Si queda algo de ética en la política chilena, el Estado, las instituciones financieras y las Instituciones de Educación correspondientes identificarán y responderán por el daño causado, por su negligencia y/colusión y se le devolverá su dignidad a quienes el sistema les ha “visto la cara”. Si Chile es un país tan solidario como para ayudar a los damnificados del terremoto de Iquique y el incendio de Valparaíso, es esperable que también lo sea para ayudar a los damnificados de la educación y condonar definitivamente su deuda ilegítima.
Las demandas que ha levantado el movimiento estudiantil son de una profunda vocación transformadora y, por tanto, apuntan hacia el futuro, un horizonte anhelado por y para la sociedad en su conjunto. En ese sentido, los términos en que se ha dado el debate público han sido respecto a las características que debiese tener este nuevo sistema educacional, estando siempre presente la perspectiva de un eventual entendimiento entre el gobierno y el movimiento estudiantil y no podría ser de otro modo habiendo tanto que cambiar.
Sin embargo este modo de dar el debate ha invisibilizado la situación de un grupo importante de estudiantes y sus familias, que han sido víctimas durante tantos años de las consecuencias nefastas del modelo educacional de mercado. Nos referimos a los estafados/endeudados del sistema educacional, que en su mayoría se componen por deudores de Crédito con Aval del Estado (CAE), Crédito CORFO, Fondo Solidario (FS), Crédito interno que entregaban Ues, CFTs e IPs y Créditos de Consumo Educacional (CC), quienes al ser de aquella clase trabajadora que no recibe una sola prestación del Estado y debido a la necesidad de financiamiento que tenían sus familias para solventar las matrículas y aranceles de Universidades, IPs y CFTs que, como ya todos sabemos, el Estado chileno entrego a las lógicas lucrativas del mercado, así de esta forma los esclavizó a instituciones financieras por 10, 15 o 20 años.
[cita]Si queda algo de ética en la política chilena, el Estado, las instituciones financieras y las Instituciones de Educación correspondientes identificarán y responderán por el daño causado, por su negligencia y/colusión y se le devolverá su dignidad a quienes el sistema les ha “visto la cara”. Si Chile es un país tan solidario como para ayudar a los damnificados del terremoto de Iquique y el incendio de Valparaíso, es esperable que también lo sea para ayudar a los damnificados de la educación y condonar definitivamente su deuda ilegítima. [/cita]
Actualmente las familias estafadas/endeudadas por el crédito Corfo suman más de 106 mil, las del Crédito con Aval del Estado aportan con 500 mil, los que mantienen deudas con la banca por créditos privados para Educación son 76 mil, estos números suman y siguen en los otros créditos estudiantiles. El Gobierno de Michelle Bachellet anunció, en su Mensaje del 21 de mayo ante el Congreso, estudiar mediante una comisión de “expertos” una propuesta para los Estafados por el Crédito Corfo, la idea matriz en este tipo de soluciones sería subsidiar a la banca, manteniéndose el dogma neoliberal asumido por la Concertación (hoy Nueva Mayoría), tremendo negocio con el pretexto de morigerar el endeudamiento de las familias que utilizaron estos créditos para financiar su educación. Pero para nosotros la discusión es otra y va de la mano con entender que la educación es un derecho, por lo tanto, la solución que se entregue, con la incidencia fundamental de quienes viven en carne propia estas contradicciones del sistema, sería, en primer lugar, erradicando a la banca de la intermediación de estos créditos, pasando estos a control estatal, para luego, en segundo lugar, condonar la deuda ya que esta se encuentra pagada, liberando a todas estas familias de estos ilegítimos, abusivos e ilegales créditos.
Cada vez que una institución de educación quiebra y cierra, cada vez que se descubre que una carrera es simplemente un invento para ganar dinero, cada vez que se descubre que una universidad compró su acreditación, significa que miles de estudiantes pierden sus esperanzas de ser profesionales. Esto es ya conocido por muchos, el objetivo de relevarlo no tiene un fin retórico, sino enunciar que existe un problema social real, a estos jóvenes chilenos y sus familias se les ha hecho un daño, material y simbólico, que no fue accidental y, a pesar de ello, nadie se ha hecho responsable, nadie ha respondido por el daño causado a estos ciudadanos y hoy están desamparados, debiendo empezar de nuevo.
Lo anterior entraña una estafa y una mentira. Estafa: porque esto fue orquestado deliberadamente por instituciones educacionales tipo empresa, que pensaron sólo en lucrar a costa de los chilenos y chilenas, y Mentira, porque el sistema político le prometió a la ciudadanía que el modelo de mercado generaría bienestar, siendo validado por el Estado, gracias a funcionarios públicos corruptos, a la negligencia y la falta de fiscalización. Lo más triste es que, además, está lógica no se da en las Universidades Tradicionales y las llamadas “Universidades cota mil” donde se educa la elite chilena, sino que el daño realizado se concentra justamente en los estudiantes y familias más pobres del país, jugando con las esperanzas de la gente que más necesita, desea y se esfuerza por una educación para ganarse la vida honestamente.
Si queda algo de ética en la política chilena, el Estado, las instituciones financieras y las Instituciones de Educación correspondientes identificarán y responderán por el daño causado, por su negligencia y/colusión y se le devolverá su dignidad a quienes el sistema les ha “visto la cara”. Si Chile es un país tan solidario como para ayudar a los damnificados del terremoto de Iquique y el incendio de Valparaíso, es esperable que también lo sea para ayudar a los damnificados de la educación y condonar definitivamente su deuda ilegítima.
