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Domingo, 19 de noviembre de 2017 Actualizado a las 21:32

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Calidad de la educación en jaque: mucho ruido y pocas nueces

por 12 junio, 2014

El área está demostrando ser un buen negocio. Y la política ha sido dejarla que crezca sin restricciones, pues el lucro paga. Por lo tanto, aún no es obligatorio acreditar a las escuelas que imparten carreras de la salud (salvo Medicina) y nadie se escandaliza porque el 60% de los alumnos del sector estudien en instituciones que no han acreditado su calidad y que un altísimo porcentaje termine desertando y, además, quede endeudado.

Hoy, para la clase política, está de moda hablar de calidad de la educación. Pero la costumbre ha sido, lamentablemente, hacer poco. Seguramente en el imaginario está que este es un tema muy complejo, del cual hay que hacer grandes disquisiciones o que es un tema tan estructural que se necesitan grandes estudios y, tal vez, no existe la claridad de que la calidad de la educación se construye día a día, paso a paso.

Por ejemplo, desde 2005 reposa en el Parlamento el proyecto de ley que establece la exclusividad universitaria de las carreras de la salud, el cual se ha reactivado los últimos días, tras nueve años de espera. Algunos de los diputados que votaron en su contra abogan contra el lucro y por cambios estructurales al sistema de educación, pero no percibieron que este proyecto es un paso decidido para avanzar en calidad. No en una cualquiera, sino aquella que hace la diferencia en que una persona viva o muera o que no tenga secuelas de una enfermedad, pues ha recibido una atención de salud de adecuada.

¿Por qué este proyecto tan poco mediático y de bajo perfil es importante? Porque se trata de la formación de los profesionales de la salud, de quienes depende la salud de todos los chilenos. La Cámara rechazó el proyecto dividiendo las carreras: Obstetricia y Enfermería fueron catalogadas como exclusivamente universitarias (Medicina ya lo es) versus  Kinesiología, Nutrición, Tecnología Médica, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, como no exclusivas, es decir, para poder ejercerlas se abre la posibilidad legal de realizar sólo estudios técnicos (en CFT o institutos). No hay fundamentos científicos ni recomendaciones internacionales que avalen esta decisión, menos aún tienen coherencia con los requerimientos de salud del país.

El área está demostrando ser un buen negocio. Y la política ha sido dejarla que crezca sin restricciones, pues el lucro paga. Por lo tanto, aún no es obligatorio acreditar a las escuelas que imparten carreras de la salud (salvo Medicina) y nadie se escandaliza porque el 60% de los alumnos del sector estudien en instituciones que no han acreditado su calidad y que un altísimo porcentaje termine desertando y, además, quede endeudado.

Hay que acotar que esto de categorizar a las carreras de la salud como si fuesen de primera o de segunda es una mirada añeja, muy desalineada con lo que se hace hoy día en salud en Chile y en el mundo. En el país, médicos/as y enfermeros/as no trabajan solos: lo hacen en equipo de salud, donde los profesionales de las otras disciplinas, aquellas consideradas como no merecedoras de la exclusividad universitaria, son fundamentales.

Los avances en salud desde que se secuenció el genoma están creciendo exponencialmente y todas esas disciplinas, a las que se considera “técnicas” sin decirlo, conforman un área de estudio y conocimiento que se expande todos los días. El proceso de cambios de la sociedad, el avance del conocimiento, la diversificación de las tecnologías en el área de salud, demanda contar con profesionales universitarios que puedan generar, interpretar e incorporar en su práctica diaria los avances de las diversas ciencias. Chile necesita profesionales competentes que sean capaces de asimilar rápidamente los avances y, al mismo tiempo, resguardar la seguridad del paciente (lo que no es menor); que puedan discriminar entre procedimientos de desigual eficacia y elegir entre tecnologías cada vez más diversas.

