Para los estudiantes y el resto de los actores de la educación, corresponde preguntarnos cuál debe ser nuestra respuesta frente a lo anterior. Una alternativa la encontramos en lo definido en la última reunión del CONFECH: debemos tomar la iniciativa en materia de propuesta educativa, nuestra finalidad debe ser que nuestro aporte a la nueva educación no sea limitarnos a mejorar su reforma (la del gobierno), sino posicionar nuestro propio camino hacia la universidad reformada que queremos, y traer la agenda del debate nuevamente hacia nuestros términos. Nuestra actitud debe ser de ofensiva, marcando diferencias y exigiendo que no se envíen más proyectos si no hay un real debate previo.
Partamos señalando que, a pesar de los esbozos entregados por Bachelet y el Mineduc sobre la reforma universitaria, hasta el momento ninguna señal se ha dado sobre la erradicación del mercado en la educación. Lo central, a nuestro entender, es que el nuevo marco educativo debe lograr que la disputa de la instituciones no sea por recursos, sino por generar un mayor aporte al país, en términos productivos, sociales y culturales. Partiendo de esa base, lo que hasta ahora sabemos es que la reforma que busca impulsar el gobierno se basará en ajustes que regularan el mercado educativo, dejando intacto el carácter subsidiario del Estado en Chile.
Si ya en lo central no estamos de acuerdo, en materia de participación nos distanciamos aún más. Hasta ahora el gobierno se ha limitado a ofrecer reuniones aisladas, primero con los grandes actores educativos, como la Confech y el Cruch, exponiendo parcialmente el contenido de los proyectos de ley que enviará al Congreso; para luego invitar a los colectivos y movimientos estudiantiles por separado, sin aclarar qué se tratara en esas reuniones ni menos presentar antes una propuesta articulada a discutir. De modo que este 21 de mayo, en lugar de presentarnos una reforma integral al sistema educacional en todos sus niveles, o una hoja de ruta para ésta, con etapas de discusión, la Nueva Mayoría ha optado por enviar una serie de paquetes de ley a cuentagotas, sin discusión previa, tratando de controlar los ritmos del debate público y considerando a los actores sociales como agentes reactivos, no propositivos. En contraste, la postura de los estudiantes es que el debate emane de una deliberación democrática, en términos de trasparencia en las posturas, contraposición de argumentos e inclusión de todos los actores involucrados. Nos encontramos, por lo tanto, con una gran diferencia con el quehacer del gobierno.
[cita]Para los estudiantes y el resto de los actores de la educación, corresponde preguntarnos cuál debe ser nuestra respuesta frente a lo anterior. Una alternativa la encontramos en lo definido en la última reunión del Confech: debemos tomar la iniciativa en materia de propuesta educativa, nuestra finalidad debe ser que nuestro aporte a la nueva educación no sea limitarnos a mejorar su reforma (la del gobierno), sino posicionar nuestro propio camino hacia la universidad reformada que queremos, y traer la agenda del debate nuevamente hacia nuestros términos. Nuestra actitud debe ser de ofensiva, marcando diferencias y exigiendo que no se envíen más proyectos si no hay un real debate previo.[/cita]
Para los estudiantes y el resto de los actores de la educación, corresponde preguntarnos cuál debe ser nuestra respuesta frente a lo anterior. Una alternativa la encontramos en lo definido en la última reunión del Confech: debemos tomar la iniciativa en materia de propuesta educativa, nuestra finalidad debe ser que nuestro aporte a la nueva educación no sea limitarnos a mejorar su reforma (la del gobierno), sino posicionar nuestro propio camino hacia la universidad reformada que queremos, y traer la agenda del debate nuevamente hacia nuestros términos. Nuestra actitud debe ser de ofensiva, marcando diferencias y exigiendo que no se envíen más proyectos si no hay un real debate previo.
Para ello, se debe partir recordando varias de las propuestas que ya hemos presentado: nuestra reforma parte de la demanda de gratuidad universal, como una forma de garantizar la educación como un derecho. Busca también cambiar la composición socioeconómica de las instituciones educativas, permitiendo la inclusión de los sectores que hoy están marginados de la educación superior. Requiere aportes basales para permitir no sólo la docencia, sino también la investigación y extensión en cada región del país, lo que implica acabar con el subsidio a la demanda vía “voucher” y las lógicas de autofinanciamiento que entregan a las universidades a los intereses empresariales. Impulsa una agenda de democratización para todas las instituciones educativas más allá de la mera derogación del DFL 2, que permita la representación triestamental en los Consejos Académicos y que incluya a la sociedad civil en la comunidad universitaria, para que ésta sea representada de forma íntegra en el proyecto educativo, y no de acuerdo a su peso económico. Creemos además que todo esto debe partir por el fortalecimiento de la educación estatal, quitando las trabas al aumento de su matrícula, permitiéndole mejorar su infraestructura, erradicando los nichos de mercado que se dan por medio de fundaciones anexas o la subcontratación. Nuestra reforma, finalmente, no sólo se debe hacer cargo del futuro, sino de los estragos que ha causado la educación de mercado, debe por lo tanto lograr la condonación de la deuda heredada por las decisiones de la Concertación y que hoy afectan a miles de familias estafadas y asfixiadas por los créditos CORFO y CAE.
Para lograr esto, debemos hacernos cargo de la gran responsabilidad que como estudiantes tenemos sobre nuestros hombros. Hoy, no sólo hemos logrado socializar la discusión política, de la cual los actores sociales fueron marginados por varias décadas, sino que podemos incidir sobre qué carácter debe tener el Estado de Chile, sobre lo que entendemos por un derecho social y la forma en que este debe ser ejercido. Esta es la oportunidad de que las mayorías se hagan parte de la deliberación sobre el devenir de nuestra vida colectiva, demostrando que la forma legítima de construir política pública en Chile es con participación resolutiva de quienes ejercen nuevas formas de democracia sustantiva; se trata de demostrar, con nuestra pelea, que la movilización es una herramienta válida y efectiva, cuya condición necesaria es la organización para la lucha, pues sólo ella nos entrega victorias; es, por sobre todo, el desafío de que nuestra lucha permita afirmar que la irrupción del activo social en la política no es ya una excepción, sino la nueva normalidad de un Chile resuelto a definir colectivamente su destino. A pesar de las rimbombantes amenazas del poder.
En nuestras manos está que la educación sea el primero de los derechos que nuestro pueblo reconquiste.
