Liceos emblemáticos… ¿No sería mejor privatizarlos?

La acepción “emblema” es definida por la Real Academia como ”significativo o representativo”, en el caso chileno se la ha usado para identificar a establecimientos antiguos que logran buenos resultados escolares, utilizando algunos de ellos mecanismos de privatización encubierta (selección de estudiantes, preuniversitario, cursos piloto, exigencias de calificaciones para permanecer como estudiante), como también disponen de privilegios en materia de infraestructura y localización que otros centros púbicos parecieran no disponer.

En Chile, cuatro décadas atrás, había Liceos Públicos de buena calidad. Por entonces hubiese sido insólito hablar de “emblemáticos” o diferenciar la oferta del Estado por la calidad. Prácticamente muy pocos lo argumentarían, pues si bien la cobertura del sistema público estaba lejos de ser universal, era el baremo de calidad contra el cual los establecimientos privados se medían.

Debemos al brutal proceso de privatización de estas décadas la pauperización de la educación pública, y en este marco el uso de la jerga “emblemático”, como si este concepto fuese efectivamente la representación de la esencia del servicio educativo público de calidad. Pero pareciera que en estos años ha representado más bien ciertos privilegios que ha disfrutado un grupo minoritario de estudiantes del sector público.

[cita]El gran triunfo del pensamiento neoliberal es haber validado la idea de que la meritocracia no está relacionada con las oportunidades educativas. Entonces, qué mejor que los estudiantes públicos sean quienes defiendan el paradigma de la meritocracia, sin comprender –pareciera– su origen. Es preocupante que esta “casta pública” se sienta con más derechos que sus iguales para gozar de privilegios, sin argumentos que lo justifiquen, ni por condición de vulnerabilidad, ni de equidad social, ni de esfuerzo, pues la “cancha está desnivelada” a su favor.[/cita]

Los liceos emblemáticos son la evidencia palpable de la desigualdad territorial de las oportunidades educativas en Chile. Algo que el Estado por principio no debiese seguir fomentando: los “emblemáticos” están situados en las comunas de mejor infraestructura pública: Santiago, Providencia, algo en Ñuñoa (excluimos a Vitacura y Las Condes), y un segundo grupo de liceos, a distancia de estos, en las capitales regionales del país.

La justificación de su existencia como entes públicos con estas características legitima el paradigma clasista tan bien defendido bajo la argucia de “libertad de enseñanza” por el neoliberalismo; bajo una expresión profana, “es que algunos quieren ir más rápido que otros”.

¿Quiénes quieren ir más rápido? ¿Sabemos quiénes son? ¿Hay oferta pública de calidad equivalente en todos los territorios para que la población que quiere “ir más rápido” pueda hacerlo sin incurrir en costos adicionales significativos? Por cierto que no, la oferta es consistentemente con la escala de desigualdad territorial del país, gravando contrariamente a la población más pobre.

¿La mayor parte de la población escolar “emblemática”, es la que necesita más apoyo del Estado para salir adelante? Pareciera que no. Estas familias –salvo excepciones– tienen recursos para superar algunos problemas de acceso, por ende, no serían los más pobres entre aquellos que quieren “ir más rápido”. Pues los más pobres que “quieren ir más rápido” suelen no tener recursos para desplazarse a otras ciudades y/o alimentarse y alojarse. A este último grupo la sociedad chilena les dice esperen (no sabemos hasta cuándo) o bien les señala “vayan a ofertas de segunda selección”. Es decir, el Estado los segrega, no los incluye. No tiene una oferta para todos los que quieren ir más rápido que esté localizada razonablemente próxima a su lugar de residencia.

También hay una buena parte de estudiantes de liceos de segunda o tercera selección que no han tenido la oportunidad de saber si quieren y/o pueden ir más rápido, porque la oferta educativa que se les ha provisto es de menor calidad. Entonces, además el Estado los ha castigado por una situación de la que ellos no son responsables: una, al no entregarles educación de alta calidad, y dos, al no proveerles ahora de una “enseñanza tipo emblemática”.

