El alcalde Jadue, a diferencia de los otros, se ciñe a la ley - El Mostrador

Viernes, 24 de noviembre de 2017 Actualizado a las 04:56

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El alcalde Jadue, a diferencia de los otros, se ciñe a la ley

por 1 julio, 2014

La utilitaria “interpretación” que había hecho el Director de Obras sustituto respecto de las normas de edificación de la zona en donde se construyeron las 3 torres vulneraba la ley. Es posible que ese funcionario hubiera actuado así por ignorancia o porque deseaba favorecer el negocio. Me inclino por la segunda opción.

*En días recientes el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, comunicó a la opinión pública que había firmado un decreto de demolición por todos los pisos que exceden los permitidos por la legislación vigente, de una torre habitacional –de 19 pisos– emplazada sobre la calle Dardignac, entre Pío Nono y Ernesto Pinto Lagarrigue. Este edificio forma parte de un permiso de edificación muy mal otorgado hace años por el Director de Obras Municipales, a una de las tantas inmobiliarias relacionadas con la lucrativa Universidad San Sebastián. Ocho pisos es la altura máxima allí permitida.

En la actualidad, como consecuencia de ese permiso, existen 2 torres similares terminadas: una ya habitada y otra, por no contar con la recepción definitiva de obras, aún sin habitar (en esta última se deberá demoler los pisos construidos en exceso), y ya se han ejecutado las excavaciones de una tercera torre que también se proyectó con 19 pisos. Esta construcción está detenida, ya que Jadue exigirá que se ciña a la ley en términos de altura.

Mientras el político UDI, Gonzalo Cornejo, ejercía como alcalde de esa comuna, se publicó el 8 de enero de 2005 el Plan Regulador Comunal (PRC), hecho a la medida de los futuros compradores del Liceo Alemán, tradicional institución de enseñanza Básica y Media, que deseaba mudarse a una comuna emergente del sector norte de la ciudad de Santiago. Para tal propósito, en junio del 2006, el Director de Obras sustituto se dirigió por escrito a la Congregación del Verbo Divino, informándole cómo él había “interpretado” una cierta disposición del PRC, maquinación con la cual esa organización religiosa estaba en condiciones óptimas para llegar a un armonioso acuerdo de compraventa con los dueños de la referida universidad privada.

Ese colegio vendió, recibió el dinero comprometido, los nuevos dueños lo demolieron y en paralelo se otorgaron, entre los años 2007 y 2008, por parte del Director de Obras titular, los permisos respectivos a la empresa “Desarrollo Inmobiliario S.A.” para que construyera allí la colorida casa central de esa universidad, su centro de extensión, más 3 edificios con alturas de 19 pisos con cientos de pequeños departamentos y los necesarios estacionamientos subterráneos con un acceso en la acera, bien nacional de uso público, de la calle Pío Nono, amistosamente facilitado por el municipio a través de un permiso precario (sic). Este permiso municipal se le otorgó a Inversiones Laguna Blanca, otra de las sociedades del conglomerado inversionista.

El arquitecto Cristián Boza, decano de la Facultad de Arquitectura de tal casa de estudios superiores, proyectó el meganegocio que iba a generar importantes ganancias económicas a los dueños de tal universidad, quienes, en todo caso, tuvieron la delicadeza de no arrasar con la parroquia del colegio clasificada como de Conservación Histórica, localizada a un costado de dicha universidad.

Los permisos de edificación eran truchos, entre otros motivos, porque en las fechas de sus otorgamientos no existían los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y porque ni la casa central ni el centro de extensión fueron sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que le significó al titular del negocio, ante nuestra denuncia, una tardía sanción por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente: se clausuraron los estacionamientos bajo el suelo que eran arrendados a terceros.

¿Por qué nuestra fundación se refiere a este impúdico episodio?

A mediados del año 2009, periodistas de una productora de Megavisión tomaron contacto conmigo, preguntándome si sabía algo de ese proyecto educativo-inmobiliario, a quienes les contesté que no sabía nada, pero ellas me propusieron que investigara porque algo raro sucedía con la tramitación de los permisos. Como ellas eran atractivas y cordiales, me motivaron a investigar y para ello les solicité que obtuvieran en la municipalidad de Recoleta una serie de documentos, ya que leyéndolos iba a llegar a una conclusión.

