Sabemos que no podemos seguir con lo que tenemos como sistema educacional. No sabemos cuál es la capacidad ideológica y la voluntad política de los que están por la profundización democrática. Sabemos que hay una derecha política y empresarial llena de soberbia y asustada por la necesidad de los cambios. Aún no sabemos si los objetivos de los proyectos de ley en discusión podrán concretarse, mientras que el diseño de lo que será la educación pública aún no está parado. Nada sabemos, en consecuencia, de cómo será la relación entre la educación pública privada, de cómo convivirán y cuáles serán las orientaciones científicas, humanistas y tecnológicas que florecerán en el nuevo escenario.
¿Cuál es la capacidad que tiene el Estado chileno, disminuido por el peso de un mercado omnipresente, de hacer una verdadera reforma educacional?
Dar una respuesta adecuada a esta pregunta es central para comprender lo que pasará en los próximos años en educación, pero también en salud, en transportes, en la lucha contra los monopolios, la seguridad, las pensiones, la delincuencia… o el castigo a la corrupción.
En la publicitada interpelación de la diputada María José Hoffmann (UDI) al ministro Nicolás Eyzaguirre, me quedó claro que la derecha no quiere ningún cambio al sistema educativo chileno. Le preocupa más las ganancias de los sostenedores, que poner término a la feroz discriminación y a la baja calidad en la que funciona el sistema.
La derecha sistemáticamente apela a la “libertad” para defender sus intereses y para ello se esfuerza en conmutar el interés privado en interés público. La estrategia de la interpelación, de liderar el bloqueo a la reforma, sumando a los sectores que piden más profundidad en los cambios, incluidos los profesores y estudiantes, se mostró ineficiente, falsa y contradictoria con la furiosa defensa de los sostenedores.
Sin embargo, el peor escollo que debe sortear el gobierno, no es la derecha opositora que hace mucho ruido pero está muy debilitada, es asegurar una legislación que permita hacer los cambios prometidos a los ciudadanos.
Contando con la intención positiva del Gobierno, subsisten serias dudas sobre la naturaleza y los alcances de los cambios. La reforma promete conservar y garantizar la propiedad privada de los colegios subvencionados privados. A cambio de ello le pone coto al exceso de ganancias de los operadores, asumiendo el Estado gradualmente el financiamiento de los estudios con el término del copago. Esto asegurará ingresos mayores y más regulares a los sostenedores, pero con menos margen para seleccionar el ingreso de estudiantes. Al mismo tiempo será un tremendo alivio económico para las familias que pagan una educación muy cara y mala.
[cita]Sabemos que no podemos seguir con lo que tenemos como sistema educacional. No sabemos cuál es la capacidad ideológica y la voluntad política de los que están por la profundización democrática. Sabemos que hay una derecha política y empresarial llena de soberbia y asustada por la necesidad de los cambios. Aún no sabemos si los objetivos de los proyectos de ley en discusión podrán concretarse, mientras que el diseño de lo que será la educación pública aún no está parado. Nada sabemos, en consecuencia, de cómo será la relación entre la educación pública privada, de cómo convivirán y cuáles serán las orientaciones científicas, humanistas y tecnológicas que florecerán en el nuevo escenario. [/cita]
Con ello la reforma logrará disminuir la discriminación inaceptable que tenemos en la actualidad y habrá una mayor democratización cuando se complete el cambio. Sin embargo, el gran peligro de este diseño es caer en la trampa del transantiago que pretendió mejorar el servicio sacando a operadores ineficientes, pero asegurando jugosas subvenciones estatales a pocos operadores privados en un mercado sin competencia, a cambio de ciertas regulaciones del servicio. Todos sabemos el resultado.
Hay que evitar este catastrófico escenario diseñado por expertos que decían tener todo bajo control. La gran duda sobre el destino final del cambio, está agravada por la inexistencia de la nueva institucionalidad de la educación pública. Recordemos que el Gobierno de Michelle Bachelet retiró el proyecto de desmunicipalización y la derecha –no es de sorprender– tratará de hacer lo más inaplicable e inoperante posible la reforma, buscando desnaturalizar sus objetivos democratizadores.
