Opinión
Me parece que lo dicho hasta acá, en el entendido de que se adhiere a una concepción igualitaria que considera a la educación como derecho social y pone como criterio central de su distribución a la ciudadanía, permite contestar esta pregunta con un “no” y, por tanto, abrirse a la idea de suprimir la educación pagada.
Carlos Peña, en su columna de El Mercurio del domingo 23 de noviembre, señaló retóricamente que: «Cuando sea interpelado, el ministro deberá responder una sola pregunta. Si el lucro es malo, si la selección es mala, si el copago es malo, ¿por qué entonces no se suprime la educación particular pagada, esa donde él, la Presidenta y los promotores de la reforma envían a sus hijos?…”.
Finalmente no se le hizo esa pregunta al ministro… No pretendo responder por él, pero sí esbozar una posible respuesta frente a la inevitable pregunta que formula el rector Peña.
Comenzaré con alguna información sobre la educación pagada, para enseguida plantear algunos “criterios” de respuesta y concluir con la respuesta.
La educación pagada atiende a un 7.5% de la matrícula: 252.680 estudiantes, en 602 establecimientos urbanos. De ellos, 277 son laicos, 185 católicos, 34 de otras religiones y sobre 106 no se tiene información. El precio parte en alrededor de $140.000 mensuales y llega a $500.000 en los más exclusivos. Varios cobran además una cuota de incorporación que puede sobrepasar los $3.500.000.Para tener una referencia: un colegio subvencionado gratuito educa con alrededor de $60.000 mensuales y los con financiamiento compartido con un ingreso mensual por estudiante de entre $65.000 y $127.000.
[cita]Tal vez, lo primero podría ser facilitar el camino a los colegios pagados que quieren convertirse en particulares subvencionados. Para ello se podría permitir que cambien progresivamente, desde cursos inferiores (por ejemplo, ingreso 2016), a particulares subvencionados con financiamiento compartido de pago máximo y que vayan disminuyendo su pago según quede estipulado en la ley que suprime el financiamiento compartido.[/cita]
Comparativamente los resultados académicos del subsector son muy superiores. Así, el 93,9% de los ex alumnos de colegios pagados que rinden la PSU supera los 450 puntos exigidos para postular en el sistema de admisión centralizado (mientras que solo el 57.4% de los ex alumnos de colegios municipales y el 70,5% de los de colegios particulares subvencionados lo logra). Desde otra métrica: en 2014 de los 100 colegios con mejores puntajes PSU, 93 fueron pagados, 4 particulares y 3 particular subvencionados.
Incluso, un reportaje de La Tercera de hace seis años se preguntó ¿dónde estudiaron los gerentes generales de las 100 más grandes empresas? 84% lo hizo en colegios particulares pagados (7,5 % de los colegios) y el 50% en solo 5 colegios (0,04% de los colegios del país). Y se trataba de un fenómeno en progresión: los colegios pagados educaron al 77,8% de los gerentes mayores de 50 años y al 90% de los menores de 50 años.
Las consecuencias son claras. Es sabido que Chile es uno de los países con más alto índice de segregación social en la escuela: 53 puntos –Índice de Duncan– contra 9 de Finlandia, 26 de Estados Unidos y 40 de otros países latinoamericanos como Colombia y México (Dupriez, 2010). Ahora bien, la segregación en los colegios pagados es máxima: según un estudio reciente (Valenzuela y otros, 2013) llega a 90 puntos en la misma escala.
La investigación ha mostrado largamente que cuando hay mixtura ganan académicamente los que proceden de medios menos escolarizados y no se perjudican quienes proceden de medios más escolarizados. Pero, más allá de los resultados académicos, es claro que la segregación mella severamente la contribución de la educación a la integración social y limita su capacidad de “enseñar” la igualdad y la democracia.
Diversos referentes nos permiten fundar un juicio sobre la situación descrita.
En primer lugar, el derecho a la educación. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se ha establecido que “toda persona tiene derecho a la educación”, que la educación debe ser obligatoria y gratuita y que el acceso a la educación superior debe ser igualitario, en función de los méritos.
Desde los años 50 hacia acá, se ha venido profundizando el concepto de igualdad de oportunidades educativas, pasando de una concepción meritocrática que subraya que el criterio de distribución de la educación obligatoria debe ser el mérito y no la riqueza, a una concepción igualitaria que pone como criterio central la ciudadanía, señalando que ni el talento ni la riqueza debieran ser relevantes.
Coexistiendo con la discusión anterior, se ha dado la oposición entre una comprensión mercantil, para la cual el deber del Estado es asegurar un mínimo de educación para todos, sobre el cual quienes tienen los medios pueden pagar una educación mejor. Para esta posición ni la segregación ni la transmisión intergeneracional de privilegios son vistas como problema. En contraposición está la comprensión de la educación como un derecho social, que exige el acceso de todos a la misma educación como camino de incorporación igualitaria a la sociedad y como base de la democracia. Esta visión insiste también en que la educación obligatoria es previa al mérito.
Me parece que lo dicho hasta acá, en el entendido de que se adhiere a una concepción igualitaria que considera a la educación como derecho social y pone como criterio central de su distribución a la ciudadanía, permite contestar esta pregunta con un “no” y, por tanto, abrirse a la idea de suprimir la educación pagada.
Sin embargo, como muy probablemente no llegaremos a esa medida en el corto plazo, propongo a continuación un par de medidas posibles para avanzar en esa dirección.
Tal vez, lo primero podría ser facilitar el camino a los colegios pagados que quieren convertirse en particulares subvencionados. Para ello se podría permitir que cambien progresivamente, desde cursos inferiores (por ejemplo, ingreso 2016), a particulares subvencionados con financiamiento compartido de pago máximo y que vayan disminuyendo su pago según quede estipulado en la ley que suprime el financiamiento compartido.
Una segunda medida puede ser poner un impuesto importante a la educación pagada, lo que llevaría a encarecerla y, por tanto, a disminuir su matrícula. Una alternativa posible es que este impuesto pueda ser pagado con becas, lo que tendría el efecto de generar más mixtura social al interior de la actual educación pagada.