El país necesita profesionales flexibles y autónomos que puedan ir definiendo y manejando las guías clínicas que cambian y avanzan según el conocimiento en salud para el tratamiento de los pacientes. Gran parte de la labor asistencial en los establecimientos de salud del país recae en estos profesionales “no universitarios”, los cuales son formados para el manejo de un equipamiento y procedimiento complejos, como los tecnólogos médicos, y otros asumen responsabilidades en atención primaria donde su formación universitaria es vital, como, por ejemplo, los kinesiólogos, quienes han contribuido a reducir la mortalidad por neumonía en las salas de hospitalización abreviada (IRA y ERA): miles de niños y ancianos han logrado sobrevivir y tener una salud de calidad gracias a su trabajo.

Estos profesionales “no universitarios” desarrollan también un importante rol en las patologías Auge, que representan el 80% de la demanda asistencial en el sistema público de salud y pueden acceder en la actualidad a los más altos cargos directivos y de gestión de los establecimientos de salud.

Cabe destacar que los altos estándares sanitarios que exhibe el país se deben también a estos profesionales, y la no aprobación del proyecto de ley implicaría un retroceso sanitario y un deterioro en la calidad de la formación de los profesionales de la salud claves para el sistema.

Por algo las organizaciones que agrupan a los profesionales de la salud en el mundo han definido que el estándar requerido para el reconocimiento oficial de la respectiva profesión es únicamente la formación universitaria y el haber obtenido grado académico de licenciado.

Asimismo, hay que relevar que el proyecto que devuelve la tuición ética a los Colegios profesionales se refiere a los profesionales universitarios, por lo que si se rechaza el proyecto o se mantiene está división propuesta por los diputados, los futuros técnicos de la salud no podrán ser regulados éticamente, a pesar de que tendrán en sus manos la salud de millones de chilenos.

Hay un tema de fondo: los intereses económicos. Las carreras de la salud han crecido explosivamente en los últimos años. Constatamos un aumento de 600% de los estudiantes de educación superior universitaria en el área. En sólo 6 años hemos pasado de 49 mil estudiantes a 120 mil y el número de carreras de la salud ofertadas de 250 a 489: un crecimiento de 86%.

El área está demostrando ser un buen negocio. Y la política ha sido dejarla que crezca sin restricciones, pues el lucro paga. Por lo tanto, aún no es obligatorio acreditar a las escuelas que imparten carreras de la salud (salvo Medicina) y nadie se escandaliza porque el 60% de los alumnos del sector estudien en instituciones que no han acreditado su calidad y que un altísimo porcentaje termine desertando y, además, quede endeudado.

Por esta misma razón, el proyecto de ley ha esperado 9 años en el Congreso: para que los CFT e institutos puedan seguir en este rentable negocio. Un boom que les conviene a quienes abren escuelas y facultades con carreras de la salud sin acreditar y también a quienes presionan por continuar formando “técnicos” de la salud. Muchos parlamentarios que están en contra del lucro están esperando que se discuta y se haga una megarreforma para ver estos temas; ¿y por mientras qué?, ¿seguimos hipotecando el futuro de millones de chilenos?

Porque hay quienes pierden con este boom. Primero, centenares de miles de estudiantes y sus familias que han puesto sus esperanzas en estudiar carreras de la salud en escuelas universitarias sin acreditar o en institutos o CFT que no les entregan las competencias necesarias para ejercer con propiedad. En menos de 10 años, estos jóvenes van a tener problemas de empleabilidad y no van a poder competir con sus pares formados en escuelas universitarias acreditadas. Hay un imperativo ético con ellos y sus familias, pues el Estado de Chile (y sus representantes) sabe que son futuros desempleados de delantal blanco.

Y, finalmente, pierde el país, pues hay un deber que no estamos cumpliendo y que es tradición en Chile desde que somos república: formar profesionales de la salud de calidad para resguardar el derecho a la vida y a la salud de las futuras generaciones.

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