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Distinción para un Presidente que apuesta por la educación pública

por 15 mayo 2014

Para iniciar las transformaciones que impactarían en el sistema educativo de su país, el presidente Rafael Correa comenzó con una reforma política: la instauración, tras un referéndum, de la Constitución de 2008, redactada por una Asamblea Constituyente. La Carta Magna de Ecuador considera a la educación como “un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”; señala que “responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos”; y que se “garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna”.

Tras el vertiginoso despliegue del modelo económico que propició la Constitución de 1980 y que redundó, entre otras áreas, en el crecimiento exponencial del sistema de educación superior chileno –de ocho a más de 70 universidades en estas últimas tres décadas y ninguna de las nueva con carácter estatal–, recién en este último tiempo y por causa, mayormente, de las movilizaciones estudiantiles, Chile se ha detenido a pensar que es necesario revisar lo establecido en educación, fiscalizar en profundidad, dar garantías de calidad y gratuidad universal y la promoción de la integración e inclusión social, en todos los niveles educativos.

Un desafío muy parecido al que Ecuador se trazó hace algunos años y en el que ya muestra significativos avances bajo el liderazgo del presidente Rafael Correa, a quien la Universidad de Santiago, ayer miércoles, distinguió con el grado de Doctor Honoris Causa.

El trasfondo de la distinción, que como plantel estatal concedemos, apunta a relevar la magnitud y alcance de la reforma educativa que ha impulsado en pos de la igualdad de oportunidades y que ha transformado a un país cuyo destino estaba marcado por un deficiente sistema educativo.

Las cifras y datos son elocuentes: como primera buena noticia, la educación pública, en su totalidad, es gratuita. Si ponemos el foco en la educación primaria, se ha apostado por una docencia de excelencia, aumentando los estándares de competencias del profesorado, que debe rendir pruebas obligatorias y al que se le valora con aumentos salariales; como, también, por la expansión de infraestructura a lo largo del país para acabar con las escuelas “miseria”.

Para iniciar las transformaciones que impactarían en el sistema educativo de su país, el presidente Rafael Correa comenzó con una reforma política: la instauración, tras un referéndum, de la Constitución de 2008, redactada por una Asamblea Constituyente. La Carta Magna de Ecuador considera a la educación como “un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”; señala que “responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos”; y que se “garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna”.

Pasando directo al ámbito de la Educación Superior, destaca el cierre de catorce universidades privadas en 2012, por deficiente calidad en su funcionamiento; el interés en la investigación y en reclutar profesionales extranjeros con grados de doctor para investigar y enseñar en el país, a través del Programa Prometeo, puesto que sólo el 1% de los profesores ecuatorianos de planteles públicos cuenta con un doctorado (en los privados es un 2%), requisito que se tornará clave para ejercer como profesor titular, por lo que se otorgó un plazo de 7 años, que finaliza el 2017, para que los principales profesores de las universidades y escuelas politécnicas obtengan su PhD.

Respecto del estudiantado, ya en el año 2012, aumentó el ingreso y matrícula de jóvenes en más del 70% en instituciones de Educación Superior, dato relevante considerando que Ecuador es uno de los países latinoamericanos con menor cobertura en este ámbito. Además, ocho mil estudiantes han sido becados para estudiar en el exterior. Se suma a los avances, la creación de cuatro universidades estatales especializadas y la acreditación y recategorización del sistema universitario.

Todo ello y más, ha implicado una inversión histórica en educación, que desde el año 2007 supera los 7 mil 348 millones de dólares, convirtiendo a Ecuador en una de las naciones de la Región que más invierte en este ámbito en consideración a su PIB, el que por mandato constitucional debe, progresivamente, alcanzar un mínimo de seis puntos.

Para iniciar las transformaciones que impactarían en el sistema educativo de su país, el presidente Rafael Correa comenzó con una reforma política: la instauración, tras un referéndum, de la Constitución de 2008, redactada por una Asamblea Constituyente. La Carta Magna de Ecuador considera a la educación como “un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”; señala que “responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos”; y que se “garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna”. Un panorama de gratuidad y rol estatal potente, muy distinto al que consagra nuestra Constitución y que, por cierto, se convertirá en un factor limitante de las transformaciones que la sociedad chilena exige.

El nuevo paradigma ecuatoriano dejó de entender la educación como un bien de consumo, gracias a un Presidente que ha defendido que quien tenga capacidades no puede ser excluido del sistema universitario por no contar con recursos; que ha subrayado que es un deber fundamental para las universidades investigar y aportar en ciencia y tecnología; y que ha distinguido y compensado entre universidades que cumplen con lo anterior y las que solo transmiten conocimientos. Por eso, no es de extrañar que su reforma educativa haya despertado interés mundial y se constituya en un ejemplo al que Chile debiera prestar atención.

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