Opinión
En la actualidad no todos los jóvenes chilenos pueden aspirar a los institutos militares de formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden, debido a que el Estado no financia dichas carreras, siendo los padres los que deben contribuir monetariamente a su formación. Por ejemplo, se debe cancelar una mensualidad de entre 10 u 11 UF dependiendo de la escuela a la que se postule; una matrícula cuyo valor también se paga en unidades de fomento; y además una póliza que se deposita a través de una cuenta corriente y que en el caso de la Escuela Militar tiene un valor mínimo de 29,5 UTM.
En Chile, el ingreso de los postulantes a las escuelas de formación castrense está determinado por el nivel socioeconómico de sus familias. Es por esta razón que presentamos una modificación a las leyes orgánicas constitucionales Nº18.948, Nº18.961 y al Decreto Ley Nº2.460, buscando consagrar la gratuidad y no discriminación en el ingreso a los planteles educacionales de la Fuerzas Armadas y de Orden.
Este proyecto de ley pretende ser un complemento al conjunto de medidas legislativas que son parte de la reforma educacional comprometida a la nación en el Programa de Gobierno de La Nueva Mayoría. Es decir, al igual que la reforma, busca la construcción de un sistema educativo inclusivo que ofrezca igualdad de oportunidades frente al aprendizaje, conocimiento, competencias y valores, que aseguren un íntegro desarrollo personal y colectivo para avanzar hacia un país con mayor justicia y democracia.
La idea es corregir la desigualdad para acceder a centros de educación superior, dentro de los que se encuentran los institutos militares de formación de “Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden”, los cuales, no debieran estar ajenos al proceso de reforma.
[cita]Nuestro proyecto pretende poner fin a la diferencia arbitraria y discriminatoria en los procesos de admisión entre las escuelas de suboficiales y oficiales. Las primeras son financiadas plenamente por el Estado, mientras que las segundas tienen un alto costo económico para el aspirante y su familia, lo que provoca una barrera que profundiza y reproduce la segmentación entre sectores bajos y sectores altos en la cúpula militar.[/cita]
En la actualidad no todos los jóvenes chilenos pueden aspirar a los institutos militares de formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden, debido a que el Estado no financia dichas carreras, siendo los padres los que deben contribuir monetariamente a su formación. Por ejemplo, se debe cancelar una mensualidad de entre 10 u 11 UF dependiendo de la escuela a la que se postule; una matrícula cuyo valor también se paga en unidades de fomento; y además una póliza que se deposita a través de una cuenta corriente y que en el caso de la Escuela Militar tiene un valor mínimo de 29,5 UTM.
Claramente todos estos requisitos de índole económica provocan una discriminación de gran parte de los jóvenes de nuestro país, ya que su costo permite que sólo puedan acceder jóvenes pertenecientes a las familias con mayores recursos, lo que nada tiene que ver con capacidades físicas o cognitivas de los postulantes.
La composición de las Fuerzas Armadas debe ser expresión de la diversidad democrática que compone a la sociedad. Esto garantiza la seguridad democrática debido a que en el seno de las instituciones militares están presentes y conviven las diferentes clases, grupos e ideologías y los valores democráticos no solo son señalados y estudiados en lo abstracto por los futuros suboficiales y oficiales, sino que son asimilados a partir de la materialidad social en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje militar y policial.
La poca diversidad en la composición de clase de la oficialidad chilena contribuyó a la deliberación política de las Fuerzas Armadas y de orden a favor de un determinado sector social, político y económico. Composición de clase que aún persiste dentro de éstas.
Nuestro proyecto pretende poner fin a la diferencia arbitraria y discriminatoria en los procesos de admisión entre las escuelas de suboficiales y oficiales. Las primeras son financiadas plenamente por el Estado, mientras que las segundas tienen un alto costo económico para el aspirante y su familia, lo que provoca una barrera que profundiza y reproduce la segmentación entre sectores bajos y sectores altos en la cúpula militar.
La educación militar y policial es el ámbito donde se deben concentrar los mayores esfuerzos para la consolidación de los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, apuntando a la capacidad de constante perfeccionamiento de las instituciones respecto de la defensa de la vida, la solidaridad, la justicia y la soberanía.
Es fundamental que en su formación los futuros oficiales reflejen la diversidad de la sociedad chilena para que así se produzca un intercambio de visiones con camaradas de distinto origen social, cultural y económico y con distintas opciones políticas, religiosas, sexuales o de género.
Fuerzas Armadas y de Orden, compuestas por la amplia gama de colores que tiene Chile y con planes y programas que fomenten el respeto a los derechos fundamentales, son los mejores antídotos para enfrentar a esas nefastas doctrinas, importadas desde el norte, que califican a compatriotas como “enemigos internos”, solo por tener ideas distintas.
