¿Terminará Bachelet con la educación privada?

Recientemente, la Presidenta Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley para terminar con el lucro de los propietarios de las escuelas subvencionadas, con el cobro a las familias en los establecimientos que financia el Estado y con la selección discriminatoria de estudiantes. El gobierno ha justificado estos cambios afirmando que busca “sacar el mercado de la educación” y reemplazarlo por la noción de que ésta es un derecho social. Sorprendentemente, esta iniciativa ha recibido críticas completamente opuestas: para unos, ella terminaría con la educación privada subvencionada y la libertad de enseñanza; para otros, se trataría de cambios marginales que incluso reforzarían la ya elevada privatización educacional.

La idea de que la libertad de enseñanza y la educación privada dependen de que el Estado financie a los proveedores educacionales con fines de lucro no resiste análisis. Lo que en el mundo desarrollado se promueve como aporte de los privados a la educación no es convertirla en un espacio de negocios, sino acoger diferentes propuestas pedagógicas, comunidades culturales y religiosas. Afirmar que, de no haber afán de lucro, no habrá nadie interesado en desarrollar proyectos educativos alternativos a los del Estado, refleja una visión economicista de los actores educacionales y un profundo desconocimiento de la historia de la educación chilena e internacional.

[cita]Discriminar a los niños y adolescentes según sus capacidades, madurez, o las características de sus familias durante la admisión o renovación de la matrícula, es una práctica de difícil justificación educativa. En Chile, la selección de alumnos ha sido reforzada por la lógica de competencia con que se ha hecho funcionar a los establecimientos, y esta es una razón adicional para prohibirla.[/cita]

Cobrar a las familias por ejercer el derecho a la educación de sus hijos y cumplir así con la obligatoriedad escolar en los establecimientos que financia el Estado es una práctica propia sólo de países pobres: para la inmensa mayoría de las naciones, obligatoriedad escolar y gratuidad han sido prácticamente sinónimos. Por cierto, continuando con esta bien establecida doctrina, la propia dictadura, al crear el sistema de subvenciones en 1980, exigió a las escuelas privadas ser gratuitas, cuando el país era bastante más pobre que ahora (lo mismo había hecho una década antes el presidente Frei Montalva). Que el Estado chileno esté dispuesto a financiar las escuelas privadas al punto de hacerlas gratis para las familias, demuestra un compromiso con este tipo de educación que pocos países en el mundo tienen.

Discriminar a los niños y adolescentes según sus capacidades, madurez, o las características de sus familias durante la admisión o renovación de la matrícula, es una práctica de difícil justificación educativa. En Chile, la selección de alumnos ha sido reforzada por la lógica de competencia con que se ha hecho funcionar a los establecimientos, y esta es una razón adicional para prohibirla. Antes de democratizarse, los sistemas educacionales tendían a funcionar de manera excluyente, conduciendo a los alumnos por un verdadero proceso de “selección natural”. Durante el siglo XX, esa visión selectiva de la educación fue crecientemente abandonada en el mundo: ahora se trata de dar oportunidades equitativas para que todos se desarrollen al máximo. Exigir a las escuelas financiadas con recursos públicos que no discriminen arbitrariamente entre sus postulantes constituye un estándar elemental de orientación hacia ese bien común.

Terminar con el lucro, la selección y el copago son cambios importantes para crear un entorno institucional más apropiado en el sistema escolar, que comience a reemplazar la lógica de mercado por una lógica educativa. Esto impulsará mejores proyectos educativos privados y, al mismo tiempo, dará una oportunidad de desarrollo a la educación pública, la asignatura pendiente en este primer paquete de la reforma.