En el momento actual en Chile, hay más certezas sobre lo que será la reforma para el mundo empresarial, al que –en los términos actuales– se le asegura un buen negocio altamente regulado. En cambio, las familias, los estudiantes, los profesores nadan en el espeso líquido de las incertidumbres, luego de protagonizar históricas jornadas de movilización por transformar el negocio de la educación en un derecho.
Las discusiones en el Senado se darán sobre el rol del Estado frente a sus propios establecimientos que han sufrido 40 años de deterioro sistemático. Lo que está finalmente en el centro del debate de la educación pública es la capacidad del Estado de controlar el mercado, en una sociedad donde el mercado es el verdadero rey soberano y donde el capital vale mucho más que el trabajo.
Esto se pone en evidencia con la experiencia universitaria. En la educación universitaria hay una legalidad dejada por la dictadura (LOCE) que indica que “no debe haber lucro en las universidades”. Y todos los chilenos y extranjeros sabemos que esto no se ha respetado y que hay diversos mecanismos para burlar la ley en beneficio del negocio camuflado en la educación. Así lo ilustran las investigaciones de María Olivia Monckeberg, consignadas en su libro: Con fines de lucro. La escandalosa historia de las Universidades Privadas en Chile. “Hoy son sesenta los establecimientos que llevan el nombre de universidades y tienen más de 610.000 estudiantes y más de la mitad pertenecen al grupo de las universidades privadas nuevas. El resultado ha sido caótico. La calidad está en discusión, las deudas no se detienen y diversas situaciones extremas han reventado en el último tiempo, por más que algunos ‘expertos’ traten de atenuar los juicios.”
El desastroso precio de practicar el lucro, prohibido en las universidades, sigue afectando el funcionamiento y la credibilidad del Estado de derecho. Las propias investigaciones de la Cámara de Diputados y la fundamentación de la acusación constitucional al ministro de Educación Harald Beyer Burgos, del gobierno de Sebastián Piñera, quien fue destituido constitucionalmente, muestran que este problema, lejos de desaparecer, está al acecho.
¿Si en la educación universitaria, donde hay una ley con rango constitucional, que prohíbe el lucro, y en cuyo sistema hay 16 universidades estatales, los sostenedores nacionales y extranjeros privados han logrado, durante 30 años, retirar grandes ganancias, qué garantías tenemos de que la regulación del lucro será efectiva en los otros niveles?
Sabemos que no podemos seguir con lo que tenemos como sistema educacional. No sabemos cuál es la capacidad ideológica y la voluntad política de los que están por la profundización democrática. Sabemos que hay una derecha política y empresarial llena de soberbia y asustada por la necesidad de los cambios. Aún no sabemos si los objetivos de los proyectos de ley en discusión podrán concretarse, mientras que el diseño de lo que será la educación pública aún no está parado. Nada sabemos, en consecuencia, de cómo será la relación entre la educación pública privada, de cómo convivirán y cuáles serán las orientaciones científicas, humanistas y tecnológicas que florecerán en el nuevo escenario.
Este problema no se soluciona con explicaciones de lo que se desea hacer, ni con más trabajo en terreno de los ministros, ni con costosas campañas publicitarias. Se resuelve con un gran diálogo social, con una reforma constitucional, con debates en todos los niveles de la sociedad, que devuelvan la credibilidad del proceso político. Se resuelve con la actitud gubernamental de darles más protagonismo a los involucrados en la reforma, organizaciones estudiantiles, de docentes y de apoderados y menos espacio a los expertos, más importancia a los agentes políticos que a los empresarios. Y en el camino se debe saber castigar a los que vulneran la ley del no lucro en las universidades.
De otro modo, si fracasa la reforma, se instalará la descredibilidad de las instituciones democráticas y de sus líderes. El escenario, en este caso, sería tan desastroso que es mejor no anticiparlo. Aún hay espacio para corregir porque Chile tiene un gran capital humano con deseo de participar de los procesos de toma de decisiones y que en el mundo es cada vez más escaso.
El largo deseo de los chilenos de que el sector privado compita sin trampas y sin abusos, a diferencia de como lo hacen La Polar o las AFP, y que los servicios públicos sean eficientes y de calidad, a diferencia de la educación municipal, solo se puede cumplir con un Estado robusto y no con uno disminuido y tímido como es el actual.
