Ese es nuestro desafío: enfrentar un problema ético que erosiona las confianzas. Que requiere de soluciones creíbles de cara a la ciudadanía, que exige de parte de algunos políticos y empresarios, que asuman su responsabilidad, al margen de la legalidad de sus acciones, no olvidemos que la norma positiva es apenas un mínimo ético.
61% de los chilenos considera que enfrentamos una crisis política, según la encuesta de Imaginacción y la Universidad Central. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que los escándalos de corrupción han desnudado un problema ético en Chile, el que sólo se podrá enfrentar con una acción efectiva de todas las instituciones del país.
El diagnóstico de la sociedad civil y las autoridades es el mismo: enfrentamos una crisis ética y necesitamos una solución integral. No se trata de tirar la “mugre bajo la alfombra”, requerimos asumir la urgencia que exige desafiar un problema que erosiona nuestra convivencia social y, por ende, la credibilidad que da sustento al proceso democrático.
Se necesita de liderazgos creativos, en varios frentes, si no terminaremos diluyendo nuestro capital social.
[cita] Ese es nuestro desafío: enfrentar un problema ético que erosiona las confianzas. Que requiere de soluciones creíbles de cara a la ciudadanía, que exige, de parte de algunos políticos y empresarios, que asuman su responsabilidad, al margen de la legalidad de sus acciones, no olvidemos que la norma positiva es apenas un mínimo ético.[/cita]
Ese recurso que se expresa en la confianza que tenemos hacia los demás, que nos permite trabajar junto a otros, formar equipos y postergar intereses individuales por proyectos colectivos, lo cuales son: la confianza, asociatividad, flexibilidad, que al plasmarse en las instituciones y en las prácticas de una sociedad, determinan su productividad, estabilidad y la paz social.
Ese es nuestro desafío: enfrentar un problema ético que erosiona las confianzas. Que requiere de soluciones creíbles de cara a la ciudadanía, que exige de parte de algunos políticos y empresarios, que asuman su responsabilidad, al margen de la legalidad de sus acciones, no olvidemos que la norma positiva es apenas un mínimo ético.
La Ley 18.575 señala que la probidad administrativa, que no es otra cosa que la aplicación de principios éticos a la función pública, “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Esta es la clave que debe traducirse en la guía para el accionar de los empleados públicos que, enfrentados a un problema de integridad, de ética, de probidad, deben hacer primar el interés general por sobre el suyo particular. Las autoridades deberán demostrar, más que nunca, que su comportamiento se sustenta en principios y esto debe apreciarse día a día. Así como los funcionarios que manejan los recursos, en particular aquellos que la sociedad provee para cumplir los fines sociales del Estado, que actúen de manera transparente y los mecanismos fiscalizadores sean efectivos y concluyentes.
