Avanzar en este sentido es de vital importancia para la democracia, no sólo porque es importante construir equidad de género en una actividad que está plagada de códigos masculinos, la política, sino porque los proyectos de sociedad sólo son inclusivos si contemplan visiones más amplias de la realidad. Asimismo, los incentivos económicos no son negativos, todo lo contrario, parten del reconocimiento de las enormes brechas existentes entre hombres y mujeres para participar en política y, en consecuencia, de la necesidad de emparejar la cancha.
Estamos en una etapa decisiva en la discusión del proyecto de reforma electoral para la elección parlamentaria, que será votado en la Sala de la Cámara de Diputados en las próximas semanas. En el marco de esta discusión han logrado afortunadamente incorporarse medidas de acción afirmativa de género, una deuda relevante de nuestra democracia con quienes representan el 52% de la población y que tienen, sin embargo, una de las más bajas tasas de representación en espacios de decisión política en América Latina.
En relación a los contenidos específicos de la propuesta, el gobierno propuso preliminarmente la obligatoriedad de criterios de paridad de género en la inscripción de las listas nacionales de los partidos, en que ningún sexo podrá superar el 60% del total de candidaturas. En segundo lugar, propuso la posibilidad de generar un “incentivo al resultado” por cada mujer electa, contemplando una bonificación de hasta 500 UF.
A modo de perfeccionar la primera propuesta, reaccionando también a las indicaciones introducidas por la diputada Clemira Pacheco, el Gobierno limitó la cantidad de candidatos pasando de la fórmula nx2 a n+1 (posibilidad de inscribir un candidato más del total de escaños a disputar), y admitió la posibilidad de estudiar, en vez de un incentivo al resultado, un pago adicional por voto de las candidatas mujeres para acompañar el proceso electoral.
[cita]Avanzar en este sentido es de vital importancia para la democracia, no sólo porque es importante construir equidad de género en una actividad que está plagada de códigos masculinos, la política, sino porque los proyectos de sociedad sólo son inclusivos si contemplan visiones más amplias de la realidad. Asimismo, los incentivos económicos no son negativos, todo lo contrario, parten del reconocimiento de las enormes brechas existentes entre hombres y mujeres para participar en política y, en consecuencia, de la necesidad de emparejar la cancha.[/cita]
Ambas medidas son buenas. De hecho, para la tranquilidad de las futuras candidatas, el mandato de posición fue votado favorablemente en la Comisión, pero en la nueva fórmula de n+1, si no se inscribe el 40% de mujeres por distrito/circunscripción, es altamente probable que las mujeres sean perjudicadas, siendo enviadas a competir (y a perder) a distritos menos competitivos, sólo por “cumplir con la cuota de inscripción” para que las listas no sean descalificadas.
Otra de las preocupaciones en las nuevas indicaciones del gobierno, responde a la posibilidad de soslayar la norma de paridad en el caso de que se realicen elecciones primarias en el territorio. Es sabido que sostener una campaña electoral por más de un año, es complejo no sólo en términos económicos sino también en términos personales. Asimismo las primarias (vistas como una herramienta ciudadana de selección de candidatos), deben introducir dentro de su marco de competencia medidas de acción afirmativa, para responder con los criterios emanados de las nuevas formas que están adquiriendo las normas electorales.
Avanzar en este sentido es de vital importancia para la democracia, no sólo porque es importante construir equidad de género en una actividad que está plagada de códigos masculinos, la política, sino porque los proyectos de sociedad sólo son inclusivos si contemplan visiones más amplias de la realidad. Asimismo, los incentivos económicos no son negativos, todo lo contrario, parten del reconocimiento de las enormes brechas existentes entre hombres y mujeres para participar en política y, en consecuencia, de la necesidad de emparejar la cancha.
Los resultados de este proceso son prometedores porque, de incorporarse estas medidas propuestas, se implementará un sistema electoral moderno y efectivamente inclusivo, pero es necesario hacer dos consideraciones finales. Primero, que la efectividad de este proceso implicará no sólo la aprobación de la normativa sino que la vigilancia ciudadana para que el cumplimiento de esta ley sea más que una cuestión meramente simbólica. En efecto, experiencias como la mexicana muestran que debemos evitar a toda costa que se produzca un fenómeno como el de “las juanitas”, es decir, que los partidos cumplan con la ley llevando mujeres que estén luego dispuestas a renunciar para ceder al cupo a su compañero de lista, cuestión que no es tan lejana si se piensa que en la elección de concejales ya hubo un bullado caso de una concejala que apenas alcanzó a ejercer su rol. Por último, lo cierto es que esta es una oportunidad para avanzar también hacia otros espacios de representación política de las mujeres, como los partidos políticos, los gobiernos regionales y locales.
