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Opinión

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El desafío político de la educación pública

por 16 junio, 2014

El desafío político de la educación pública
La calidad educacional no consiste sólo en los resultados del Simce sino también, y de forma quizás más relevante, en construir un sistema más inclusivo, menos segregador, más democrático. En este sentido, tener un sistema que no seleccione, que no segregue por ingreso y que no tienda hacia una creciente e imparable privatización a través del lucro, es en sí mismo una educación de mayor calidad.

Últimamente se ha puesto de moda decir que las reformas educacionales propuestas por el ministro de Educación son sólo cosméticas y, peor aún, que tenderían incluso a profundizar la educación de mercado vigente actualmente en Chile. Con todo el respeto que me merecen los connotados académicos que las han emitido, así como otros igualmente connotados dirigentes estudiantiles, estas opiniones me parecen realmente insostenibles. Pueden satisfacer una especie de espíritu crítico, o tal vez reconciliar el ego de algunos con cierto ímpetu revolucionario o “rebelde”, pero a la larga resultan equívocas, y muy dañinas para el propósito que supuestamente convoca a estos actores, cual es el de fortalecer un proyecto de educación pública digno, inclusivo y de calidad en nuestro país.

En efecto, decir que la eliminación del lucro, de la selección y en particular del copago, no afecta los pilares básicos de un sistema de educación estructurado sobre una lógica de mercado, parece realmente difícil de fundamentar. Cualquier persona se da cuenta de que si uno elimina los incentivos económicos para entrar en una determinada actividad, impide cobrar por ella, y elimina crecientemente la posibilidad de elegir a mis “clientes/consumidores”, estoy atacando las bases mismas de la lógica económica.

Por supuesto, puedo considerar que estas medidas son insuficientes, o que no incluyen todas las modificaciones que a mí me gustarían, o que les hacen falta matices importantes (yo en lo personal tengo varios puntos en estas tres categorías). Pero es muy diferente decir que un proyecto –o un conjunto de proyectos– no se ajusta completamente a mis expectativas, a decir que no sirven para nada o, peor aún, que profundiza el actual sistema de mercado. Confundir estas dos cosas me parece políticamente muy irresponsable, algo muy parecido a la campaña de desinformación que ha montado la derecha respecto al tema.

Una “revolución” educativa no significa cambiar todo de la noche a la mañana, y refundar de cuajo el sistema educacional de un país. Esta sería, de hecho, la mejor manera de no hacer ninguna revolución, un gatopardismo disfrazado de radicalidad: pretender “cambiarlo todo”, para que los cambios se vuelvan inviables, y que finalmente no ocurra nada.

Es, de hecho, significativo constatar que este tipo de críticas, supuestamente más “radicales”, terminan convergiendo con las de la derecha, o bien (lo que resulta aún más engañoso), con el polo más conservador al interior de la Nueva Mayoría. Decir, por ejemplo, que las medidas propuestas por el gobierno no afectan la calidad educacional es un tremendo error, o quizás (más probable a mi juicio), derechamente una falacia. La calidad educacional no es una fórmula mágica, obtenida automáticamente de un conjunto de medidas de estímulo administradas por el Mineduc; es el resultado de un conjunto de condiciones estructurales, que determinan el funcionamiento del sistema educativo, y que recién ahora están empezando a ser modificadas.

Más aún, la calidad educacional no consiste sólo en los resultados del Simce sino también, y de forma quizás más relevante, en construir un sistema más inclusivo, menos segregador, más democrático. En este sentido, tener un sistema que no seleccione, que no segregue por ingreso y que no tienda hacia una creciente e imparable privatización a través del lucro, es en sí mismo una educación de mayor calidad.

Decir por tanto que estas medidas estructurales, no se relacionan con la calidad educacional, es como decir que los cambios a la Constitución no se relacionan con los problemas concretos de las personas. De la misma manera que nos merecemos una Constitución más democrática y más representativa, y ésta resulta fundamental para sentar las bases de una sociedad más justa, así también nos merecemos una estructuración del sistema educativo más acorde a los valores y principios que queremos imprimirle a nuestra educación, y esta sentará las bases para una educación de mayor calidad.

Me parece fundamental comprender que la calidad de la educación pública no depende simplemente de un conjunto de medidas de estímulo que el Ministerio pueda implementar a su arbitrio. Nos hemos pasado un par de décadas diseñando e implementado medidas de apoyo a la educación pública, y esta no ha hecho sino debilitarse cada vez más (indudablemente para deleite de algunos).

