sido particularmente dura en su campaña contra el citado proyecto, preconizando los males del infierno si este se concreta. Hacen esto a sabiendas de que nuestro país ha sido el paraíso de las empresas extractivas, y que –pese a los cambios propuestos– estas podrán seguir haciendo más que jugosos negocios.
La dura reacción de la derecha política y económica en contra de la reforma tributaria impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, ha encontrado voces solidarias en la Nueva Mayoría.
El ex senador Camilo Escalona, que viene de perder elecciones en Los Lagos y Bío Bío, ha hecho un llamado –ampliamente difundido por El Mercurio– a construir acuerdos de “amplias mayorías” con el gran empresariado, en la perspectiva de que se apruebe una reforma en la que ellos también sean beneficiados. Escalona, como luego haría el senador democratacristiano Ignacio Walker, criticó el video promocional de la reforma tributaria porque este –en sus pareceres– descuida las formas.
Y ¿qué es lo que molesta tanto? Simplemente que se denuncie que los ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que los pobres. Y que se estén tomando las medidas para que esta injusta realidad comience a cambiar.
El ex ministro de Hacienda Andrés Velasco –quien, como Escalona, pese a no tener ningún cargo de elección popular goza de gran tribuna– se unió a la UDI en el planteamiento que sostiene que los cambios terminarán por afectar a la clase media.
Al coro antirreformas se han plegado peces gordos. Entre ellos destaca el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer. Este, en declaraciones absolutamente inaceptables, aconsejó públicamente a nuestro Gobierno al señalar que, antes de hacer cualquier cambio, este debe consultar a “todas las partes interesadas”, recalcando que lo que su país pide son “reglas claras” y “estabilidad política”.
Un día antes, The Wall Street Journal –principal diario de la ortodoxia neoliberal– expuso groseramente, en columna de la periodista Mary O’Grady, que «Bachelet y sus compinches en el Congreso” estarían dando señales de querer cambiar “las reglas del juego”. Para ella estos cambios suponen el “regreso a la polarización política de comienzos de los años 70».
Ante nuestros ojos está surgiendo una coalición de fuerzas –chilenas y extranjeras– que, ante la inminencia del cambio tributario y otros cambios propuestos, quiere reinstalar la política de los acuerdos, que caracterizó al Chile de la transición. Mal que mal, con esta política la derecha mantuvo a raya reformas tan importantes –como la tributaria– durante 24 años.
Las críticas, en la práctica, buscan ser un freno a los proyectos de cambio levantados por nuestro Gobierno. Se busca que todo siga igual.
Esta política de los acuerdos –o de los consensos– ya tuvo su tiempo (cuando había senadores designados y la derecha presidía el Senado a medias con la DC). No teníamos los votos. No éramos mayoría. Hoy tenemos los votos y somos mayoría. No hay excusa posible para seguir con estas políticas. En este nuevo ciclo los consensos deben construirse con el pueblo, con los pueblos de Chile, con los postergados de siempre.
Los ciudadanos, los trabajadores y trabajadoras no quieren más de lo mismo. La Concertación fue derrotada en 2010 por el abuso de la política de los acuerdos y por el incumplimiento de sus compromisos fundacionales. En ese escenario de decadencia por falta de credibilidad fue que Sebastián Piñera y su promesa de cambio (que resultó ser sólo publicidad engañosa) ganaron el respaldo popular.
Es necesario recordar y advertir que en 2013 la gente, el pueblo, no votó Concertación, sino que votó Nueva Mayoría; no votó por volver a la política de los acuerdos, votó por cambios reales, profundos y concretos. Rendirse tan tempranamente, sin haber librado ni una sola batalla, sería una voltereta política que, además de inaceptable, pondría la lapida a este proyecto político de mayorías.
