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Reforma Educacional: ¿Logrará refundar el sistema educativo?

por 5 junio 2014

Desde el gobierno de la Nueva Mayoría se ha declarado que los proyectos de ley sobre Reforma Educacional que se están impulsando conllevan una transformación profunda del sistema educativo y que con ello se busca cambiar el modelo impuesto en la década de los ochenta. Sin embargo, es preciso preguntarse: ¿Qué ocurrió entonces durante los veinte años de la Concertación? Al parecer, en ese período se implementaron modificaciones importantes que cambiaron el rostro de la educación, pero no atacaron la estructura misma del sistema.

Desde distintos sectores políticos se escucha decir “que la Concertación administró el modelo educacional instaurado por la dictadura militar, que le dio continuidad al mismo y que no tuvo la voluntad política para realizar los cambios que se requerían”. Por otra parte, cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera se dijo “que durante los veinte años de la Concertación no se había hecho nada en este sector”.

Me parece que lo que ha sucedido no da cuenta exactamente de lo uno ni de lo otro. La Concertación recibió un modelo (mercado de la educación) y un mandato (la LOCE). Respecto del primero, efectivamente la Concertación dio continuidad a dicho modelo. Durante veinte años no se logró disminuir la brecha social, se continuó con el lucro en la educación básica y media y también en la educación superior (pese a que en este nivel está prohibido por ley), se gestó el sistema de copago y se aumentaron las pruebas estandarizadas, enfatizándose el logro de mayores puntajes por sobre una formación más integral de alumnos y alumnas. También durante ese período disminuyeron las escuelas municipales y se incrementó el número de escuelas particular subvencionadas. Desde estos hechos es posible afirmar que efectivamente se profundizó un tipo de educación basado en el modelo de mercado.

Sin embargo, para equilibrar la balanza, se puede decir también que durante esta etapa se dio lugar a la elaboración del marco curricular para la educación parvularia, básica y media (objetivos fundamentales y contenidos mínimos y objetivos de transversalidad) y sus respectivos programas de estudio, estableciéndose nuevos roles al docente, alumnos y escuelas, además de actualizarse los contenidos conforme a los avances sociales y científicos.

También junto con ello, se diseñaron los Programas de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (Mece Rural, Mece Básica y Mece Sup). Se inyectaron recursos orientados a mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales; a elevar los aprendizajes de niños y niñas más vulnerables (P-900); y a capacitar a los docentes (PPF). Se creó la Jornada Escolar Completa, ofreciendo tiempos y espacios adicionales para la ampliación de las actividades cognitivas y recreativas. Se abrieron postulaciones a becas de profesores para realizar estadías en el extranjero, con el objeto de conocer y aprender de otras experiencias educativas. Asimismo, los establecimientos elaboraron su propio proyecto educativo (PEI) y se dieron a la tarea de diseñar y ejecutar proyectos de mejoramiento (PME). Se gestaron programas de apoyo a liceos (Proyecto Montegrande) y a las escuelas críticas o prioritarias.

También se creó el Programa de Formación Inicial Docente (FID), que entregó recursos a 17 instituciones formadoras de docentes para que modificaran su currículum, sus prácticas pedagógicas y promoviera el perfeccionamiento de sus académicos, mediante becas que condujeron a la realización de estudios de magíster y doctorado. Se elaboró el estatuto docente para dignificar el trabajo de los profesores y otorgarles mejores condiciones laborales; se diseñó el Marco para la Buena Enseñanza y el Marco para la Buena Dirección, cuyo propósito era orientar el desempeño de docentes y directivos.

En fin, son innumerables las acciones realizadas, por lo que no es posible mencionarlas todas. Pero en suma, se trató de elevar el piso en el que había quedado la educación después del gobierno militar. Desde este punto de vista, el esfuerzo fue enorme, lo que se expresó en la calidad de los profesionales que se abocaron a elaborar propuestas y a retroalimentarlas, así como también en la asignación de importantes recursos financieros para implementar dichos cambios. Durante este período fue emergiendo una nueva mirada en alumnos/as y docentes, más cuestionadora, más crítica y con crecientes expectativas de avanzar en los cambios requeridos.

No es propósito de este artículo evaluar cada una de estas actividades, muchas de las cuales impactaron en el mejoramiento del trabajo escolar, pero también hubo otras que no tuvieron continuidad dentro del mismo período, las cuales representaron medidas relevantes, pero con plazos breves. Sin duda, faltó mucho por hacer y dentro de estas falencias un aspecto destacable fue la escasa participación del magisterio, quienes estaban impelidos a efectuar los cambios, pero no estuvieron presentes en su diseño. Si bien, se reconoce que hubo apertura para realizar consultas a los profesores, especialmente sobre los cambios curriculares, ellas no tuvieron la magnitud esperada; por otra parte, se organizaron mesas de trabajo entre el Mineduc y el Colegio de Profesores, lo que permitió acordar algunos programas y documentos, pero esto no se configuró en una dinámica constante en el tiempo. En definitiva, fue una época de mejoramientos y reformas, pero sin el propósito de producir cambios sustanciales en la estructura del sistema educativo. Tal vez, no existían las condiciones para ello, tal vez no era el momento histórico para realizarlos, quizá porque había distintas visiones que no lograron ponerse de acuerdo.

Hoy nos enfrentamos a un cambio de ciclo, en que impulsados por los jóvenes secundarios y universitarios, estamos obligados a realizar profundas transformaciones si queremos que nuestra sociedad alcance su verdadero desarrollo. La desigualdad, la segregación y las escasas oportunidades que se brinda a un número importante de niños/as y jóvenes, que ven frustradas sus posibilidades de insertarse en el mundo actual, no son dignas de la sociedad del siglo XXI y constituye un latente signo de explosión social.

Desde mi perspectiva, los proyectos de ley que están en el Congreso y los que se presentarán en los próximos años deben apuntar a superar el déficit que tenemos en materia de una educación más participativa, más equitativa, de calidad, colaborativa y que apunte a la formación de seres humanos dignos, que puedan cumplir sus expectativas y proyectos de vida. Ello implica cambiar el modelo subsidiario heredado, fortalecer la educación pública y apoyar a los docentes en el aula. Asimismo, es esencial no quedarse en la defensa de intereses pequeños y corporativos, sino que abrirse a un debate que tenga como horizonte una sociedad más justa y que reconozca los derechos de todos y todas a una vida mejor. Sólo de esta manera se podrá refundar el sistema educativo actual.

(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl

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