Pero sólo hace unos días, a propósito de la marcha estudiantil, una destacada dirigenta se apoyaba en este supuesto erróneo, para decir que el gobierno ha tenido a la educación pública en el más completo abandono, y que con estas medidas no se hace nada por rescatarla. Es un tremendo error (ocasionado quizás en la ignorancia, o en el deseo de tener siempre la solución perfecta para todo) pensar que no se ha hecho nada por la educación pública en los últimos años, y, más aún, pensar que sólo con esfuerzo, decisión, y programas idóneos, se va a fortalecer de una vez por todas. El problema de la educación pública es precisamente que no depende del esfuerzo que le pongan sus actores, ni de las medidas de apoyo que administre el Ministerio, sino del sistema estructural en que está inserto, que tiende a descremar a los alumnos de una forma casi perversa, segregando a los más desaventajados y “salvando” a otros a través de establecimientos selectivos. Si no se cambia la forma estructural en que este sistema funciona, resultará inviable un fortalecimiento efectivo de la educación pública. Y estas condiciones estructurales son precisamente las que el gobierno ha empezado a cambiar.

Por todas estas razones, yo en lo personal habría considerado verdaderamente una estafa si el Gobierno hubiera propuesto, como gran reforma a la educación, otro paquete más de rimbombantes planes y programas de un supuesto “fortalecimiento de la educación pública”, de mejoramiento de la carrera docente y de otras estrategias por el estilo. No porque no sean necesarios, sino porque no habrían tenido ninguna efectividad si no se empieza por modificar las condiciones estructurales del sistema.

En este sentido, me parece que el gobierno hace lo correcto al elegir las tres modificaciones estructurales fundamentales para empezar a cambiar las bases del sistema educacional y fortalecer en serio la educación pública. Por supuesto que me parece que faltan medidas importantes, entre ellas la revisión del voucher (subvención por alumno) y del Simce, pero sería no sólo acelerado, sino incluso irresponsable, hacer una reescritura integral de un sistema educativo en tres o cuatro meses.

Una “revolución” educativa no significa cambiar todo de la noche a la mañana, y refundar de cuajo el sistema educacional de un país. Esta sería, de hecho, la mejor manera de no hacer ninguna revolución, un gatopardismo disfrazado de radicalidad: pretender “cambiarlo todo”, para que los cambios se vuelvan inviables, y que finalmente no ocurra nada. Asimismo, construir una educación pública de calidad, para todas y todos, tampoco significa arrasar con el sistema imperante (por más críticas que se tengan al respecto) con proyectos de ley relámpago, que no permitan ningún debate, dejen muchos heridos en el camino y enciendan una oposición irreductible. Esto no es razonable desde un punto de vista técnico (cambiar por completo el sistema de estímulos y control de la educación sería otro Transantiago), no es viable políticamente, y tampoco es el camino para convocar a la sociedad en torno a un proyecto de educación pública verdaderamente inclusivo y de calidad.

En este sentido, termino esta columna con una crítica a lo que sí me parece una falencia importante del gobierno en relación con la reforma educativa en marcha, y su mayor desafío en la actualidad.

A la fecha, el Ejecutivo ha gastado mucho tiempo y mucha energía, en explicar los detalles técnicos de la reforma, los mecanismos de pago y traspaso, y los antecedentes académicos que sustentarían cada una de las decisiones tomadas. La misma Presidenta, en el discurso del 21 de mayo, hizo alusión a estudios y evidencias empíricas internacionales. Esto puede ser observado como una señal de ecuanimidad, y quizás de conciliación con los grupos de interés que se verán afectados, pero a mí me parece que desvirtúan un poco el sentido de la reforma. Un gobierno no fue electo para levantar bibliografía especializada en torno a un tema, y la ciudadanía no se va a motivar con un proyecto porque hay un conjunto de papers ISI que abogan en un sentido u otro (además, siempre hay de los dos).

Si se va a tener éxito en el proyecto de levantar un sistema de educación público de calidad, de excelencia, que reencante a la gran mayoría de los chilenos y que nos haga sentirnos orgullosos a todos, esto no se va a lograr en la pequeña discusión técnica, sino que transmitiendo a la ciudadanía la convicción de que es el mejor camino para construir una sociedad más integrada, más equitativa, más justa. Pero este horizonte más amplio, preocupantemente, brilla por su ausencia en el discurso político del Gobierno.

La educación pública no puede ser nunca el reducto de una determinada corriente ideológica o cultural. Si la lucha por fortalecerla se transforma en una disputa de ese tipo, ya se ha perdido la batalla. La educación pública debe ser un lugar de encuentro de toda la sociedad, que dé garantías de inclusión y participación a los distintos sectores, y que convenza a todos de que encarna un proyecto país que nos refleja y motiva a todos. Este es el verdadero desafío y esta es la cancha en que se jugará el éxito de la reforma educativa, y es una cancha política, no técnica.

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