Fondart ha resultado ser un instrumento dúctil y sumamente provechoso para el desarrollo cultural en Chile. Sin embargo, sus rediseños intuitivos poco se corresponden con el estado actual del campo cultural en el país, correspondiendo más a una suerte de gesto simbólico de keynesianismo fallido que a un instrumento consistente desde su orientación política a la realización programática. Es necesario escapar a la trampa comunicacional de una renovación cosmética: hasta el momento, “desfondarizar” la cultura se parece demasiado a “refondarizar” la cultura, pero con un modelo de hace veinte años, con todas sus debilidades.
Se acerca la fecha en la que se cumplirá el primer año del segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, y con él, el primer año de gestión de Claudia Barattini como ministra Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Durante los primeros meses al mando de CNCA el discurso de la ministra estuvo marcado por las indicaciones al proyecto de ley que crearía el Ministerio de Cultura y Patrimonio (en diseño desde el Gobierno de Sebastián Piñera), proceso salpicado por los cuestionamientos respecto del carácter vinculante de las instancias consultivas dirigidas a la población nacional y en especial a las comunidades indígenas, y las dificultades de coordinación con la DIBAM y el Consejo de Monumentos Nacionales. No obstante, con la entrada al segundo semestre de 2014, el foco de atención pública se desplazó, como era de esperarse, hacia el programa más importante de CNCA, tanto por su relevancia histórica como por su presupuesto: los diversos fondos concursables, denominados comúnmente Fondart.
Conocidas son las permanentes y regulares quejas que cada año provienen de parte de la comunidad cultural y artística respecto del funcionamiento de los fondos, en especial en lo relativo a sus mecanismos de postulación, asignación, seguimiento y la continuidad de los proyectos beneficiados; situación que se vio agudizada durante la gestión de Luciano Cruz-Coke, debido a la desprolija implementación de un sistema informático de postulación, una evaluación poco detallada de los proyectos, y la incorporación de la exigencia de cofinanciamiento pecuniario, medida que de facto entrega las posibilidades de adjudicación a personas de mayor ingreso o redes comerciales. Por lo anterior, no es de extrañar que además de las recurrentes modificaciones a las líneas de concurso, uno de los primeros cambios a los que se vio sometido Fondart en su postulación para 2015 haya sido retirar esta obligación.
[cita] Fondart ha resultado ser un instrumento dúctil y sumamente provechoso para el desarrollo cultural en Chile. Sin embargo, sus rediseños intuitivos poco se corresponden con el estado actual del campo cultural en el país, correspondiendo más a una suerte de gesto simbólico de keynesianismo fallido que a un instrumento consistente desde su orientación política a la realización programática. Es necesario escapar a la trampa comunicacional de una renovación cosmética: hasta el momento, “desfondarizar” la cultura se parece demasiado a “refondarizar” la cultura, pero con un modelo de hace veinte años, con todas sus debilidades. [/cita]
No obstante, el anuncio más relevante en la materia tiene relación con un rediseño integral del instrumento de fomento, que en palabras de la ministra tendría el carácter de una “revolución cultural”, anunciado en algún momento bajo el desafortunado apelativo de “desfondarizar” la cultura. Pero ¿en qué consiste esta reingeniería? O, dicho de otro modo, ¿qué significa “desfondarizar” la cultura? De acuerdo a las declaraciones de la ministra, se trata de acabar con el individualismo y la competencia, reduciendo el ámbito concursal al área de creación y extendiendo su duración, aumentando la asignación directa, complementando las acciones con un plan de intermediación, infraestructura, educación artística, y posiblemente otras medidas aún no expuestas en detalle.
