El único problema parece estar en que las opiniones de los niños deben ser tomadas con prudencia desde donde provienen. Y si se trata de la las opiniones de los adultos a su cargo, entonces que hagan explícito que están valiéndose de los niños para amplificarlas.
Siguen los coletazos del anuncio bacheletista de auspiciar la despenalización del aborto terapéutico y otras situaciones excepcionales de interrupción del embarazo no deseado. Esta semana varios cientos de personas se manifestaron contra la idea frente a La Moneda. Se autodenominan “pro-vida” porque consideran que el embrión o feto es un ser humano que no puede ser desechado bajo ninguna circunstancia. Lo que llamó la atención de muchos es que el contingente de entusiastas manifestantes provenía –indudablemente- del sector alto de la capital. Santiago es una ciudad tan segregada socialmente que no fue difícil identificarlos. Por lo demás, la mayoría eran colegiales que usaban los emblemas de colegios particulares de orientación religiosa. Un funcionario de gobierno escribió en las redes sociales: “niños rubios de hoy en la Plaza de la Constitución me recordaron a los niños de Villa Baviera, sin experiencia, ciegos… autómatas utilizados por otros con discursos y banderas”. Aunque luego se disculpó, el comentario bastó para encender la polémica. La UDI llegó a amenazar con acciones legales.
Es pertinente hacer una distinción entre dos asuntos. El primero es el derecho a la libertad de expresión que las sociedades civilizadas le aseguran a todas las personas sin importar el barrio o el color del pelo. En efecto, los colegiales en comento pueden pensar como estimen conveniente frente al espinudo tema del aborto y también pueden usar pacíficamente el espacio público para tratar de convencer a otros –y a la autoridad- de la fortaleza de sus argumentos.
El segundo asunto tiene aristas más complejas: ¿fueron los niños y adolescentes “utilizados” como denunció el tweet de la discordia? Al menos podemos acordar que muchos de ellos fueron “acarreados” en el sentido común del término. Esto no quiere decir que fueron obligados. Sencillamente quiere decir que su participación fue facilitada a través de una serie de procedimientos e incentivos que sus propios establecimientos organizaron (permiso de los padres, suspensión de clases, buses de ida y vuelta, etcétera).
Lo anterior no deslegitima la sinceridad de sus convicciones. Pero abre una discusión más profunda: ¿tiene un adolescente de 12, 13 o 14 años el criterio suficiente para ejercer su ciudadanía en temas que afectan dramáticamente los derechos de terceros? No es un misterio que los niños tienden a pensar igual que sus padres hasta que adquieren plena consciencia de su autonomía moral. El problema, por tanto, no está en el color de pelo de los manifestantes ni en las insignias de sus colegios. El único problema parece estar en que las opiniones de los niños deben ser tomadas con prudencia desde donde provienen. Y si se trata de la las opiniones de los adultos a su cargo, entonces que hagan explícito que están valiéndose de los niños para amplificarlas.
