Un ejemplo de la falta de prevención en nuestro país, es el aumento del consumo de drogas y alcohol en los estudiantes. Desde el año 1995 se vienen realizando en Chile estudios generales de población escolar.
La semana pasada se cumplieron 40 años desde que el entonces Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunciara en un mensaje al Congreso que la nueva guerra que enfrentaría su país sería contra las drogas.
Los expertos se han centrado en analizar esta “guerra”. Hay quienes creen que ha sido un fracaso, otros aseguran que fue un éxito y algunos creemos algo peor: que nunca se ha dado. Pero el interés principal de nuestra discusión debe estar en la gente, y analizar cuánto nos falta por hacer en materia de drogas
Es por esto que el anuncio de la directora del Senda, Lidia Amarales, sobre la conformación de una mesa de trabajo para revisar la Ley 20.000 fue música de The Beatles para los oídos de quienes trabajan en la problemática de las drogas.
Sin embargo, la expresión de la necesidad de revisar la ley de drogas representa apenas el primer paso en un espinoso y complicado camino hacia un conjunto de políticas consensuadas por todos los sectores políticos, especialistas y actores sociales.
[cita]Un ejemplo de la falta de prevención en nuestro país, es el aumento del consumo de drogas y alcohol en los estudiantes. Desde el año 1995 se vienen realizando en Chile estudios generales de población escolar.[/cita]
Es relevante que comencemos a enfrentar el problema de las drogas en Chile desde la prevención (educación) y rehabilitación (salud), esto no es contradictorio con el trabajo que tienen que realizar las policías: perseguir a los narcotraficantes. En la misma línea, los senadores Rossi (PS) y Orpis (UDI) presentaron una modificación a la Ley 20.000, a los artículos 4° y 50°, que apunta a “garantizar que las figuras penales se concentren en combatir el tráfico y el microtráfico y que el consumidor, víctima de la droga, sea tratado con un enfoque de salud, asegurándoles prevención y rehabilitación”.
Es urgente anticiparnos a los problemas asociados al consumo de drogas, fortaleciendo los factores protectores del individuo, en los colegios, trabajos y comunidades (principalmente en los más vulnerables). El costo de rehabilitar a una persona que presenta adicción a las drogas es alto –el valor promedio es de $424.000 mensuales y como mínimo son 12 meses–, por eso la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes –JIFE– (organismo dependiente de la ONU), ha afirmado que “por cada dólar que se gasta, un buen programa de prevención puede ahorrar a los gobiernos hasta 10 dólares en futuros gastos; por consiguiente, las inversiones de los gobiernos en programas de prevención, tratamiento y rehabilitación y sus sistemas de control reglamentario deben mantenerse, incluso en tiempos de austeridad financiera”.
Un ejemplo de la falta de prevención en nuestro país, es el aumento del consumo de drogas y alcohol en los estudiantes. Desde el año 1995 se vienen realizando en Chile estudios generales de población escolar. Como lo muestra la serie histórica, el consumo de marihuana, cocaína, pasta base y alcohol ha tenido un aumento significativo. Sin embargo, lo preocupante es que el incremento más substancial se ha producido en los cursos inferiores (8° Básico y 1° Medio) y, según estudios del SENDA, por cada año escolar que se retrasa el primer consumo de marihuana, disminuye significativamente el riesgo de usar drogas “duras”.
Es por esto que es recomendable sacar adelante un proyecto de ley que consagre en la malla curricular de todos los estudiantes –Preescolar, Básica y Media–, programas de prevención de drogas y alcohol.
Para no creerlo. He buscado durante meses alguna política de Estado en materia de prevención, pero todavía no encuentro resultados.
Por todo lo antes expuesto, quiero proponerle un desafío amistoso al actual gobierno: crear un plan de trabajo, que señale lo que se busca con la revisión de la Ley 20.000, que se modifiquen en conjunto las políticas sobre drogas, como los organismos que constituyen su entorno institucional, de tal modo que la lucha contra las drogas sea sobre la base de una política de Estado, en que los diferentes Ministerios –Salud, Educación, Interior, Vivienda, etc.– estén involucrados en esta ardua tarea que tenemos por delante.
