Resulta que nos tenemos que defender de las empresas y del Gobierno y no tenemos a quien recurrir, porque el proyecto del Defensor del Pueblo, el Ombudsman nadie lo manda a legislar.
Se suponía que el Estado nos tenía que defender de los enemigos extranjeros. Para eso teníamos a nuestras FF.AA. Los Carabineros nos defendían de los malos y los gobiernos de todo el resto. De las empresas no era necesario, porque ellas eran buenas, nos daban trabajo. Eso nos enseñaban en Educación Cívica, cuando había clases de Educación Cívica. Cuando los picantes aprendíamos francés e inglés en los colegios gratuitos.
Pero resulta que nos tenemos que defender de las empresas y del Gobierno y no tenemos a quién recurrir, porque el proyecto del Defensor del Pueblo, el Ombudsman nadie lo manda a legislar. ¿Por qué no quieren que nos defiendan?
Si alguien nos defendiera no ocurrirían cosas tan espantosas como la contaminación del agua en Arica. Se dice que las aguas están contaminadas aún hoy por las 2.000 toneladas de basura tóxica compuesta de arsénico, mercurio, plomo y zinc que nos depositaron en el Cerro Chuño, los suecos, esos que admiramos por su sistema político. Con el sello del Ministerio de Salud, entre 1985 y 1989, la empresa importadora chilena Procesadora Metalúrgica, PROMEL, recibió la basura que la Boliden Metall nos envió desde un muelle de Estocolmo. PROMEL procesaría la basura, pero en 1993 notificó al Gobierno que por problemas financieros no podía procesar el material recibido, abandonándola.
Sin informarse, ni hacer el más mínimo análisis, en 1995 el Gobierno comenzó a construir cinco villas para 12 mil personas en el lugar donde estaba la basura. En 1997, tras varias denuncias, los desechos fueron trasladados a una quebrada. Las quince mil personas de las poblaciones Los Laureles, El Solar, El Amanecer, San Valentín, Santiago Arata Gandolfo, Industriales I y Villa Puerta Norte, entre otras, nunca se imaginaron el costo que tendrían que pagar por el sueño y esfuerzo de muchos años: su casa propia.
En 2007, la Corte Suprema determinó que PROMEL y sus socios debían reparar el daño y el Estado indemnizar a las 365 personas que participaron en la demanda con $8 millones para cada una. Ese mismo año, los abogados del estudio jurídico de la Fiscalía del Medio Ambiente acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado respondiera por todos los afectados.
No pasó nada, aunque, en noviembre de 2009, Rolf Svedberg, Consejero de Medio Ambiente en la Corte Suprema de Medio Ambiente de Suecia y ex Jefe de Medio Ambiente de la Boliden, se autocritica :
“Hace 25 años le recomendé a la empresa minera Boliden, exportar 20.000 toneladas de desechos a la ciudad de Arica en el norte de Chile.
“El objetivo era que una empresa chilena rescatara minerales de los desechos. Pero esto no ocurrió nunca y en su lugar cientos de chilenos se han enfermado por exposición al plomo, al mercurio y al arsénico. Quienes más sufrieron estos efectos fueron los niños que utilizaban los desechos como lugar para sus juegos.
