Tras casi un año de estudio, debate y trabajo, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados iniciará la votación en particular del Proyecto de Ley de Glaciares, el cual busca proteger las principales reservas de agua dulce con las que hoy cuenta nuestro país.
Cuando presentamos y redactamos esta moción, concordamos con los actores que la suscribían –parlamentarios de todos los sectores políticos y organizaciones sociales y ambientales– que era necesario establecer una prohibición absoluta para realizar actividades que pudieran afectarlos.
Lo anterior, simplemente, porque nuestro ordenamiento constitucional reserva solo al Poder Ejecutivo la facultad de proponer iniciativas que impliquen establecer atribuciones y/o otorgar recursos para que el Estado cumpla, en este caso, con su obligación de preservar el patrimonio natural de este país.
En la actualidad, en Chile hay más de 23 mil glaciares y la Dirección de Aguas tiene mínimos recursos para su monitoreo, los que alcanzan solamente para mantener un inventario de ellos. Mientras, el Sistema de Evaluación Ambiental, en general, carece de herramientas para determinar de manera anticipada los impactos que actividades puedan generar en ellos.
En este contexto, en agosto del año pasado aprobamos por unanimidad la idea de legislar sobre esta materia y, desde entonces, esperamos –pacientemente– que la Administración de la Presidenta Bachelet presentara una propuesta que complementara y enriqueciera la nuestra; algo que solo ocurrió en marzo de este año y que, pese a contener importantes avances, puede terminar por ser insuficiente.
La indicación presidencial innova estableciendo una prohibición absoluta para aquellos glaciares que se encuentran en Parques Nacionales, establece un nuevo permiso ambiental sectorial, prohíbe constituir derechos de agua en ellos y deja su dominio a la nación toda.
Mientras que para aquellos que se encuentren fuera de Parques Nacionales, propone una Reserva Estratégica Glaciar, para el caso de que se acredite que el glaciar cumple funciones ecosistémicas y/o hídricas relevantes para las cuencas en que se emplace.
La figura propuesta es interesante y valiosa; sin embargo, adolece de un grave problema: no establece causales claras o un procedimiento cierto de cómo se realizará esta declaración de reserva. Es más, la norma propuesta establece que esto será solo una facultad para la Dirección de Aguas, reservando su iniciativa exclusivamente a la voluntad del Gobierno de turno.
Es por esto que estimamos que lo propuesto no cumple con los principios precautorios y preventivos que ordenan nuestro ordenamiento jurídico ambiental. Es más, ni siquiera se condice con un criterio mínimo de realidad.
Lamentablemente, quienes tienen intereses en ello, han dado muestras reiteradas de su nula capacidad de autorregulación o, siquiera, de reconocer sus errores. El presidente del Consejo Minero, al que recibimos en 2 ocasiones, ni siquiera esbozó alguna disculpa por lo que sus asociados han hecho en Los Bronces y Pascua Lama, en circunstancias que, sólo en los últimos meses, la Superintendencia de Medio Ambiente los ha multado por varios millones de dólares.
Así las cosas, hemos optado por invertir el “peso de la prueba”, estableciendo que todos y cada uno de los glaciares que hoy se encuentren incorporados en el inventario de glaciares, por el solo ministerio de la ley, gocen de la presunción de ser reservas estratégicas y que quienes pudieren tener razones para oponerse a ello, puedan reclamar ante el Tribunal Ambiental.
Se trata de un procedimiento sencillo, transparente y que otorga garantías a todos los actores e interesados.
Sabemos exactamente dónde y cuáles son los glaciares en que las empresas mineras tienen intereses y estos se ubican, precisamente, en regiones que están afectadas por graves restricciones hídricas.
Es por eso que no deberían ser más de 200 procedimientos los que se tendría que abrir ante la judicatura ambiental, por lo que lo propuesto es absolutamente viable y, además, otorgará a los interesados certeza definitiva acerca de ellos.
Necesitamos establecer reglas claras, por medio de un procedimiento judicial y donde quien tenga la mejor opción de entregar pruebas al tribunal, será precisamente sobre quien se haga recaer esta carga.
Esperamos, sinceramente, que el Poder Ejecutivo atienda y haga suya esta propuesta, de manera tal que Chile, definitivamente, dé por cumplida su obligación de proteger y preservar más del 80 por ciento de todos los glaciares que aún subsisten en Sudamérica.
