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La santa “Santa SEP” en escuelas pobres

Alejandra Falabella
Por : Alejandra Falabella Facultad de Educación U. Alberto Hurtado
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La exigencia de metas Simce y responsabilización por resultados en estos establecimientos –como lo hace la política– es inefectivo e injusto. Se requiere de un cambio de paradigma. Pasar de un modelo de estandarización, prescripción y amenaza, con una asistencia técnica intermitente y externalizada (ATE), a un modelo de apoyo integral y profesionalizante, que contemple un sistema territorial de apoyo y asesoría permanentes; metas y evaluaciones contextualizadas y a largo plazo; y un mejoramiento sustantivo de las condiciones de trabajo de los docentes.


Es usual escuchar opiniones respecto a las bondades relativas de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), y también es común escuchar a directores de establecimientos escolares hablar de la “Santa SEP”, pues a través de ella pueden recibir hasta un 60% más de la subvención.

Es cierto, ¿quién podría negarse a decir que los establecimientos que atienden a niños en contexto de pobreza no requieren mayor financiamiento?

Pero se debe entender bien que la SEP no es simplemente un aumento del voucher, pues se entrega a condición de incrementar, por ejemplo, los resultados Simce, entre otras metas “de eficiencia”. La lógica que esta política supone es que la rendición de cuentas por resultados, junto a mayores recursos y asistencia técnica (ATE) generarían una mejora continua en los establecimientos.

El discurso de la política ha sido que estas escuelas “a pesar” de su contexto vulnerable deben incrementar sus resultados, y se exponen ejemplos de “escuelas eficaces” para animar a otros que es posible, que sí se puede. No obstante, la política niega la compleja y diversa realidad a la que se enfrentan las escuelas en contexto en pobreza.

Pues bien, al contrario de lo que se cree y sobre la base de un reciente estudio empírico (y a manera de continuación de una columna anterior) es posible argumentar que –particularmente– en las escuelas con bajo rendimiento y ubicadas en contextos de marginalidad urbana, es donde la política de rendición de cuentas de la Subvención Escolar Preferencial genera mayores efectos nocivos; y, esto, a pesar de la entrega de mayores recursos y apoyo técnico.

[cita]La exigencia de metas Simce y responsabilización por resultados en estos establecimientos –como lo hace la política– es inefectivo e injusto. Se requiere de un cambio de paradigma. Pasar de un modelo de estandarización, prescripción y amenaza, con una asistencia técnica intermitente y externalizada (ATE), a un modelo de apoyo integral y profesionalizante, que contemple un sistema territorial de apoyo y asesoría permanentes; metas y evaluaciones contextualizadas y a largo plazo; y un mejoramiento sustantivo de las condiciones de trabajo de los docentes.[/cita]

En estos casos, la vida escolar tiende a girar en torno al cumplimiento de metas estandarizadas, y se identifican mayores prácticas de adiestramiento para el Simce y de presión hacia los niños.

Los docentes muchas veces lamentan estos efectos negativos, pero a la vez sienten que es tal el riesgo de ser mal evaluados, que deben realizar estas prácticas para asegurar un mejor rendimiento, sacrificando responder a las necesidades contextuales y seguir sus propios criterios profesionales.

Cuando se visita este tipo de escuelas es común escuchar un alegato constante respecto a las dificultades que significa trabajar allí, como es la atención a niños con mayores dificultades de aprendizajes (generalmente excluidos de otras escuelas); la alta rotación docente y licencias médicas recurrentes; alta diversidad en el aula; frecuentes problemas socioemocionales de las familias; y la dificultad para atraer docentes bien preparados.

En estas escuelas de marginalidad urbana existe una fuerte sensación de ser incomprendidos por la política y de ser juzgados injustamente; de ser los últimos en el ranking a pesar del enorme esfuerzo pedagógico, emocional y físico que exige el trabajo docente. Para muchos esto puede ser una autovictimización de los actores, pero es a la vez un intento de parte de ellos de comprender y legitimar las dificultades sistémicas a las que se enfrentan.

La exigencia de metas Simce y responsabilización por resultados en estos establecimientos –como lo hace la política– es inefectivo e injusto. Se requiere de un cambio de paradigma. Pasar de un modelo de estandarización, prescripción y amenaza, con una asistencia técnica intermitente y externalizada (ATE), a un modelo de apoyo integral y profesionalizante, que contemple un sistema territorial de apoyo y asesoría permanentes; metas y evaluaciones contextualizadas y a largo plazo; y un mejoramiento sustantivo de las condiciones de trabajo de los docentes.

Así, sí podríamos pensar en una “Santa SEP” que apoye de modo más certero a las escuelas que trabajan en contextos de pobreza.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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