Para comprender mejor el alcance de esta reingeniería, conviene tener en cuenta el contexto en el cual Fondart nace y se desarrolla durante los últimos veinte años. Como han notado permanentemente el mundo académico y diversos comentaristas, las políticas públicas en Chile responden a las transformaciones del Estado llevadas a cabo durante la dictadura (sancionadas en la Constitución autoritaria vigente en gran medida hasta el día de hoy) y profundizadas a lo largo de este período postdictatorial. Se trata de la implementación del principio de Estado subsidiario, que promueve las iniciativas de los miembros de la sociedad entendida como un aglomerado de individuos privados, limitando el rol público del Estado, reduciendo sus ámbitos de acción, aparato administrativo y presupuesto, y efectivamente negando la consideración de la cultura (en un sentido amplio) como un derecho. El ya menguado gasto público se limita a corregir eventuales (hoy evidentes) desigualdades producidas por el modelo de desarrollo, a través de mecanismos de subsidiariedad, entre ellos los fondos concursables, focalizados hacia poblaciones “vulnerables” en algún determinado campo de la sociedad.
En 1992, con la creación de Fondart como forma de saldar política, simbólica y económicamente la “deuda del Estado con la cultura”, la conjunción de estos elementos hizo que las autoridades optasen por la asignación de los escasos recursos públicos mediante mecanismos concursables, buscando garantizar la eficiencia y eficacia del gasto público, seleccionando proyectos de calidad que impactaran en el desarrollo cultural de la nación y, con ello, en la democratización de la sociedad chilena. Originalmente dirigidos en lo fundamental a la promoción de la creación artística, a lo largo de los años los fondos de cultura han ido haciéndose complejos, ampliando sus ámbitos de acción y su presupuesto como correlato de la especialización, diversificación y profesionalización progresivas del campo cultural chileno. Sin embargo, y como incluso la DIPRES ha notado, este crecimiento no ha respondido a un diagnóstico exhaustivo del desarrollo del campo de la cultura en Chile, lo que sumado a sus límites presupuestarios y administrativos hacen de los fondos de cultura uno de los instrumentos más importantes y al mismo tiempo más erráticos de las políticas culturales de nuestro país.
A mi juicio, la problemática fundamental de Fondart tiene relación con la falta de correspondencia entre los objetivos de política cultural, la forma en que se llevan a cabo programáticamente, y las expectativas que CNCA construye en la ciudadanía. Sin perjuicio de la amplitud del marco jurídico existente sobre cultura, de que los documentos de política cultural de 2005 y 2011 consideran la dimensión económica como un elemento más del delicado equilibrio del campo cultural nacional, y de que las bases de las diversas líneas de postulación proponen objetivos centrados en diversos ámbitos culturales, si observamos la maquinaria interna de los fondos de cultura veremos que es de una importante naturaleza económica. En efecto, en los documentos de DIPRES referentes a Fondart, se aprecia que los grandes principios de política cultural se reducen operacionalmente al propósito de incrementar la oferta de bienes y servicios culturales y a la resolución de las fallas de mercado que les aquejan. De este modo, cualquier objetivo que se desvincule de estas definiciones generales (a modo de ejemplo, apoyar a artistas emergentes, o incluso promover las manifestaciones comunitarias) tiene un rol secundario. Del mismo modo, es sabido que al hacer descansar la evaluación de proyectos en la misma comunidad artística, CNCA rehúye responsabilidades respecto de la línea editorial que tácitamente impone mediante sus líneas de postulación, o de las necesidades de los agentes del campo cultural, abandonando todo interés en los elementos sustantivos de la acción pública en cultura.
Y es que por definición Fondart no se focaliza en sus beneficiarios, sino que en proyectos. Por tanto, las características de los beneficiarios solamente tienen peso en la evaluación de los proyectos (para llevar a cabo la iniciativa) y no en las necesidades específicas que ellos tengan, sean creadores, investigadores, gestores, educadores, entre otros. En efecto, si Fondart pusiera en la evaluación de proyectos un foco real en las personas, reconociendo la escala humana de la producción simbólica y su economía, posiblemente CorpArtes no se habría adjudicado su polémica suma de dinero, optando por un instrumento más adecuado, como la Ley de Donaciones Culturales.
