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Interventor de universidades: otro ajuste al mercado educativo

por 14 junio, 2014

El presente proyecto de ley, en su amplitud y ambigüedad, no se orienta a estos principios básicos, claves para la generación de un nuevo modelo de Educación, dado que si bien se aumentan las atribuciones del MINEDUC en términos de fiscalización y sanciones, esto se realiza en un sentido que apunta exclusivamente a la regulación del mercado.

La siguiente reflexión se encuentra en el marco de la discusión respecto del proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que crea la figura del administrador provisional y de administrador de cierre de las instituciones educativas y que será votado durante la próxima semana. El proyecto surgió sorpresivamente y fue enviado con suma urgencia en medio de contradictorias explicaciones de la reforma con que el ministro Eyzaguirre respondía a los distintos actores de la educación, lo que aumentó el justificado escepticismo al interior de un movimiento social por la educación que cuenta con la experiencia de un año 2006 en que Bachelet respondió a las demandas pingüinas con otra ley mercantil.

Hasta el día de hoy los estudiantes no contamos con una descripción del contenido integral de la reforma, y sólo tenemos referencias confusas de lo que debería ser su forma de implementación, así como de algunas nociones sobre el orden en que se enviarán los proyectos de ley al Congreso: este semestre, proyectos relativos a la educación primaria y secundaria; el próximo, los correspondientes a la educación superior. Lo clave es que la reforma continúa –en los términos en los que lo ha planteado el ministro Eyzaguirre hasta la fecha– tan sólo generando ajustes al modelo educativo de mercado, cuando lo realmente necesario es acabar con el mercado de la educación privada y fortalecer la educación pública y generando un nuevo sistema que garantice derechos sociales, tal como lo ha expresado la Confech en distintas instancias y formas, proponiendo, incluso, formas de financiamiento y reordenamiento del sistema educativo.

La figura que se crea mediante este proyecto de ley viene a reafirmar lo anterior, ya que, en ningún caso, responde al diagnóstico que como sociedad se ha hecho sobre el abandono del Estado respecto de sus instituciones. Desde el movimiento social se ha explicitado la necesidad de recuperar la Educación Pública para el pueblo de Chile, dejando en claro que lo central para comenzar a perfilar un modelo educativo al servicio de las necesidades nacionales, parte por erradicar al mercado de la educación pública, aumentar la matrícula estatal y eliminar el lucro en todo el sistema educativo.

El presente proyecto de ley, en su amplitud y ambigüedad, no se orienta a estos principios básicos, claves para la generación de un nuevo modelo de Educación, dado que si bien se aumentan las atribuciones del MINEDUC en términos de fiscalización y sanciones, esto se realiza en un sentido que apunta exclusivamente a la regulación del mercado. Asimismo, en el proyecto no se hace alusión a las sanciones que deberían existir respecto del lucro y, por lo tanto, no se hace eco de una de las principales demandas del Movimiento Estudiantil: el fin al lucro en todo el sistema, no sólo con fondos públicos, como ha planteado el gobierno buscando travestir las reivindicaciones de los estudiantes. No se considera este aspecto fundamental y, por lo mismo, no se hace distinción en el grado de sanciones ni en la gravedad de infracciones respecto del lucro y ni en torno a las malas prácticas de Universidades privadas que vayan en contra de este principio fundamental.

Si el gobierno efectivamente identifica que la urgencia de este proyecto de ley responde a las crisis que han estallado en las universidades privadas en los últimos años y la situación que podría afectar a las comunidades universitarias de dichas instituciones y si, además, pretendiera contar con una orientación coherente con las prioridades planteadas por el movimiento estudiantil, una postura lógica sería estatizar las universidades que se encuentren en crisis profundas o fusionarlas con universidades del Estado, con lo cual podría evitar otra tragedia como la de la Universidad del Mar.

Si el movimiento estudiantil ha insistido en que es imprescindible que los actores de la educación sean parte de los espacios en que se definirán los principios orientadores de la reforma educacional, no ha sido por capricho, menos para ovacionar el programa de gobierno, ha sido porque la reforma planteada por el gobierno no es fiel al espíritu de las demandas del movimiento social por la educación. Es cierto que la Nueva Mayoría ha tomado astutamente las consignas del movimiento estudiantil, sin embargo, ha dotado de contenido mercantil los cambios que pretende realizar y, en el mejor de los casos, ha enarbolado propuestas que plantean ajustes y regulaciones. Si se permite que las consignas del movimiento estudiantil sean vaciadas y redireccionadas de esta forma, tanto su eficacia transformadora como su potencial para solucionar la crisis del modelo educativo chileno se perderán en la historia; ante ello, debemos estar atentos para disputar el rumbo que debe tomar la reforma, ya que nuestra reforma no será ninguna que no materialice el impulso original del movimiento estudiantil. Por eso luchamos por reconquistar un derecho esencial, por un Estado que garantice al pueblo la educación que se merece.

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