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Veinticuatro años abortando chilenos y hoy nos vienen a hablar de la vida

por 6 junio 2014

Veinticuatro años abortando chilenos y hoy nos vienen a hablar de la vida
Lo que olvidan “estos defensores de la vida”, es que ellos hace siglos vienen abortando generaciones de hombres y mujeres, que han muerto de hambre o esperando atención en los hospitales públicos; que han muerto por pensiones injustas e indignas, por contaminación de las aguas, por la depredación de la naturaleza; o asesinados por luchar por una vida digna.

En su discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet ocupó parte de su alocución para pronunciarse respecto al aborto, refiriéndose a la posibilidad de generar un debate en torno a este tema, pero adelantando que el proyecto que se presentaría al Parlamento sólo abarcaría casos de violaciones, cuando la vida de la madre está en riesgo o  por inviabilidad del feto. Esto en concreto es un paso básico para una sociedad que se mira con los países desarrollados, pero que actúa como si estuviera en una discusión del siglo XIX. Todos sabemos que esto es un mínimo, es un principio lógico, pero aún deficiente y primario si de verdad queremos entender cuál es el comportamiento de nuestra sociedad hoy. La discusión y la propuesta presentada por la Presidenta Michelle Bachelet sólo ratifica que las elites gobernantes no entienden el país en el que hoy habitan.

La ciudadanía, hoy, se siente madura, en su mayoría de edad, pero la clase política, la Iglesia y sus tributarios actúan como si estuviésemos en una época arcaica.

Me pregunto, ¿de verdad saben lo que es un aborto? ¿Sus consecuencias? ¿El por qué se llega a tal decisión?

“He practicado el aborto, he tomado esa decisión, he tenido que tomar esa decisión, he asumido cada uno de sus costos. También me he cuestionado qué calidad de ser humano soy, cargo día a día con el peso de haberlo hecho”.

Este podría ser el relato común de miles de mujeres que han practicado el aborto.

Las mujeres que han practicado aborto no son –por el hecho de haberlo realizado– mujeres drogadictas, o irresponsables con su vida sexual; tampoco mujeres sin sentido maternal o que no valoran la vida de lo que sería su posible hijo. Las mujeres que abortan con toda seguridad son mujeres comunes y corrientes, trabajadoras, madres, hijas; mujeres que cargan con miles de responsabilidades como tantas otras, o como cualquier mujer de nuestra sociedad y por algún motivo o razón deben tomar tan difícil decisión. Hay muchas mujeres que siendo madres y entendiendo ese significado deciden abortar. Abortar no significa falta de amor, son mujeres que también aman a sus hijos, y que al momento de abortar también piensan en ellos.

Cada legislación que se apruebe en nuestro país debería ir en torno al respeto a la vida del que está por nacer y por el que vive, sin embargo, en el grueso de la legislación no hay respeto por la vida. Porque si así fuese, la preocupación de los honorables diputados y senadores que hoy se acreditan el cartel de defensores de la vida, se vería reflejado en la aprobación de leyes y reformas que vayan en beneficio de quienes hoy están más desprotegidos. Estos “defensores de la vida”, ¿estarían hoy aprobando una ley de vivienda digna para nuestros pobladores, estarían señalando el fin de la AFP, estarían pidiendo a gritos y marchando en contra de las Isapres? ¿Correrían a cerrar las celulosas que contaminan el agua de ríos y lagos o aplaudirían de pie el cierre de Barrick Gold?

Cuando una mujer sola o una pareja deciden abortar en una sociedad como esta, no sólo es una decisión que arrastrarán para el resto de sus vidas. Nuestro país se ha consolidado como el país de las culpas, sobre todo entre las mujeres. Las madres cargan con la culpa de abandonar a sus hijos por trabajar y no criarlos, cargan con la culpa de comer, de sentir, incluso de la felicidad. Hemos construido una sociedad triste, culposa, machista, porque vivimos en una sociedad que constantemente nos juzga por cada paso que damos.

Entonces, ¿cuál es el rol de la institucionalidad pública en el desarrollo de una sociedad sana, capaz de asumir su déficit?

La relación entre el aborto y la vida es una que se liga directamente con ser padres, construcción de futuro, la realidad inmediata, la inseguridad de la vida actual. Sería irresponsable pretender encasillarla entre el placer, el sexo y el descontrol, como se ha pretendido encerrar el debate. Hoy la práctica abortiva implica, en los países donde se mantiene ilegal, además del dolor físico –tal como en los países en que está legalizado–, el riesgo de la vida de aquella mujer que ha decidido hacerlo, porque ya no es el temor de si serás buena o mala madre, si podrás darle el mejor futuro o si podrás amamantarlo; es miedo a la muerte, a que todo salga mal, a que el mundo se entere de tan siniestro acto que llevaste a cabo, a la culpa, al haberte desprendido del que sería el mayor pilar de tu vida.

Pero el Estado, el Parlamento, los dueños de las grandes trasnacionales, la iglesia, la moral, no te dejan una alternativa.

