Opinión
De seguro hoy, incluyendo a estos mismos representantes de esa rancia oposición que hacen llamar como “valórica”, nadie puede decir que la existencia de una Ley de Matrimonio Civil que por fin contempló el Divorcio haya traído la perdición moral de los chilenos y su promulgación (¡recién en 2004!, siendo el último bastión del planeta que legalizaba sus abundantes separaciones de hecho) haya acabado con la institución familiar.
El aborto en Chile se hizo expresamente ilegal en el Código Penal de 1874. En esas fechas esa ilegalidad, por cierto, también estaba presente en códigos penales de casi todo el planeta. Sin embargo, ha pasado la friolera de 140 años y en 2014 Chile, Malta, Nicaragua y El Vaticano son los únicos Estados del mundo en los que el aborto está penalizado en todas sus formas.
Los que se oponen hoy a despenalizar cualquier tipo de aborto no informan que en 1931 ya se despenalizó el aborto terapéutico en todo el territorio, lo que quedó estipulado en el Código Sanitario. Esta despenalización se reforzó con medidas gubernamentales de salud pública tomadas en el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva, en los años 60, como la implementación e incluso promoción por parte del gobierno y del Estado de métodos anticonceptivos, iniciativa pionera en el continente. Para la razón y el sentido común (fundamentos de la ética) resulta de perogrullo, ante el riesgo de vida de una madre, que se estime que el mal menor es un aborto. “En los hechos eso se hace”, oímos decir de políticos que, paradójicamente, con una hipocresía total, se oponen a que esta posibilidad quede estampada en ley.
[cita]Impresiona la regresión de algunos personeros al respecto, siendo que recién escasos meses antes de la asunción del primer gobierno democrático postdictadura (en septiembre de 1989) ésta lo volviera a penalizar, acogiendo el pedido que le hizo el cardenal Jorge Medina al almirante José Toribio Merino. Es decir, en la casi totalidad de los 17 años de la dictadura, cuyo ideólogo institucional fue el ultraconservador fundador de la UDI, Jaime Guzmán, el aborto terapéutico fue absolutamente legal. ¿Por qué ahora, cuando la Presidenta Bachelet anuncia el envío de una ley para volver a despenalizarlo, se rasgan vestiduras tratando de hacer creer a la gente que se trata de un despropósito moral? Resulta incomprensible.[/cita]
Entonces impresiona la regresión de algunos personeros al respecto, siendo que recién escasos meses antes de la asunción del primer gobierno democrático postdictadura (en septiembre de 1989) ésta lo volviera a penalizar, acogiendo el pedido que le hizo el cardenal Jorge Medina al almirante José Toribio Merino. Es decir, en la casi totalidad de los 17 años de la dictadura, cuyo ideólogo institucional fue el ultraconservador fundador de la UDI, Jaime Guzmán, el aborto terapéutico fue absolutamente legal. ¿Por qué ahora, cuando la Presidenta Bachelet anuncia el envío de una ley para volver a despenalizarlo, se rasgan vestiduras tratando de hacer creer a la gente que se trata de un despropósito moral? Resulta incomprensible. Esto habla de una parte poderosa, pero muy minoritaria, de la élite que trata de convencernos de que Chile se quedó anclado en 1874. Un agudo cientista político estadounidense, que a fines de los años 90 hizo una pasantía en Chile, volvió a Estados Unidos y escribió un extenso artículo sobre nuestro país en The New Yorker. Entre otras cosas, nos definió con una frase dura pero magnífica: “Chile es un país de tecnología del siglo XXI donde imperan relaciones sociales del siglo XIX”.
A muchos nos provoca que se nos reconozca así. Porque es claro que no es representativo de la mayoría de los chilenos, que somos mucho menos conservadores e hipócritas de lo que algunos políticos y religiosos predican. No es culpa del autor del artículo, sino de lo que nos trata de hacer creer un puñado de influyentes representantes de la élite más ultramontana.
Hemos vivido, con hastío, numerosos casos similares. De seguro hoy, incluyendo a estos mismos representantes de esa rancia oposición que hacen llamar como “valórica”, nadie puede decir que la existencia de una Ley de Matrimonio Civil que por fin contempló el Divorcio haya traído la perdición moral de los chilenos y su promulgación (¡recién en 2004!, siendo el último bastión del planeta que legalizaba sus abundantes separaciones de hecho) haya acabado con la institución familiar. Pero de ese corte eran las amenazas cuando se envió aquel proyecto (presentado numerosas veces en los años previos, sin éxito) y se tramitó la ley, lideradas por una Iglesia católica oficial que, desde hace un tiempo, muy pocos buenos ejemplos de moral puede dar, pues ha corrido demasiada agua turbia bajo sus puentes.
Cuando se restaure la despenalización del aborto terapéutico –lo que, no me cabe duda, va a ocurrir–, e inclusive se despenalice también la posibilidad del aborto por violación (como plantea el programa del gobierno), el país y nosotros, su gente, seguiremos siendo los mismos, pero institucionalmente seremos menos hipócritas, lo que es de agradecer en una tierra donde los grandes vicios privados se disfrazan con supuestas virtudes públicas.
