La sostenida negativa a considerar la restitución de los territorios ancestrales y a contemplar mecanismos de solución que consideren dichos territorios, no permite augurar una mejor relación de los pueblos indígenas con el Estado de Chile. Mientras ello no cambie, lamentablemente, se mantendrá la situación de desprotección de derechos indígenas que ha sido característica de los últimos años en Chile y es muy posible que prosiga la situación de conflicto entre estas comunidades y el Estado.
En el último año, la relación de los pueblos indígenas con el Estado chileno ha sido, sin duda, un foco importante de conflictos. En el centro se encuentra el problema de la entrega de territorios como eje crucial de las relaciones entre el Estado y pueblos indígenas. En el Informe de DDHH UDP 2014 constatamos que existe un importante desconocimiento sobre estos temas. Así, si bien se informa profusamente acerca de conflictos judiciales, protestas y enfrentamientos, poco se sabe sobre la política pública de entrega de tierras, sobre las demandas de los pueblos indígenas, los presupuestos destinados a ello y las funciones de la CONADI.
Todos los pueblos indígenas, que habitan de norte a sur de Chile, mantienen una relación especial y distinta con el territorio en el que habitan. Si bien sus demandas territoriales son similares –todos piden restitución de sus territorios ancestrales de los que fueron despojados– las relaciones históricas con el Estado de Chile han sido distintas y así también son diferentes las posibles soluciones. Mientras en el caso de los pueblos indígenas del norte y en Rapa Nui la mayoría de las tierras reivindicadas son fiscales, la mayor cantidad de tierras reivindicadas por el pueblo mapuche se encuentran en manos de privados, lo que influye fuertemente en el camino seguido y a seguir en sus relaciones con el Estado.
[cita]La sostenida negativa a considerar la restitución de los territorios ancestrales y a contemplar mecanismos de solución que consideren dichos territorios, no permite augurar una mejor relación de los pueblos indígenas con el Estado de Chile. Mientras ello no cambie, lamentablemente, se mantendrá la situación de desprotección de derechos indígenas que ha sido característica de los últimos años en Chile y es muy posible que prosiga la situación de conflicto entre estas comunidades y el Estado.[/cita]
Los instrumentos internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT, son claros en señalar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. Dicho convenio resalta el deber que tienen los gobiernos de reconocer “la importancia de la tierra para las culturas indígenas, asumiendo que el concepto tierra incluye el de territorios”, además “reconoce el derecho colectivo de propiedad basado en títulos ancestrales y establece el deber del Estado de proteger tales derechos”. Del mismo modo, en numerosas oportunidades la comunidad internacional le ha llamado la atención al Estado de Chile, respecto al tratamiento que da a los pueblos indígenas y la urgente necesidad de resolver los conflictos territoriales.
¿Cuál es el rol de la CONADI en la compra de tierras? A grandes rasgos, la Ley 19.253 considera como tierras indígenas aquellas que provienen de títulos emanados del Estado. En otras palabras, solo son tierras indígenas aquellas que el Estado reconoce como tal o las que ha entregado con tal efecto. Los objetivos centrales de la CONADI y el Fondo de Tierras y Aguas (FDTA), se resumen en el otorgamiento de subsidios para la adquisición de tierras (artículo 20, letra a), el financiamiento de mecanismos que den solución a problemas de tierras (artículo 20, letra b) y el financiamiento de la constitución, regularización o compra de derechos de aguas (artículo 20, letra c).
Bajo la vigencia de la Ley Indígena se han entregado en total 187.173 hectáreas con una inversión monetaria de 275.714.809.751 pesos, según información aportada por CONADI –70.555.355.444 pesos por artículo 20 a) y 205.159.454.307 pesos por artículo 20 b)–. Respecto a las tierras fiscales entregadas desde 1994 se han traspasado 278 mil hectáreas.
En las últimas semanas hemos sido testigos de un recrudecimiento del conflicto en la Araucanía como reacción al asesinato de José Quintriqueo en el Fundo Nilpe. Marchas, quemas de maquinarias, enfrentamientos, ingreso de nuevo contingente policial y vehículos pesados en Arauco, son solo un botón de muestra. Junto con ello, se ha informado de conflictos entre el Intendente Huenchumilla y el director de CONADI, acusando el primero que CONADI está agotada y cooptada políticamente, mientras que en la Cámara de Diputado se han formado comisiones por supuesta malversación de fondos públicos en el organismo y presiones políticas para entregas de tierras.
Sin embargo, constatamos que estos sucesos no han traído consigo anuncios de cambios en la política de entrega o restitución de territorios a los pueblos indígenas. El enfoque de la política de tierras se centra en la superación de la pobreza como eje central, basado en un concepto económico de la tierra, entendida como un factor productivo y no como un elemento esencial de la cosmovisión indígena. De este modo, no existe un mecanismo legal de restitución de territorios indígenas, sino uno de compra de tierras, que no reconoce el legítimo derecho que tienen estos pueblos a reconstruir sus territorios y que, por tanto, no constituye una herramienta que dé cabal solución al problema territorial de los pueblos indígenas en Chile.
Establecer cuáles son estas tierras es claramente una materia compleja, en la que se entrecruzan la necesidad de respetar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales, los derechos de los descendientes de colonos que fueron localizados en el territorio por el Estado y los de campesinos no indígenas que habitan en esos lugares. La reconstrucción de los territorios ancestrales no es una tarea sencilla, pero ello no exime al Estado de su obligación de abocarse a la tarea. Resulta claro, eso sí, que el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas establece la obligación del Estado de reconocer dichas tierras ancestrales.
La operación del FDTA adolece también de serias deficiencias que vulneran los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios. En el Informe se plantean críticas respecto a la falta de procedimientos transparentes en los mecanismos de restitución y/o entrega de tierras, la inexistencia de criterios preestablecidos, las presiones o injerencias que existirían en el proceso de selección de los predios a adquirir, el uso del mercado como medio principal de restitución de tierras y la falta de acompañamiento productivo a las comunidades a las que se les compra tierra.
La protección de los derechos de propiedad sobre tierras, territorios y recursos naturales de ocupación tradicional que hoy brinda el derecho internacional, no solo impone a los Estados el deber de identificar, demarcar y titular dichas tierras, territorios y recursos en su favor, teniendo presente para ello sus formas de tenencia comunal, como se ha argumentado; también constituye una oportunidad para revertir los procesos de desposeimiento de los que fueron víctimas en el pasado. Ello, con el objeto de garantizar a estos pueblos su sobrevivencia material y cultural, así como la vida digna de sus integrantes en el futuro. La acción estatal en este sentido debe buscar, además, reparar las injusticias históricas cometidas para con estos pueblos, y garantizar una convivencia más armónica entre todos los pueblos y el Estado.
La sostenida negativa a considerar la restitución de los territorios ancestrales y a contemplar mecanismos de solución que consideren dichos territorios, no permite augurar una mejor relación de los pueblos indígenas con el Estado de Chile. Mientras ello no cambie, lamentablemente, se mantendrá la situación de desprotección de derechos indígenas que ha sido característica de los últimos años en Chile y es muy posible que prosiga la situación de conflicto entre estas comunidades y el Estado.
