Urticaria

El presidente de la DC, el senador Ignacio Walker, recientemente reiteró un argumento sobre la cuestión de las mayorías en relación a la gobernabilidad y la democracia: “Una simple y ocasional mayoría, siendo legítima, tiene menos poder y potencia en un mediano y largo plazo que un acuerdo más amplio”. Este argumento, levantado para justificar los cambios a la reforma tributaria, lo aplica como principio, pues “la mayoría es la regla de oro de la democracia, pero los acuerdos son la regla de oro de la gobernabilidad democrática y de la sustentabilidad de los cambios, especialmente cuando son profundos”.

Estamos en presencia de una concepción de la democracia, que no es necesariamente la única concepción y por lo tanto se podría afirmar, junto al senador, que su definición: “Avanzar (en las reformas) sin negociar no es política, es creerse dueño de la verdad”, es también opinable.

El intelectual argentino J. Nun se pregunta para las sociedades latinoamericanas si la democracia es el gobierno del pueblo o gobierno de los políticos. La cuestión es pertinente, toda vez que Walker entiende que la voluntad del soberano ya no sólo es “simple y ocasional” sino que está supeditada al criterio de los políticos respecto de un bien mayor, que sería la “gobernabilidad democrática”. En otras palabras, son los dirigentes políticos electos democráticamente quienes tendrían el derecho a desprenderse de la “promesa electoral”, en otras palabras de la representatividad cedida por el elector, para determinar a qué promesa renunciar pensando en la gobernabilidad (la que él supone en peligro por las reformas).

[cita]En las condiciones de nuestro país, es obvio que con el grado de concentración de la riqueza y de la distorsión en la conformación del poder político, que favorece a los poderes fácticos, un gobierno de los políticos es preferentemente un gobierno para esos intereses. Gobernar en favor de los sin poder –excepto el poder de su voto y movilización– es también entender que la democracia es más que un método, es hacer valer los proyectos por los cuales se los elige y el modelo de sociedad al que aspiran.[/cita]

Lo anterior implica concebir a la democracia como el gobierno de los políticos, lo que también se ajusta a la concepción schumpeteriana de la democracia como mero procedimiento. Es decir, que cumpliéndose con la existencia de pluralidad de partidos y elecciones periódicas estamos en un régimen democrático, en donde los ciudadanos son libres de elegir a quienes le gobernarán y estos gobernantes adquieren el derecho a tomar las decisiones que estimen necesarias para el “bien del país”, “ de la gobernabilidad democrática” o del sistema político. Así se entiende que Walker diga que la mayoría es fluida, cambiante, evanescente, como las encuestas y –por contraste– se puede afirmar que los políticos serían sólidos, confiables y sabios.

Sin embargo, la cuestión parece más compleja. Para que una democracia funcione requiere de legitimidad, estabilidad y cohesión social, y es esto lo que está siendo horadado en la sociedad chilena. La legitimidad de los dirigentes políticos está bajo cuestionamiento creciente desde las elecciones de 1997, en que comienza a aumentar la abstención y el envejecimiento del padrón electoral, hasta llegar a gobiernos electos con menos de la mitad del pronunciamiento ciudadano; esta deslegitimación se expresa también en la idea de cambiar el sistema binominal porque distorsiona la representación electoral, pero sería el mismo Congreso –que se constituye sobre la base de esa distorsión– el que quiere definir un nuevo modelo constitucional (si es que llegaran a ponerlo en la agenda). La estabilidad, se ha dicho, es frágil en tanto subsista un grado tan agudo de desigualdad social, de inequidad de acceso a la educación, salud, vivienda y pensiones; pero también se hace inestable en tanto subsiste una desigualdad territorial tan marcada y un centralismo político y económico agudo. En esas condiciones es poco probable que la comunidad de habitantes de Chile pueda sentirse con-viviendo juntos, con un proyecto compartido.

Así, el desafío chileno es la construcción de una democracia como gobierno del pueblo, en que los dirigentes políticos cumplan el rol de discutir, negociar y acordar, pero sometidos al control de sus electores, es decir, en condiciones de una democracia verdadera, que tenga un sistema electoral proporcional, iniciativa popular de ley, referéndum y plebiscitos como mecanismos de resolución de las diferencias significativas, entre otros resortes que aseguren el equilibrio entre la voluntad popular y el control sobre sus representantes. La mejor forma de defenderse de los abusos de la mercantilización de los bienes sociales, pero también del estatalismo, es fortalecer la presencia de la ciudadanía con mayores derechos y mejor asociatividad.

En las condiciones de nuestro país, es obvio que con el grado de concentración de la riqueza y de la distorsión en la conformación del poder político, que favorece a los poderes fácticos, un gobierno de los políticos es preferentemente un gobierno para esos intereses. Gobernar en favor de los sin poder –excepto el poder de su voto y movilización– es también entender que la democracia es más que un método, es hacer valer los proyectos por los cuales se los elige y el modelo de sociedad al que aspiran.

Por último, es interesante recordar que el conflicto no es antidemocrático, pues hay instituciones para regularlo. Lo poco democrático es expropiar el debate público, trasladarlo a la tecnocracia para luego refrendarlo entre los miembros de la elite política, dejando un manto de dudas sobre el origen y actores de un acuerdo tras bambalinas. El senador I. Walker ha dicho que los acuerdos le producen urticaria a cierta gente, pero en realidad la urticaria no la producen los acuerdos en sí mismos, es más bien el desprecio a la voluntad popular lo que origina tan molesta sintomatología a la piel.