Actualmente el 70% de la ciudadanía apoya esta legislación y sobre la base de este consenso ciudadano necesitamos una ley con democracia real y participativa, que no se hipoteque a sí misma, la que será no sólo un avance para las mujeres y niñas sino para la democracia en Chile. Aquí es donde las fuerzas de cambio democráticas y progresistas debemos ubicarnos en unidad.
Hasta 1989 la legislación chilena contemplaba la posibilidad de interrupción legal del embarazo por causales específicas. Casi tres décadas después nos preguntamos cómo deshacer uno de los nefastos legados dictatoriales, discutiendo su despenalización por tres causales: inviabilidad del feto, peligro de vida de la mujer y violación.
Tres décadas de penalización del aborto han obligado a miles de mujeres a mantener hasta el final embarazos inviables o que ponen en riesgo su vida y su integridad física y psicológica. Este no es un dato estadístico, es una realidad que violenta a miles de mujeres e incluso niñas.
En este contexto, el proyecto es un indudable avance en los derechos humanos de las mujeres y aporta en la politización de los derechos del cuerpo que promueve un cambio político y cultural más profundo. Pero un proyecto no es una ley y, como en toda democracia, es preciso discutir lo importante.
[cita] Actualmente, el 70% de la ciudadanía apoya esta legislación y sobre la base de este consenso ciudadano necesitamos una ley con democracia real y participativa, que no se hipoteque a sí misma, la que será no sólo un avance para las mujeres y niñas sino para la democracia en Chile. Aquí es donde las fuerzas de cambio democráticas y progresistas debemos ubicarnos en unidad. [/cita]
Un aspecto que nos preocupa, es que la aplicación de las causales aparece subsidiada exclusivamente al criterio médico especializado. Es decir, los médicos tienen la última palabra para evaluar la pertinencia de un aborto. Lo que deja afuera a la actora fundamental de una decisión de este calibre: la mujer. Convirtiéndola en víctima, despojándola de autonomía sobre sí misma. Al contrario, la garantía del derecho sobre la mujer debería ser que ella decida. Ese es un buen punto en el que debiéramos estar de acuerdo para iniciar la discusión.
Como Núcleo Feminista de Izquierda Autónoma vemos cómo el aborto es planteado como un problema valórico, filosófico y moral, en lugar de estar centrado en la salud de mujeres y niñas que deben enfrentar un embarazo violento o inviable. En esto se nota que los términos del debate favorecen a quienes entienden el embarazo y el aborto como un problema abstracto: esa élite conservadora regida por poderosos padres de familia. Nuestro deber es sacarlo de esos términos y llevarlo a un sentido político donde prime la vida, salud y derechos en nuestra sociedad.
En lo político, a pocos días de su presentación, lo más significativo ha sido el protagonismo de las declaraciones cruzadas de los mismos personeros de la Nueva Mayoría y el Gobierno. Nos llama la atención la táctica de votar las causales por separado, peligrando la causal de violación, lo que evidentemente obedece a las preocupaciones de los detractores de la ley.
Sobre la base de lo anterior, la causal de violación es central y definitoria porque aquí se juega la autonomía de las mujeres y el interés superior de las niñas. Si desde el movimiento social no abogamos por esta causal en particular, tendremos otra ley concebida en la cocina de la vieja Concertación, y no de una Nueva Mayoría progresista. Nos preocupa que se pierda el espíritu del proyecto producto de mezquindades políticas y que miles de mujeres sigan siendo afectadas.
Es vital que tengamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo por tres causales que sea coherente con las fuerzas de mujeres, ciudadanas y feministas que han empujado la posibilidad de esta ley. Actualmente, el 70% de la ciudadanía apoya esta legislación y sobre la base de este consenso ciudadano necesitamos una ley con democracia real y participativa, que no se hipoteque a sí misma, la que será no sólo un avance para las mujeres y niñas sino para la democracia en Chile. Aquí es donde las fuerzas de cambio democráticas y progresistas debemos ubicarnos en unidad.
