Entre los aspectos que se considera, está que todos los órganos de la administración del Estado (Ministerios y Servicios Públicos) deberán revisar y actualizar sus normas de participación ciudadana con el objeto de adecuar los mecanismos de participación de las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia, buscando ampliar los niveles de participación desde lo consultivo hacia lo deliberativo.
En febrero de 2011 se promulgó la Ley de Asociación y Participación Ciudadana en la gestión pública (Ley 20.500), que consagró el derecho de la ciudadanía a incidir en las políticas, planes, acciones y programas del Estado. Ley que demoró seis años de discusión parlamentaria, vio la luz un verano hace ya cuatro años.
La Presidenta Michelle Bachelet, el 6 de agosto de 2014, en el contexto de la celebración del Día del Dirigente Social, entrega Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana en la gestión pública señalando que “es necesario poner al día los lineamientos gubernamentales sobre la materia y comprometer coordinadamente a los órganos de la Administración del Estado en la implementación de acciones de articulación con la sociedad civil y sus organizaciones. Nuestro Gobierno entiende la participación ciudadana como un proceso de cooperación mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones públicas”.
[cita]Entre los aspectos que se considera, está que todos los órganos de la administración del Estado (Ministerios y Servicios Públicos) deberán revisar y actualizar sus normas de participación ciudadana con el objeto de adecuar los mecanismos de participación de las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia, buscando ampliar los niveles de participación desde lo consultivo hacia lo deliberativo. [/cita]
Dentro de los cuatro objetivos estratégicos que se proponen para la ampliación y profundización de la democracia, mediante la efectiva participación ciudadana, se señala “fortalecer y dar institucionalidad tanto a la participación política como a la participación ciudadana en la gestión pública, garantizando que todos y todas tengamos el mismo derecho a incidir en las decisiones que nos afectan”.
Para ello dentro de otras medidas se busca la implementación completa de la Ley 20.500, estableciendo un plazo de seis meses desde el lanzamiento del instructivo presidencial, que vence este mes de febrero de 2015.
Entre los aspectos que se considera, está que todos los órganos de la administración del Estado (Ministerios y Servicios Públicos) deberán revisar y actualizar sus normas de participación ciudadana con el objeto de adecuar los mecanismos de participación de las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia, buscando ampliar los niveles de participación desde lo consultivo hacia lo deliberativo. Estas normas deberán incorporar mecanismos obligatorios de participación consagrados en la ley (cuenta pública, consejos de Sociedad Civil, entrega de información relevante y consultas), y podrán establecer las demás herramientas que el instructivo entrega (audiencias públicas, presupuestos participativos, cabildos ciudadanos, encuentros de diálogos participativos y plataformas digitales participativas).
La máxima autoridad del país ha expresado su voluntad política de avanzar en participación y ha entregado lineamientos y plazos para ministro(as), subsecretario(as) y Jefes de Servicios, ahora le corresponde a la ciudadanía avanzar en control social y conocer cuáles son las Normas de Participación Ciudadana de cada servicio, qué espacios entregan para incidir sin exclusión, permitiéndonos que la participación esté normalizada en la gestión pública en Chile, avanzando en el cumplimiento de un ley que este febrero cumple cuatro años promulgada.
