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Jueves, 23 de noviembre de 2017 Actualizado a las 09:45

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por 25 junio, 2014

El gobierno ha enviado un proyecto de ley para crear una AFP del Estado, lo cual es positivo pero no resuelve el problema de fondo, como ha dicho la Presidenta Bachelet.

Las bajas pensiones de los jubilados en el sistema de AFP, que se agravan por la discriminación contra las mujeres y otros factores, no se pueden mejorar mediante el esquema de capitalización individual. Éste no ofrece solución a los jubilados de hoy y la década siguiente, y sólo promete incertidumbre respecto del futuro lejano.

Por la magnitud de recursos involucrados, tampoco resulta posible incrementar significativamente las pensiones de sectores medios con cargo a impuestos generales, como se hizo antes con las más bajas.

Ello no se debe a la demografía ni aportes insuficientes, sino al hecho que las AFP desvían siempre la mayor parte de éstos al ahorro forzoso. Los propietarios de AFP y otros grandes grupos financieros han sido los grandes beneficiarios de este mecanismo, impuesto mediante la represión.

La solución es destinar dichos aportes a pagar pensiones, reconstruyendo el sistema público basado en el esquema solidario, también llamado de reparto. Ello resulta factible con holgura y es sustentable en el tiempo.

La presentación de CENDA ante la Comisión Asesora Presidencial para el Sistema de Pensiones, ha sugerido poner énfasis en el estudio de los flujos anuales en dinero efectivo de aportes y beneficios, así como el destino de los excedentes de aquellos sobre éstos, en el sistema de AFP considerado en su conjunto, es decir, incluyendo las AFP y compañías de seguros relacionadas con la previsión.

A juicio de CENDA, en dicho balance se encuentra la clave que permitirá atender la alta misión encargada por la Presidenta Bachelet, de presentar alternativas que hagan posible brindar pensiones dignas y adecuadas a las necesidades de los chilenos.

Este objetivo es alcanzable, puesto que los excedentes anuales de cotizaciones obligatorias sobre beneficios, permiten financiar hoy más del doble de las pensiones pagadas, ahorrando adicionalmente al Estado una cantidad similar a la de éstas.

El flujo creciente de estos excedentes permite solventar con holgura mejores pensiones a los jubilados de hoy y también a los de mañana, especialmente a las mujeres, que son discriminadas en el sistema actual.

Durante varios años, no resulta necesario aumentar la carga de descuentos a los salarios, sin perjuicio que sería bueno que ésta fuera compartida por trabajadores y empresarios.

Tampoco se requiere recargar los ingresos de trabajadores independientes, quienes los verán reducidos dentro de poco en un trece por ciento a partir del año en curso, sin posibilidad de continuar optando voluntariamente por este descuento como ha ocurrido hasta ahora.

No es necesario tocar el actual fondo de pensiones, que podría quedar de reserva para el futuro.

El ahorro nacional no se afectará de manera significativa, puesto que la mayor parte de los excedentes actuales terminan apropiados por los administradores, son sacados del país o corresponden a recursos fiscales que pueden tener un mejor destino.

El término de las AFP no provocará catástrofe alguna, como lo han demostrado los países que han adoptado esta medida en los años recién pasados.

Por el contrario, representará un enorme alivio para todo el país, que apreciará como se termina uno de los mayores abusos del presente (Riesco 2014).

Por las razones expuestas, no resultaría comprensible para la opinión pública que las alternativas estudiadas por Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, no considerasen a fondo la conveniencia y factibilidad de terminar con las AFP y restablecer el sistema de pensiones público basado en el esquema solidario.

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