Si el argumento que justifica “lo emblemático” fuese “ir más rápido”, éste debiese ser corregido por un criterio de afirmación positiva, para que fuesen seleccionados para integrarse a los establecimientos emblemáticos aquellos que si quieren ir más rápido y que, de no mediar apoyo del Estado, sería imposible conseguirlo. Es decir, sin mediar el Estado, dicha población no tendrá acceso a la educación de calidad que necesitan imprescindiblemente para romper el círculo de la pobreza.

Los datos sobre composición social del alumnado de Enseñanza Media dan buenas pistas acerca de que muchas de esas familias pueden financiar alternativas privadas de educación, y que quienes se trasladan de comunas a estudiar son los menos pobres, algo muy relevante, pues la mayor parte del estudiantado “emblemático” no reside en la comuna en que estudia (Donoso y Arias, Rev. EURE nº 116, 2013).

En razón de lo expuesto, el Estado no estaría cumpliendo debidamente su función en el campo de igualar efectivamente la cancha. Por lo mismo, la primera preocupación de la reforma no puede ser este estudiantado que, finalmente, pertenece a una elite privilegiada, sin que se funde en argumentos socialmente aceptables que sustenten estos privilegios. Una provisión diferenciada de afirmación positiva para quienes tienen más recursos y oportunidades que muchos otros estudiantes, fomenta la inequidad.

Pareciera parapetarse bajo la argumentación meritocrática la necesidad de que exista una “casta social pública en educación”, a la usanza napoleónica, en desmedro de los guetos educativos y sociales que se han generado en el país.

Sostener la meritocracia como razón suficiente para la existencia de “liceos emblemáticos”, desprovista del contexto de las trayectorias educativas de los estudiantes, es lo que se confunde con esfuerzo, lo que por cierto no es lo mismo. En muchos casos, son más o mejores oportunidades las que explican los resultados, a veces bien aprovechadas y otras veces provistas incansablemente hasta que el estudiante lo logra. Eso es lo que suele confundirse con mérito. De allí el bajo valor agregado que tiene el aporte del establecimiento escolar en los logros escolares y, por lo mismo, la alta dependencia socioeconómica de los resultados, incluyendo los liceos emblemáticos, lo que confirma que son una población socioeconómica más alta que la de los otros liceos.

El gran triunfo del pensamiento neoliberal es haber validado la idea de que la meritocracia no está relacionada con las oportunidades educativas. Entonces, qué mejor que los estudiantes públicos sean quienes defiendan el paradigma de la meritocracia, sin comprender –pareciera– su origen. Es preocupante que esta “casta pública” se sienta con más derechos que sus iguales para gozar de privilegios, sin argumentos que lo justifiquen, ni por condición de vulnerabilidad, ni de equidad social, ni de esfuerzo, pues la “cancha está desnivelada” a su favor.

Lo interesante es que, para reafirmar esta política discriminatoria del sector público, se señala que no puede haber una oferta pública masiva de alta calidad. Hoy el fundamento de esta posición es casi nulo, más bien se la usa para estimular la inacción del Estado en esa dirección, haciéndole el juego a los mitos que abundan en este plano para mantener la segregación social tras un Estado débil, pues, de haber educación pública de alta calidad y gratuita, ¿qué sentido tendría pagar por ella?

Esta discusión ha distorsionado el deber principal del Estado en Educación, por lo mismo, sería bueno que las comunidades escolares de los Liceos “emblemáticos” decidiesen: a) quieren permanecer siendo públicos (con trato semejante a sus pares); b) quieren ser privados sin lucro (tipo Fundación, como se propuso en el proyecto), o c) ser privados con fines de lucro.

No debiese seguir habiendo establecimientos públicos con oportunidades de primer y segund orden. Si las respuestas de las comunidades educativas “emblemáticas” corresponde a las dos últimas opciones (privatizarse), los recursos financieros capturados por este proceso deberían canalizarse al fortalecimiento de las oportunidades educativas de la población territorialmente más segregada y vulnerable del país.

Pero sería bueno conocer sus opiniones en un escenario de mayor diálogo… por cierto, con fundamentos más allá de las tomas de locales escolares.