“Sin tener ninguna información ni conocimiento de los peligros, los niños usaban el lugar como resbalín, y con el barro negro hacían figuras. Como resultado nacieron niños con malformaciones, aumentaron los casos de pérdidas por embarazo, los niños sufrieron daños en su sistema nervioso, en el cerebro y en el esqueleto. Yo sentí que tenía el apoyo de la dirección de la empresa para encontrar la mejor solución para los desechos que desde hace más de medio siglo se habían acumulado en las instalaciones que la empresa tenía en la zona de Ronnskars y que significaban riesgos para el medio ambiente y las personas que habitaban la zona. Las alternativas que entonces discutimos eran la de enterrar el material de una manera ambiental segura, o encontrar un socio con interés de rescatar algún o algunos de los minerales que todavía existían en los desechos. Cuando la empresa chilena Promel demostró interés por el material, yo entendí que era una propuesta seria. Chile era considerado en esos tiempos un super poder, tanto en el campo minero como en producción de arsénico, y las relaciones comerciales entre empresas chilenas y suecas eran muy amplias. Viajé a Chile para asegurarme que Promel tenía la capacidad y la competencia de procesar el material. Nosotros estimamos que obtuvimos respuestas satisfactorias. La idea de que Promel recibiría el dinero y dejaría el material al descampado no me preocupó mayormente. Tampoco me preocupó que las autoridades chilenas autorizaran la construcción de viviendas en la más absoluta cercanía del material que íbamos a exportar. Fueron una serie de decisiones conjuntas, errores y desentendimientos los que al final condujeron a una enorme catástrofe.”
Pero el Gobierno chileno ignoraba que la Boliden Metall se destaca en el mundo por este tipo de exportación, que es la mayor recicladora de basura electrónica y de baterías usadas del mundo. Más aún que en 2001 tenía otros negocios en Chile.
En 1998, BOLIDEN contaminó el Río Guadiamar en Doñana, España, lo que fue considerado como el mayor desastre ecológico sufrido en Europa desde Chernobyl.
El 25 de abril de 1998 se reventó un depósito de residuos piríticos de la mina sevillana de Aznalcóllar, administrada por Boliden-Aprisa. Esto provocó un vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de lodo que contenían arsénico, mercurio y cadmio, entre otros metales pesados. La catástrofe tuvo lugar en las cercanías del Parque Natural de Doñana, una de las mayores reservas de pájaros de Europa. El Gobierno español multó al consorcio con 45 millones de euros, pero según los abogados de Boliden-Aprisa, la empresa no fue responsable del desastre. La suma impuesta por el gobierno incluyó indemnizaciones por daños al dominio público hidráulico, así como reposiciones de los lugares afectados, entre ellas la retirada de lodos, expropiaciones forzosas y la impermeabilización de la Marisma de Doñana.
Boliden rechazó toda responsabilidad, acusó de la rotura a varias empresas constructoras y presentó un recurso de apelación que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid, puesto que se consideró probado que Boliden construyó unos pozos que causaron la rotura de la balsa. La justicia sueca admitió la petición de que pudiera ejecutarse en el país nórdico un embargo cautelar por el valor de 141 millones de euros. Pero la compañía se afianzó y consiguió eludir el embargo de bienes que instó la Junta de Andalucía en Suecia. Hasta hoy día, la Boliden no ha pagado un euro a España. A 2014, la empresa Boliden, propietaria de la mina y el embalse, no ha pagado por los daños generados en el entorno del río Guadiamar y de Doñana y no piensa hacerlo, ya que en su Memoria Anual indica que no prevé que los pleitos que tiene abiertos tengan “un impacto negativo significativo en los beneficios de la explotación de Boliden, la rentabilidad a la situación financiera”.
En Chile tampoco pagó, solo se lamentó y la PROMEL ni siquiera se disculpó.
En 2013 la Corte Suprema decretó que el Servicio de Salud de Arica debe pagar $10.000.000 a cada uno de los cuatro demandantes, por su responsabilidad en la falta de servicio al acopiar residuos mineros tóxicos en el cerro Chuño, lo que provocó contaminación de los sectores aledaños y afectó la salud de los vecinos.
Es decir, hubo cuatro familias afectadas y a cada una de ellas el Ministerio de Salud, después de 28 años, paga $10 millones de pesos. También en 2013, el Gobierno chileno comenzó a reconstruir casas de los afectados.
También, diversos organismos se coordinan para contribuir a purificar el agua de Arica. Los afectados con malformaciones y otras enfermedades producidas por la basura tóxica recurrirán al Servicio Nacional de Salud, el mismo que aprobó su importación.
Como siempre, paga Moya.