Al respecto, CNCA ha propuesto (y algunos coinciden) limitar Fondart a los proyectos de creación, lo que podría interpretarse como un freno a la captura de los fondos por parte de corporaciones. Aparentemente buenas noticias para los creadores, pero posiblemente el escenario se complicaría para los diversos agentes del campo cultural que ven en los fondos de cultura no solamente la oportunidad de llevar a cabo sus iniciativas, sino incluso una importante fuente de sustento. En este sentido, y a pesar de los importantes avances en materia de investigación llevados a cabo por la academia y el Departamento de Estudios de CNCA, el renovado foco en la creación aún carece de un diagnóstico que no sólo justifique la decisión, sino que además arroje luz sobre la totalidad de agentes involucrados en el desarrollo cultural (no sólo creadores), y provea objetivos claros e indicadores para un seguimiento y evaluación de impacto para el programa; dicho de otro modo, para conocer las transformaciones efectivas que Fondart promueve en la sociedad chilena. Como consecuencia, y al contrario de lo que algunos intuyen, en este estado de cosas un énfasis exclusivo de Fondart en la creación es igual de “inorgánico” que el crecimiento desmedido. Situación similar ocurre con la coordinación entre los fondos y otras iniciativas que se diseñen (o rediseñen, como es el caso de los planes de mediación, infraestructura y educación artística, en gran medida ya en marcha, aunque ciertamente susceptibles de mejora), puesto que la redefinición de dichos programas debe responder a diagnósticos que, en el mejor de los casos, aún son incompletos.
Sin embargo, lo más delicado parecen ser los anuncios de mayores asignaciones directas. Cualquier mecanismo que privilegie a ciertos agentes por sobre otros está abierto a arbitrariedades que en materia de política pública son inaceptables. En relación a ello, aún queda pendiente la estimación empírica (y no meramente intuitiva) del impacto que los recursos directamente asignados generan en el campo cultural y en la sociedad chilena toda, tanto en términos de creación como de producción y participación ciudadana. A modo de ejemplo, conviene recordar que, a pesar de los esfuerzos institucionales públicos y privados, algunas disciplinas como el teatro muestran tendencias a la disminución de la asistencia, lo que en un contexto de ausencia de mecanismos de seguimiento robustos de los programas de CNCA, envuelve la eficacia de tales iniciativas en un manto de dudoso misterio.
En consecuencia, ¿qué esperar de una reingeniería de los fondos de cultura? Fondart ha resultado ser un instrumento dúctil y sumamente provechoso para el desarrollo cultural en Chile. Sin embargo, sus rediseños intuitivos poco se corresponden con el estado actual del campo cultural en el país, correspondiendo más a una suerte de gesto simbólico de keynesianismo fallido que a un instrumento consistente desde su orientación política a la realización programática. Es necesario escapar a la trampa comunicacional de una renovación cosmética: hasta el momento, “desfondarizar” la cultura se parece demasiado a “refondarizar” la cultura, pero con un modelo de hace veinte años, con todas sus debilidades.
No nos engañemos, si no somos capaces de garantizar la universalidad de un Estado de bienestar, lamentablemente seguiremos sosteniendo un modelo subsidiario y sus principios. Para mejorar Fondart en las circunstancias actuales, es necesario avanzar a través de un importante trabajo de estudio de la realidad cultural nacional, conocernos exhaustivamente, identificar nuestras necesidades, reconocer verdaderamente las debilidades de nuestros instrumentos, y actuar políticamente en virtud de los hallazgos, fortaleciendo con ello el rol público en la cultura. De lo contrario, seguiremos dando palos de ciego, sin transformar nuestra sociedad significativamente, y con el riesgo de resucitar prácticas que responden a los tiempos más arbitrarios de las políticas públicas en Chile.
