Es muy difícil ver cómo podrían los trabajadores afiliados al sistema de AFP beneficiarse de la creación de una AFP estatal. Los antecedentes del Estado en materia empresarial sugieren que los supuestos beneficios de crear esta nueva AFP estatal son dudosos. Por otro lado, los riesgos políticos que conlleva este proyecto constituyen un costo real y muy significativo. Ante esto, no queda más que concluir que la AFP estatal es un mal negocio.
Siguiendo la lógica de que la presencia del Estado, no como regulador sino como partícipe, puede mejorar el funcionamiento del mercado, la Presidenta anunció el pasado 21 de mayo el cumplimiento de una de sus promesas de campaña: la creación de una AFP estatal. Ésta, de acuerdo a la mandataria, cumpliría con el objetivo de “disminuir los costos de administración que pagan los cotizantes en una industria altamente concentrada (…).”
Dicha propuesta se sustenta en dos ideas falsas respecto del funcionamiento de una eventual AFP estatal, y que son aplicadas en forma análoga –por quienes claman por una participación activa de parte del Estado en la economía– en otros ámbitos de “servicios básicos”, como salud, educación, vivienda, agua, energía o medicamentos. Primer mito, que la AFP estatal, al no perseguir lucro, puede ofrecer el mismo servicio que sus pares privadas por un precio menor, ya que no necesita inflar sus comisiones para obtener utilidades. Segundo, la idea de que la AFP estatal no tiene intereses que vayan más allá de proveer un buen servicio, a diferencia de la AFP privada, cuyo ánimo de lucro la pone en una posición de conflicto con el cotizante.
[cita]Es muy difícil ver cómo podrían los trabajadores afiliados al sistema de AFP beneficiarse de la creación de una AFP estatal. Los antecedentes del Estado en materia empresarial sugieren que los supuestos beneficios de crear esta nueva AFP estatal son dudosos. Por otro lado, los riesgos políticos que conlleva este proyecto constituyen un costo real y muy significativo. Ante esto, no queda más que concluir que la AFP estatal es un mal negocio.[/cita]
La primera idea supone implícitamente que la AFP Estatal será tanto o más eficiente que las privadas, con lo cual es factible que sea operacionalmente sustentable cobrando una comisión menor. Sin embargo, la experiencia de las empresas estatales es muy distinta, como lo muestra el caso de Codelco, que produce a un costo considerablemente mayor que las mineras privadas, y cuya deficiente gestión financiera le costó al fisco 7.000 millones de dólares (un 85% de lo que espera recaudar la Reforma Tributaria en un año). También está el caso de EFE, que durante el gobierno del ex presidente Lagos se convirtió en ícono de la mala gestión e ineficiencia, dilapidando 120 millones de dólares de los contribuyentes. Si algo nos muestra la experiencia es que las empresas públicas son más ineficientes que las privadas, no al revés.
Sale al rescate entonces la segunda idea, que supone que los intereses de la AFP estatal, al no tener ánimo de lucro, no entran en conflicto con aquellos de los cotizantes. Luego, se presume que aunque sea más ineficiente puede servir mejor a sus afiliados. La verdad, sin embargo, es que existen varios motivos para creer que tal conflicto sería mucho más grave para una AFP estatal que para una privada.
Una AFP toma en forma discrecional decisiones de inversión sobre fondos de importantes magnitudes (decide qué empresas y proyectos merecen ser financiados y cuáles no), lo que en manos de políticos y burócratas (con intereses) constituye un caldo de cultivo para la corrupción.
En una AFP estatal existe un riesgo real de que consideraciones políticas adquieran un rol importante al momento de tomar decisiones de inversión, en desmedro de los criterios técnicos, y que se termine optando por comprar instrumentos emitidos por empresas simpatizantes al gobierno, que hayan hecho aportes a las campañas o que tengan contactos en el poder político. Inversamente, es posible que el gobierno use a la AFP estatal para castigar a sus opositores, negándoles financiamiento a empresas cuyos dueños se han mostrado contrarios o que no quisieron aportar a la campaña política. En cualquier caso, los intereses políticos de la AFP estatal la llevarían a tomar decisiones contrarías a los intereses de sus afiliados.
Asimismo, es posible que empresas sean excluidas del portafolio de la AFP estatal por impopulares –ya sea porque contaminan, prestan servicios de salud con fines de lucro, explotan recursos naturales, intervienen los zonas consideradas patrimoniales, pagan sueldos bajos, etc.–. Cualquiera sea el caso, no tardarían en surgir las voces alegando que “cómo es posible que la AFP estatal financie a estas empresas”. Anticipando esto, las autoridades elegirán financiar únicamente empresas que no resulten desagradables a la opinión pública, con el consiguiente costo en rentabilidad para sus afiliados.
Es muy difícil ver cómo podrían los trabajadores afiliados al sistema de AFP beneficiarse de la creación de una AFP estatal. Los antecedentes del Estado en materia empresarial sugieren que los supuestos beneficios de crear esta nueva AFP estatal son dudosos. Por otro lado, los riesgos políticos que conlleva este proyecto constituyen un costo real y muy significativo. Ante esto, no queda más que concluir que la AFP estatal es un mal negocio.