Ellas se demoraron una semana en obtener todos los papeles y revisándolos enseguida, con los abogados Luis Mariano Rendón y Matías Coll y con un arquitecto, cuyo nombre omito para evitar las represalias laborales por parte de la industria inmobiliaria, llegamos al desenlace que vislumbrábamos. La utilitaria “interpretación” que había hecho el Director de Obras sustituto respecto de las normas de edificación de la zona en donde se construyeron las 3 torres vulneraba la ley. Es posible que ese funcionario hubiera actuado así por ignorancia o porque deseaba favorecer el negocio. Me inclino por la segunda opción.

Con la certeza del mal actuar municipal, me entrevisté con el Director de Obras titular informándole de la artimaña concebida para edificar con mayor altura y, como el hombre no atinó a nada, la fundación Defendamos la Ciudad que presido, le comunicó, a fines del 2009, por escrito, al Seremi de Vivienda y Urbanismo, todas las travesuras que habíamos detectado, solicitándole que ejerciera sus atribuciones para dejar sin efecto esos permisos. En paralelo le dijimos, también por escrito, a la Contraloría General de la República (CGR), cuáles habían sido los ardides empleados por el municipio para que esas torres de departamentos tuvieran una altura mayor a la permitida en el PRC, violándose así la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), instrumento de mayor rango que los planes reguladores.

A pesar de la contundencia de nuestra presentación, la CGR recurrió el 29 de diciembre de 2009, preguntándole su parecer respecto de nuestra denuncia, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, servicio público que es responsable y tutor de la OGUC y de todo lo relacionado con la materia.

El 11 de enero de 2010, Paulina Saball, entonces subsecretaria de ese Ministerio, le responde en derecho a la CGR señalándole cuál es la manera correcta de interpretar las disposiciones de los planes reguladores. En una especie de clase magistral, la actual ministra del ramo dejó en evidencia que el disimulo elaborado por la municipalidad era improcedente, ya que la acotada altura fijada en el PRC de Recoleta, por imposición del artículo 2.1.21 de la OGUC, no se podía superar bajo ninguna circunstancia. Con este documento ministerial en nuestro poder, estábamos seguros que la CGR iba a emitir rápidamente un contundente dictamen con el cual las torres podían llegar solamente a los 8 pisos.

Pero inexplicablemente, a pesar de las innumerables solicitudes formuladas a la CGR para que emitiera su juicio final, ello nunca aconteció y así se levantaron las torres con las alturas ilegales. Este caso también fue denunciado en la Contraloría por la Corporación Ciudad Viva y por la Junta de Vecinos Nº 35 de Recoleta, organizaciones vecinales que, fastidiadas por la dilación del ente fiscalizador, se vieron en la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia.

Josefa Errázuriz, actual alcaldesa de Providencia, y Gerardo Lanzarotti, respectivamente, en representación de ambos colectivos ciudadanos, interpusieron la acción judicial el año pasado, cuyo juzgado está por dictar sentencia en estos días. Naturalmente el fallo será concordante con el ORD. Nº 18 de enero de 2010, suscrito en aquella época por la actual ministra de Vivienda y Urbanismo.

En noviembre de 2010 expresábamos nuestra molestia con la CGR y, a pesar de esa denuncia pública, todavía no se conoce el dictamen del Contralor. El 3 de octubre de 2013, en una de sus tantas respuestas dilatorias, la Contralora subrogante nos decía que en aquel entonces existía un procedimiento disciplinario derivado de un sumario administrativo de carácter secreto y que, por ello, no podía entregarnos mayores antecedentes. Si la CGR hubiera ejercido su rol a tiempo, esas 3 torres se habrían construido con las alturas permitidasy esta columna no se habría publicado.

El Director de Obras Municipales que cursó los permisos truchos fue procesado por el Ministerio Público y la decisión del alcalde Jadue, en orden a demoler los pisos de una torre que exceden la norma legal, es la correcta. Sostengo que si el resto de los alcaldes procedieran como lo ha expresado Jadue, se acabaría la corrupción inmobiliaria que tanto mal le hace a nuestro querido país.

Termino este recuento de hechos con la expectativa de que la Contraloría se allane a darnos a conocer cuáles fueron las sanciones que impartió en contra de todos los funcionarios municipales que fueron simples comparsas de la Universidad San Sebastián, institución que acaba de anunciar el nombramiento de Hugo Lavados como rector. ¿Esta nominación de un político DC y ex ministro de la Concertación será una movida de los inversionistas para ablandar a Jadue? Si así fuese, estoy seguro que el alcalde, a pesar de ser un disciplinado militante del PC, por lo tanto integrante de la Nueva Mayoría, no transará y, por lo tanto, cumplirá con su deber.

*Publicado en El Quinto Poder

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