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Avanzando hacia una Ley de Glaciares para Chile

por 11 marzo, 2015

La nueva Ley de Glaciares, que  esperamos tenga rápida tramitación, necesariamente, supone revisar, ni más ni menos, que la estructura productiva que se le impuso al país en los 90 y que ningún mandatario se había atrevido, siquiera, a cuestionar. Michelle Bachelet lo ha hecho en un escenario de incertidumbre económica, cuestionamientos a la moralidad pública y contra el hecho de que, para bien o para mal, debe responder constitucionalmente por la buena marcha de la minera estatal más grande del mundo.

En Chile existen más de 3 mil glaciares. Ninguno de ellos bajo protección alguna. No son bienes nacionales de uso público –como una playa o un lago–, por tanto, cualquiera podría constituir derechos de agua en ellos. Y si, para su desgracia, albergara alguna de las 80 millones de toneladas de cobre que el Consejo Minero quiere convertir en sucio concentrado, durante los próximos 100 años, sucumbirá bajo palas mecánicas y tronaduras.

Lo que quede, se derretirá inexorablemente bajo el polvo y químicos que levantan las faenas mineras.

Nadie podría evitar magna tragedia ecológica y, a lo más, se podrían cursar algunas multas cuando del glaciar no exista ni el recuerdo. Y digo "ni el recuerdo", porque con un puñado de asesores y recursos franciscanos, la Dirección de Aguas, con mucho esfuerzo sabe algo acerca de cuántos existen. Menos aun, estudios que den certeza sobre su relevancia para el ciclo hidrobiológico o para la preservación de la biodiversidad.

Incluso en el caso de que se emplacen en Parques Nacionales, de aquellos que nos comprometimos a preservar al suscribir la Convención de Washington en los años 50, todos sabemos que, mientras una ley no desarrolle normativamente una prohibición expresa, es simple letra muerta.

Así lo ha denunciado Greenpeace y así lo ha declarado la Corte Suprema.

La nueva Ley de Glaciares, que  esperamos tenga rápida tramitación, necesariamente, supone revisar, ni más ni menos, que la estructura productiva que se le impuso al país en los 90 y que ningún Mandatario se había atrevido, siquiera, a cuestionar. Michelle Bachelet lo ha hecho en un escenario de incertidumbre económica, cuestionamientos a la moralidad pública y contra el hecho de que, para bien o para mal, debe responder constitucionalmente por la buena marcha de la minera estatal más grande del mundo.

Es justamente este vacío legal el que –ante todo el país– se comprometió a corregir  la Presidenta de la República en el discurso del 21 de mayo del año 2014, señalando que: “Presentaremos un proyecto de ley que proteja los glaciares y su entorno, haciéndolos compatibles con las necesidades y aspiraciones nacionales y regionales”, anuncio que desató una ovación del público en las tribunas en dicha ocasión.

Es por esto que, con el fin de avanzar en esta materia, el miércoles pasado, suscribimos un acuerdo con el Poder Ejecutivo que permitirá que un proyecto de ley, con la firma de un Presidente de la República, se discuta en sesiones públicas, televisadas en vivo y en directo a todo el país, y donde se escuchará a todo aquel que tenga opinión al respecto.

La comisión de medio ambiente ha debatido latamente sobre esta materia y ha escuchado a todos los actores involucrados: académicos, expertos, organismos públicos, privados, las comunidades y las organizaciones ambientales. El protocolo fue conocido por todos los actores involucrados con anterioridad a su firma. Estamos lejos de haber tomado una decisión en cuatro paredes.

Llegar a un acuerdo entre parlamentarios de todas las sensibilidades políticas y el Ejecutivo no fue fácil. Como Comisión de Medio Ambiente, esperamos cinco meses para que la administración tomara una decisión respecto al proyecto de ley que ingresáramos el 20 de mayo de 2014 junto a un grupo transversal de diputados. Así como ocurrió con este proyecto, otros en la misma línea, esperaron más de una década para ser considerados, como es el caso de una iniciativa presentada por el senador Antonio Horvath, y quien hoy también se ha sumado a la firma del protocolo de intenciones.

Lo acordado, impedirá la apropiación privada de los glaciares o sus entornos, no podrá concesionarse el agua que resguardan y se derogará el fatídico artículo 17 del código minero que permite actividades en parques nacionales.

Tres cuartas partes de los glaciares que aún subsisten quedan sometidos, ipso facto, a un régimen de intangibilidad perpetua.

La Dirección de Aguas será transformada en un poderoso ente público que, en un plazo acotado, deberá poner a disposición de los chilenos estudios sobre los glaciares y sus entornos, que cumplan con los más altos estándares mundiales. También, deberá contar con equipos suficientes que den garantía del monitoreo, fiscalización y aplicación de sanciones que la ley le impondrá.

Nadie podrá obtener permisos para realizar actividades productivas en ellos una vez declarados reservas estratégicas glaciares –figura que esta ley creará– o mientras no acredite que su intervención será inocua para el glaciar o su entorno, mediante un permiso ambiental sectorial. La forma, plazo y control ciudadano de ambos instrumentos de gestión ambiental, será el corazón del debate parlamentario.

Finalmente, para quienes están absolutamente conscientes del daño que han hecho hasta ahora a diversos glaciares a lo largo de Chile, se revisarán todas las autorizaciones ya otorgadas para proyectos que intervengan glaciares o su entorno. A mayor claridad, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, especificó que se trata de permisos mineros y que si no cumplen y/o no pueden cumplir las nuevas prohibiciones y exigencias –Los Bronces y Pascua Lama, por ejemplo– deberán cerrar, reparar e irse.

No sin antes responsabilizarse, cancelar las multas correspondientes y responder frente al daño realizado.

Por otra parte, quienes estén en trámite para obtener Resoluciones de Calificación Ambiental, nada sacarán con obtener un permiso antes que la Ley se apruebe, pues este será revisado y correrá igual suerte si no cumple con las nuevas normas.

La oportunidad, histórica, de sentar las bases para un nuevo paradigma, no sólo respecto a glaciares, sino que para todo el sistema de evaluación ambiental, no debe ser desaprovechada. El Parlamento tiene el deber de legislar sobre esta materia, con altura de miras, y consciente de que cada minuto que pasa sin legislación es tiempo perdido en la protección de los glaciares.

La decisión presidencial debe reconocerse.

La nueva Ley de Glaciares, que esperamos tenga rápida tramitación, necesariamente, supone revisar, ni más ni menos, que la estructura productiva que se le impuso al país en los 90 y que ningún Mandatario se había atrevido, siquiera, a cuestionar.

Michelle Bachelet lo ha hecho en un escenario de incertidumbre económica, cuestionamientos a la moralidad pública y contra el hecho de que, para bien o para mal, debe responder constitucionalmente por la buena marcha de la minera estatal más grande del mundo.

De esto y otras cosas debatiremos en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, en un marco de absoluta transparencia, garantía y libre de toda presión, salvo aquella de quienes nos eligieron para que su voluntad soberana fuera respetada.

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