Opinión
Una reforma bien podría consumarse de un modo que llamaremos “oligárquico”, esto es, a partir de conversaciones que tienen lugar de otra forma: entre un selecto grupo de personas (usualmente hombres) que se reúnen en espacios privados para discutir y concordar los destinos de los próximos 20 o 30 años de Chile sin mucha consideración por las formas democráticas. No se conoce la agenda ni quiénes participaron de esos encuentros. Sólo se conoce el documento final que lleva la firma de los actores que concurrieron.
Resuena en un sector político del país la disconformidad con el acuerdo obtenido entre el gobierno y la Alianza en torno a la reforma tributaria. Se critica el ambiente cupular y secretista que predominó en aquellas negociaciones. Pero ¿tiene algo de malo alcanzar acuerdos si la democracia no es otra cosa que el arte de negociar? ¿Debiésemos rasgar vestiduras si los actores que se sentaron a la mesa son representantes electos de la ciudadanía? ¿Podríamos criticar la buena intención de actores comprometidos a entregar más financiamiento a las políticas sociales que requiere el país?
Estas preguntas contienen una doble interrogante, sobre la posibilidad de promover acuerdos y la forma de alcanzarlos. Y ambas –forma y fondo– están intrínsecamente vinculadas. Para comenzar, ningún demócrata debiese oponerse a la idea de establecer acuerdos, negociar o transar. Parte de la esencia del sistema democrático radica en atender el foro público con la disposición de confrontar ideas, deliberar y obtener resultados que no siempre son los deseados para el fuero interno propio. La democracia, en su versión contemporánea, implica la cesión de poder a un cuerpo de representantes que –atendiendo al balance de poder– deberá establecer políticas públicas. Entonces, no tiene nada de malo generar acuerdos. En democracia los actores deliberan para promover sus ideas e intereses y al final del día las minorías deberán resignarse a aceptar lo que decide la mayoría. Si predomina un acuerdo que no me identifica, deberé hacer ver mi opinión, entregar mis argumentaciones y votar.
Lo anterior se vincula a una segunda dimensión y que es lo que, pienso, provoca más desazón por estos días. En la democracia el espacio público por excelencia es el Congreso Nacional. Allí –teóricamente– se representa la diversidad política, social y cultural del país. En ese foro público debe transcurrir la política, las negociaciones, transacciones y los acuerdos. De este modo, no sólo importa el contenido de las reformas sino que la forma en que se arribó a dicha negociación. Y esta segunda dimensión importa porque el resultado final se verá afectado considerablemente dependiendo de quiénes fueron invitados a negociar y bajo qué condiciones ocurrió aquel acuerdo.
[cita]Durante siglos la política en Chile ha venido transcurriendo de este modo, entre un selecto grupo de personas que se reúne de modo informal y privado para definir el devenir del país. La desazón parece manifestarse con esta forma de hacer las cosas. Mientras la ciudadanía clama por mayores niveles de participación y transparencia en la forma en que se toman las decisiones, los actores políticos continúan aferrados a prácticas ajenas a una democracia moderna. Nunca conoceremos el contenido de lo que se discutió en aquellas reuniones ni quiénes fueron los invitados a la fiesta. Se privilegió la informalidad, el elitismo y el secretismo a la hora de decidir.[/cita]
Muy bien una reforma podría materializarse a partir de reuniones en las Comisiones y pasillos del Congreso. Allí se escucharían las voces de expertos, empresarios, sindicatos, grupos de interés y muchos otros actores interesados que buscarían satisfacer sus intereses. En este modo que llamaremos “democrático” existen momentos de deliberación pública y momentos de conversación privada. Lo relevante es que al final del día existe transparencia sobre quiénes son los mandatados para tomar las decisiones, los temas que se hablaron y quiénes fueron los invitados a conversar.
Pero una reforma bien podría consumarse de un modo que llamaremos “oligárquico”, esto es, a partir de conversaciones que tienen lugar de otra forma: entre un selecto grupo de personas (usualmente hombres) que se reúnen en espacios privados para discutir y concordar los destinos de los próximos 20 o 30 años de Chile sin mucha consideración por las formas democráticas. No se conoce la agenda ni quiénes participaron de esos encuentros. Sólo se conoce el documento final que lleva la firma de los actores que concurrieron.
Parece ser que algo más similar a este segundo escenario ocurrió con la reforma tributaria. Sin mucha consideración por las formas y muy probablemente motivados por un sentido de urgencia, legisladores, empresarios y tomadores de decisión del Ejecutivo iniciaron muchas rondas informales de conversación.
El senador Andrés Zaldívar (DC) realizó un cándido relato de los hechos: “Yo tuve muchas reuniones. Yo tuve reuniones con todos. En mi casa hubo muchas reuniones. Pero, por supuesto, yo siempre he sido partidario de que las negociaciones tienen que ser privadas y no hacia la opinión pública. Pero no por negarle transparencia. Una negociación que tú la haces de cara afuera no resulta nunca, porque salen 20 mil interesados en torpedearla o impedirla. Por lo tanto, yo tuve tantas o más reuniones que Juan Andrés [Fontaine] en su casa, y conversaciones con mucha gente de uno y otro sector” (CNN Chile, 10 de julio, 2014).
La anterior anécdota no debiese llamarnos a sorpresa. Durante siglos la política en Chile ha venido transcurriendo de este modo, entre un selecto grupo de personas que se reúne de modo informal y privado para definir el devenir del país. La desazón parece manifestarse con esta forma de hacer las cosas. Mientras la ciudadanía clama por mayores niveles de participación y transparencia en la forma en que se toman las decisiones, los actores políticos continúan aferrados a prácticas ajenas a una democracia moderna. Nunca conoceremos el contenido de lo que se discutió en aquellas reuniones ni quiénes fueron los invitados a la fiesta. Se privilegió la informalidad, el elitismo y el secretismo a la hora de decidir.
La gran interrogante es si este modelo “exitoso” de hacer una reforma se replicará en otros ámbitos de política pública. ¿Se definirá la reforma a la educación o la nueva Constitución en el living de nuestros representantes? ¿A quiénes se invitará a conversar en estas tertulias? Entonces, no basta con promover un programa de reformas ambicioso. Se requiere una práctica política que institucionaliza formas y procedimientos conocidos y democráticos para arribar a las decisiones. Un sistema democrático en forma.
