Interesante, a la vez que necesaria, la controversia suscitada producto de la ofensiva mediática –no cabe llamarla de otra forma- ante dos hechos de la semana recién pasada: el atentado explosivo en el metro Escuela Militar, el lunes 7, y el recuerdo de los 41 del golpe cívico militar liderado por Augusto Pinochet, el jueves 11.
En el caso del bombazo, la portada de La Segunda, con el titular “El retorno del miedo”, y el reportaje “Radiografía a los colectivos estudiantiles”, de Canal 13, emitido el lunes previo, fueron las prácticas editoriales que encendieron las alarmas de la ciudadanía y de las instituciones. Entre ellas, la del Colegio de Periodistas.
En el caso del vespertino de la cadena de El Mercurio, se entendió como un intento de infundir temor desmedido entre la población, más allá de los hechos, llevando incluso a la ciudadanía a ligar el mencionado titular con acciones y portadas de un pasado del cual La Segunda no debiera sentirse particularmente orgullosa. En el del ex Canal del Angelito, por la forzada vinculación de la legítima organización anti sistémica de grupos estudiantiles con el artefacto explosivo que dejó 14 heridos.
Si para algo ha servido esta discusión es, precisamente, para recuperar la convicción de que la objetividad en los medios de comunicación no existe. Que desde el momento en que el editor de un medio escoge un tema (o cuando lo omite), define el enfoque y las palabras, los tiros de cámara, ángulos, está definiendo el tipo de mensaje que entregará. En concreto, un discurso subyacente.
Lo antes dicho no debe confundirse con la práctica de torcer datos. Alude a la sutileza de elegir el formato y el contenido del mensaje. Aún recuerdo un titular de El Mercurio hablando del proyecto de ley “de inscripción obligatoria, voto voluntario”, aludiendo al que el gobierno de la época llamaba “de inscripción automática, voto voluntario”, que en términos procedimentales era lo mismo aunque con un sentido totalmente distinto. No es igual quedar “automáticamente inscrito” en los registros electorales al cumplir 18 años, que quedar “obligatoriamente inscrito”. La intención de predisponer negativamente a la ciudadanía frente a una iniciativa coercitiva era notoria.
Considerando la agenda pro “mano dura” y de restricción de libertades individuales cívicas de un sector político, las acciones de La Segunda y Canal 13 no dejan muchas dudas. Y así lo manifestó el Colegio de Periodistas: “Infundir temor en la población no aporta a la democracia y no debe ser nunca utilizado por los medios de comunicación como herramienta para validar agendas editoriales”.
Pero no fue lo único.
La discusión sobre el inserto alusivo al acuerdo de la Cámara de Diputados pre 11 de septiembre, también ha abierto el debate sobre la libertad de expresión. Fue la presidenta de los periodistas, Javiera Olivares, quien expresó que tal publicación atentaba contra los principios democráticos, aquellos a los cuales adhiere el Colegio en su código de ética.
El columnista de El Mercurio, Carlos Peña, respondió acusando una supuesta incoherencia entre su opinión crítica sobre el inserto y la preeminencia que nuestra orden profesional da a la libertad de expresión. El planteamiento del Rector se internó así en una discusión histórica frente a la colisión de dos derechos que nos son esenciales: la garantía de poder expresar la opinión propia (incluso aunque sea divergente del discurso hegemónico) versus los límites de esta manifestación cuando, por ejemplo, se vulnera la dignidad de la persona o el concepto de democracia al que adherimos, como pareciera ser en este caso. Muchos medios se reservan el derecho a publicar insertos si estos van contra su política editorial o valores que les son esenciales.
Cuando Carlos Peña cuestiona la opinión de Javiera Olivares, transita el mismo camino que él critica en su carta: ¿Está planteando el Rector una censura a la dirigenta, que no debió haber dicho lo que dijo, en contraposición a su propia defensa -la de Peña- de la libertad de expresión? Por cierto que no. Está haciendo una legítima crítica política a lo expresado, que es lo mismo que hiciera Olivares. Ella dio una opinión frente al actuar de los medios de comunicación, en lo que muchos periodistas consideramos el rol social de la prensa. Por ejemplo, su adhesión a los valores democráticos. Porque el tema no era la publicación de un documento histórico, como se ha dicho. Era el encabezado que hacía una legitimación –pasada y presente- de la intervención armada.
Los periodistas abogamos por la libertad de expresión, pero también por la democracia y la defensa de los derechos humanos. Y buscamos permear con esta mirada a todas las instituciones, incluidos los medios ¿O alguien considera que la prensa está por sobre el bien y el mal, intocable, protegida del escrutinio ciudadano, en un estadio de impunidad periodística?
Por cierto que este debate no terminará aquí. Quedará abierto, porque es un clásico en la historia de humana. Lo que se precisa es generar discusión sobre ello, producir reflexión crítica que nos permita avanzar como sociedad. Una donde, por ejemplo y ejerciendo mi derecho a opinar, haya claridad en que ensalzar los golpes -y amenazar con ellos en el presente- debe ser rechazado mayoritariamente por la ciudadanía.
Ahora, no nos confundamos: ¿Rechazo el uso mediático de atentados explosivos para instalar agenda pro “mano dura” y la legitimación de golpes, para interrumpir el cauce democrático? Sí. ¿Apoyo ley de censura previa? No.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
