Opinión
Los profesores han instalado la sospecha de que nuevamente el “club de expertos” está metiendo su cola, por la desfiguración creciente del Estatuto Docente de los años 90, alejándolo de las recomendaciones de la Unesco para la profesión docente y acercándolo más bien al modelo empresarial europeo para el mejoramiento de la calidad.
Compleja relación es la que se vive actualmente entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación y ello ocurre nuevamente, ahora con un paro indefinido en pleno desarrollo, por la falta de voluntad de los negociadores para sincerar sus intenciones. Los primeros no saben que hoy se juegan un designio histórico: la profesionalización docente; y los segundos, que deben aprovechar la oportunidad para colocar un pilar sólido a la reforma: contar con profesores comprometidos con el mejoramiento de los aprendizajes de sus alumnos.
Las partes en conflicto deben entender que hay un desafío común a cumplir, que debiera ser la base para el acercamiento de posiciones entre Gobierno y profesores: definir de una vez por todas que el maestro de aula no es un obediente funcionario del Estado ni tampoco un técnico determinado por ley a cumplir un conjunto de metas de producción.
Los profesores han instalado la sospecha de que nuevamente el “club de expertos” está metiendo su cola, por la desfiguración creciente del Estatuto Docente de los años 90, alejándolo de las recomendaciones de la Unesco para la profesión docente y acercándolo más bien al modelo empresarial europeo para el mejoramiento de la calidad.
En ese contexto no tiene sentido abordar, por un lado, el agobio laboral de los maestros y, por otro, introducir la competencia brutal entre pares, como incentivos al desarrollo profesional de los docentes, colocando el acento en la precisión del instrumento e invadiendo la sala de clases de sensores de calidad, concibiendo al profesor como un sujeto de rendimiento tan propio de esta Sociedad del Cansancio, que según Byung-Chul Han “es más eficiente y productiva porque nosotros mismos decidimos voluntariamente explotarnos hasta la extenuación”.
Se trata ahora de optar por la profesionalización definitiva de la labor docente y ello no pasa por la majadera intromisión de metas de calidad a través de un proyecto de ley, tampoco por una carrera “profesional” cuyo único propósito sea ascender en el escalafón para mejorar las remuneraciones. Es necesario superar el pragmatismo endémico de los actores que lideran esta negociación, donde prevalecen la medición y el mejoramiento económico, sin considerar que detrás de cada propuesta de cambio hay elementos morales y no sólo intelectuales.
El proyecto de ley sobre política docente debiera constituirse en un código ético moral para alumbrar el ejercicio de la docencia en nuestro país y así evitar que se siga legislando desde la casualidad, que sigan predominando las tonteras que instaló Lavín, al asociar a un maestro con vocación y compromiso con la enseñanza, a un circunstancial puntaje en la PSU.
Es urgente mediar en este conflicto, no es tolerable que los institutos formadores de maestros permanezcan indiferentes, cuando lo que se está decidiendo entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, o así lo debieran entender, es el tipo de profesor que se necesita para enfrentar los desafíos de la sociedad actual más que apostar a un ganador en los rankings internacionales, cuando se trata de decidir cuál es el currículo de formación de los profesores, orientar y encauzar su práctica en la escuela viva, inclusiva, aquella que promueve la reforma actual, pero que tiene a los rectores más preocupados de las platas que de aportar conocimiento y profundidad al debate educativo.
El gremio docente no es solamente un sindicato nacional, debe resguardar el ejercicio de una profesión que influye afectiva, social y culturalmente sobre millones de niños, niñas y jóvenes. Su opción ha sido siempre la educación pública, no por pura vocación estatista sino para asegurar la igualdad de oportunidades para la promoción social de los sectores más pobres y de quienes sufren la exclusión social.
El resguardo de la profesión supone también enfrentar la creciente judicialización de los temas escolares, la liviandad con que se juzgan las decisiones profesionales del docente, el exhibicionismo extremo al publicar los resultados de la evaluación docente y del Simce que evidencian, como diría Byung-Chul Han, la “sociedad pornográfica” en que estamos insertos.
El gremio docente debiera desde ya, con apoyo de la Internacional de la Educación, asumir la defensa de los profesores, cualquiera sea su función, juzgados por sus decisiones profesionales o limitados en su facultad de prescribir en el ámbito escolar, constituyendo una entidad que asuma la defensa jurídica de los afectados.
Es urgente un acuerdo entre los actores en conflicto, pero debe hacerse sobre la base de principios que definan el educar, que reconozcan un estatus especial al profesor, que comprometan la modernización de las instituciones que imparten pedagogía, que propongan un currículo de formación acorde a estos tiempos, que establezcan un Código Docente Nacional y que sean capaces de atraer a estudiantes con las mejores condiciones intelectuales, emocionales y valóricas para ejercer la función docente.
