Lunes, 26 de septiembre de 2016Actualizado a las 17:35

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¿Estado subsidiario?

El problema, en consecuencia, es que en Chile, en muchos sentidos, no hemos tenido un verdadero Estado subsidiario en materia educativa. Probablemente en esto ha influido que hemos transitado muy rápidamente entre extremos ideológicos: el estatista, que suplanta la iniciativa privada, y cierto liberalismo economicista, que no sale en ayuda de los particulares cuando realmente lo necesitan. Si los primeros confunden el Estado con la sociedad, los segundos reducen esta última al mercado, olvidando que la sociedad no se agota en ninguno de estos instrumentos, que están llamado a servirla y no a coartarla. Todo ello da pie para que el principio de subsidiariedad haya sido no pocas veces “de papel” y que, por tanto, hoy algunos lo responsabilicen de ser el causante de sus endeudamientos.

En una columna reciente, Cristián Villagrán y Daniela López, representando a organizaciones deudoras de créditos de educación superior, denuncian su problema de endeudamiento atribuyéndolo a abusos usureros de la banca. Desde ya, coincidimos en que el Estado debe pronunciarse frente a esta realidad. De hecho, no es imposible pensar que muchos de los excesos que ellos exponen han servido como caldo de cultivo del discurso de los movimientos estudiantiles que, desde el 2006 a la fecha, tiene entre sus principales consignas que el “Estado no es garante del derecho a la educación”.

¿Cuál es la causa de estos abusos? Villagrán y López no dudan en responsabilizar al principio de subsidiariedad que, según su parecer, justifica la usura de los créditos. Además, ellos mencionan una subyacente “lógica de mercado” a este principio, que habría llevado a entender la educación como un “bien de consumo” y no como un “bien público”.

Aunque compartimos que el análisis de López y Villagrán tiene elementos difícilmente cuestionables –hasta hace poco tiempo existían situaciones escandalosas que sencillamente no nos llamaban la atención–, nos parece que adjudicar todos los males al principio de subsidiariedad es al menos complejo.

Ciertamente hoy es difícil hacer una defensa del principio de subsidiariedad, debido a que en algunos círculos intelectuales y políticos de nuestro país se le ha comprendido principalmente como una herramienta eficaz para poner “atajos” a la “intervención estatal”, buscando muchas veces reducir su presencia a una “mínima expresión”. Sin embargo, el principio de subsidiariedad no es sinónimo de Estado “abstencionista” o “ausente” –ya sea en materia educativa o en cualquier otra–.

El problema, en consecuencia, es que en Chile, en muchos sentidos, no hemos tenido un verdadero Estado subsidiario en materia educativa. Probablemente en esto ha influido que hemos transitado muy rápidamente entre extremos ideológicos: el estatista, que suplanta la iniciativa privada, y cierto liberalismo economicista, que no sale en ayuda de los particulares cuando realmente lo necesitan. Si los primeros confunden al Estado con la sociedad, los segundos reducen esta última al mercado, olvidando que la sociedad no se agota en ninguno de estos instrumentos, que están llamado a servirla y no a coartarla. Todo ello da pie para que el principio de subsidiariedad haya sido no pocas veces “de papel” y que, por tanto, hoy algunos lo responsabilicen de ser el causante de sus endeudamientos.

Ya el origen etimológico nos dice bastante: subsidiariedad significa “ayuda”, y eso no es casual. Este principio no se puede entender en el contexto de las teorías filosóficas que piensan que el Estado es un espectador o mero guardián de un “orden espontáneo”. El sentido de la subsidiariedad es, primeramente, cuidar que las iniciativas y agrupaciones sociales sean fortalecidas y orientadas al bien común. Este principio dista, por tanto, de tener una mera dimensión negativa o de abstención. Esta dimensión es la más básica, y debería ser suficiente para evitar los abusos y engaños que detallan los columnistas.

Si entendemos, además, la dimensión “positiva” del principio de subsidiariedad, nos daremos cuenta de que el Estado tiene el deber de generar las condiciones para que la “libre iniciativa de los particulares” no se quede en declaraciones de principios. Por ejemplo, el Estado debe facilitar todos los medios económicos necesarios para que una familia vulnerable, que desea educar a sus hijos en un colegio subvencionado con un proyecto educativo de su preferencia, pueda hacerlo. Se podrá discutir el límite de la subvención, si se concreta en la oferta o en la demanda, o en ambas; pero desde la óptica de este principio, no es discutible el deber que tiene el Estado de garantizar el derecho a la educación cuando los padres no pueden pagar.

El problema, en consecuencia, es que en Chile, en muchos sentidos, no hemos tenido un verdadero Estado subsidiario en materia educativa. Probablemente en esto ha influido que hemos transitado muy rápidamente entre extremos ideológicos: el estatista, que suplanta la iniciativa privada, y cierto liberalismo economicista, que no sale en ayuda de los particulares cuando realmente lo necesitan. Si los primeros confunden el Estado con la sociedad, los segundos reducen esta última al mercado, olvidando que la sociedad no se agota en ninguno de estos instrumentos, que están llamado a servirla y no a coartarla. Todo ello da pie para que el principio de subsidiariedad haya sido no pocas veces “de papel” y que, por tanto, hoy algunos lo responsabilicen de ser el causante de sus endeudamientos.

Estas aclaraciones no son una mera disquisición intelectual. En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, ad portas de una reforma educacional, no podemos seguir sosteniendo un debate basado en premisas que “envían todo a un mismo saco”. Si queremos un diálogo honesto deberíamos reflexionar si realmente queremos un Estado subsidiario de verdad. Incluso Isaiah Berlin estaría de acuerdo con esta reflexión –uno de los representantes más destacados del liberalismo contemporáneo–, quien, pese a ser en general crítico de la presencia del Estado en el ámbito de la libertad humana, señalaba que desechar la intervención estatal frente a personas carentes de ropa, de alimento, enfermas y, en este caso, sin educación, sería ni más ni menos que reírse de su condición.

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