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Auditoría a la democracia: ajustar las normas e instituciones a los nuevos tiempos

Marcela Ríos Tobar
Por : Marcela Ríos Tobar Socióloga, politóloga, ex ministra de Justicia.
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No es de extrañar, entonces, que mientras el 67% de los chilenos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sólo el 41% diga estar satisfecho con la forma en que ésta funciona. Tendencia similar respecto a los niveles de confianza ciudadana en el Congreso y los partidos políticos, que han experimentado la segunda y la cuarta baja más drásticas en la región desde mediados de los 90.


Chile ha logrado construir un régimen democrático estable y con altos niveles de eficacia gubernamental, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Y así lo evidencia el informe del PNUD Auditoría a la Democracia.

Pero éste también muestra que una visión de conjunto a las tres dimensiones que sustentan un régimen democrático (representación y participación, Estado y gobernabilidad, y derechos de ciudadanía) arroja avances dispares y debilidades.

A diferencia de los logros en la gestión pública, en el ámbito de la regulación de la política, los cambios durante las últimas dos décadas han sido escasos, constatándose fuertes bloqueos a la innovación. Además, si bien se ha producido una expansión de derechos en lo formal, se mantienen desigualdades estructurales en su ejercicio para importantes sectores de la sociedad, lo que redunda en una experiencia desigual de la democracia y los beneficios que ésta ofrece.

[cita]No es de extrañar, entonces, que mientras el 67% de los chilenos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sólo el 41% diga estar satisfecho con la forma en que ésta funciona. Tendencia similar respecto a los niveles de confianza ciudadana en el Congreso y los partidos políticos, que han experimentado la segunda y la cuarta baja más drásticas en la región desde mediados de los 90.[/cita]

No es de extrañar, entonces, que mientras el 67% de los chilenos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sólo el 41% diga estar satisfecho con la forma en que ésta funciona. Tendencia similar respecto a los niveles de confianza ciudadana en el Congreso y los partidos políticos, que han experimentado la segunda y la cuarta baja más drásticas en la región desde mediados de los 90.

Las señales de alerta se evidencian también en el comportamiento de los ciudadanos. El porcentaje de votantes ha disminuido en 35% desde 1990, siendo Chile el país con la mayor caída en las Américas y una de las dos más altas en los países de la OCDE. Esto contrasta con otros países donde los votantes se han mantenido estables o incluso han aumentado.

Esta desafección con la política en un contexto de estabilidad y creciente bienestar, no puede ser reducida sólo al ámbito de las percepciones ciudadanas, ni atribuida a una tendencia mundial. Esta paradoja debe ser mirada de manera integral, considerando la propia estructura institucional, las prácticas de los actores políticos y, por cierto, las expectativas de las personas. La insatisfacción que expresan hoy los ciudadanos tiene raíces normativas e institucionales reales.

Un ejemplo de ello es el sistema binominal que hoy se busca sustituir, que ha tenido un efecto en la representación al excluir a sectores relevantes del país, produciendo bajos niveles de competencia y aumentando las barreras de entrada para grupos tradicionalmente marginados. Este sistema ha permitido que los partidos tradicionales sigan ganando casi el 100% de los escaños en el Congreso, aun cuando la cantidad de votos obtenidos por ellos en función de la población en edad de votar ha disminuido de un 80% a un 46%.

Por otro lado, los debates y movilizaciones de los últimos años han puesto de manifiesto una sociedad más crítica, que cuestiona no sólo los resultados sino también la forma y el proceso por medio del cual se toman las decisiones públicas.

El desafío es entonces ajustar las normas e instituciones a los nuevos tiempos, a través de procesos transparentes y participativos. Sólo así se podrá dotar de legitimidad a la construcción de más y mejor democracia para un Chile inclusivo.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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