Entonces, aquí está el debate, este es el momento de saber quiénes están a favor de la familia independientemente de sus formas, quiénes entienden la vida no exclusivamente como el arte mágico de fecundar, sino como un signo de dignidad de la vida de hombres y mujeres que son parte de esta tierra.

Actualmente, la vida en Chile, de los trabajadores mineros, los trabajadores de la construcción, las temporeras, se desarrollan en constante riesgo, sus existencias, nuestras existencias se debaten a cada momento entre la vida y la muerte, pero no por el aborto de mujeres, sino porque se ha permitido en este país arrasar con cada espacio de vida. Porque hemos puesto en el centro del propósito como sociedad, es decir, el fin de la sociedad como organización político-económica, la generación de riqueza, la acumulación de riqueza, en definitiva una sociedad de bienes y servicios, y a los ciudadanos (hombres y mujeres de todas las edades, etnias, religión,  opción sexual, etc.) como el medio o herramienta para el proceso de generación y acumulación de riqueza. Definitivamente hemos trastrocado los valores de la vida y el respeto de una vida digna.

¿Cuántos hombre y mujeres de diferentes edades han muerto o han contraído enfermedades mortales por la contaminación de las grandes industrias, por asbesto, por contaminación de plomo, mercurio, porque las condiciones laborales no garantizan la vida y el Estado ha permitido que las grandes compañías tomen como herramientas de trabajo a chilenos y chilenas sin ningún respeto por la vida de éstos y de sus familias?

Hay miles de ejemplos al respecto, ¿quiénes se cuestionaron el respeto a vida cuando cayó el edificio en Concepción tras el terremoto del 2010? ¿Se han cuestionado el respeto a la vida de los miles de niños vulnerados día a día en el Sename?

Cada legislación que se apruebe en nuestro país debería ir en torno al respeto a la vida del que está por nacer y por el que vive, sin embargo, en el grueso de la legislación no hay respeto por la vida. Porque si así fuese, la preocupación de los honorables diputados y senadores que hoy se acreditan el cartel de defensores de la vida, se vería reflejado en la aprobación de leyes y reformas que vayan en beneficio de quienes hoy están más desprotegidos.

Estos “defensores de la vida”, ¿estarían hoy aprobando una ley de vivienda digna para nuestros pobladores, estarían señalando el fin de la AFP, estarían pidiendo a gritos y marchando en contra de las Isapres? ¿Correrían a cerrar las celulosas que contaminan el agua de ríos y lagos o aplaudirían de pie el cierre de Barrick Gold?

El gobierno, la Iglesia, los Parlamentarios que hoy hablan de defender la vida, si fuese así, no estarían aprobando leyes que permitan el secado de los ríos de Chile por la plantación indiscriminada de eucaliptos. Nuestros ancianos no morirían en el pasillo de un hospital esperando atención médica. No existirían las termoeléctricas en Coronel, no se habría contaminado el río Cruces, y así podríamos seguir escribiendo páginas y páginas del tipo de sociedad que estos defensores de la vida nos están entregando.

Despenalizar el aborto en las causales señaladas por la Presidenta, no solo es de sentido común, también es de mínima justicia dejar de castigar a mujeres expuestas a circunstancias inhumanas como embarazo por violación,  riesgo vital de la madre o estar en gestación de un feto cuyo destino seguro es la muerte.

Pero Chile no sólo está en condiciones sociales, de salud pública, judiciales y democráticas para avanzar en la despenalización, también existen las condiciones sociales para avanzar en la legalización del aborto. Negarse hoy a la despenalización del aborto sólo responde a una institucionalidad política despótica que obliga a poner en riesgo la vida innecesariamente o someter a una situación de "tortura" a una mujer por el solo el hecho de estar sujeta a una institucionalidad que aún se mantiene religiosamente apegada a una creencia de índole "privada".

La negación de legalizar además significa el sometimiento de los asuntos públicos seculares a criterios religiosos, tal como hace hasta casi 100 años, cuando el Estado chileno se sometía a las normas de la Iglesia católica.

El Estado chileno hoy es laico, su propósito es velar por la vida, justicia, libertad, igualdad y dignidad de sus ciudadanos primeramente y no velar por los criterios y valores de una institución privada.

Sin embargo, la forma en que se ha dado el debate, el lugar donde se hace (Parlamento) y quienes concurren a ese espacio de debate, nos demuestran que la discusión del proyecto de despenalización del aborto es un problema que no se resuelve desde lo público, son determinantes los intereses privados de quienes hoy representan la institucionalidad política, tal como en el tema de educación, salud, trabajo, pensiones, etc.

Lo que olvidan “estos defensores de la vida”, es que ellos hace siglos vienen abortando generaciones de hombres y mujeres, que han muerto de hambre o esperando atención en los hospitales públicos; que han muerto por pensiones injustas e indignas, por contaminación de las aguas, por la depredación de la naturaleza; o asesinados por luchar por una vida digna.

Hoy quienes gobiernan en esta “democracia robusta” son los privados, la Iglesia y una clase política que responde a sus intereses, no son los ciudadanos que sólo tienen el derecho a guardar silencio, siempre sometidos a sus normas y creencias.

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