«Asegurar a los ciudadanos que las metodologías que se usan y que la información que se genera a partir de ellas se ajustan a estándares de objetividad y transparencia, resulta indispensable para la rendición de cuentas dentro de una sociedad democrática como la nuestra; sobre todo, cuando las confianzas están tan desgastadas».
Hoy nadie discute el evidente divorcio entre la ciudadanía y las instituciones. En materia de superación de los flagelos de exclusión, desigualdad y pobreza que afectan a nuestro país, se requiere, y se demanda, la implementación de políticas sociales inclusivas que se hagan cargo de las necesidades ciudadanas y atiendan las distintas realidades del país con la necesaria adaptabilidad a los territorios y poblaciones. Para ello, debemos recuperar la confianza en el quehacer de nuestras instituciones. Lamentablemente hemos recibido un nuevo golpe, al enterarnos que la Contraloría declaró ilegal el Censo 2012. Ello no es más que la confirmación de algo que ya sabíamos: los datos de dicho censo, tan necesarios en la aplicación de las políticas y programas sociales públicos, simple y dramáticamente, no sirven.
El proyecto de ley que buscaba darle más autonomía al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), presentado por la anterior Administración después de conocidos los problemas del Censo en comento, podría haber supuesto un importante avance, dado que pretendía contar con una institucionalidad que se ocupara de levantar cifras más precisas, pertinentes y objetivas, y profundizar en el enfrentamiento de la pobreza. Sin embargo, el proyecto está paralizado en primer trámite constitucional en la Comisión de Economía del Senado sin que exista hasta ahora un texto sustitutivo por parte de la actual administración. Hasta donde sabemos, parte de la demora en avanzar en una nueva institucionalidad del INE, pasa por el necesario convencimiento de contar con un INE más autónomo e independiente de la administración de turno.
Una mayor independencia del INE ayudaría a reducir los conflictos de intereses que suelen darse entre los organismos que generan la información social y económica y los poderes políticos, más sensibles a las consecuencias de imagen que pueda tener la publicación de esa información. Asegurar a los ciudadanos que las metodologías que se usan y que la información que se genera a partir de ellas se ajustan a estándares de objetividad y transparencia, resulta indispensable para la rendición de cuentas dentro de una sociedad democrática como la nuestra; sobre todo, cuando las confianzas están tan desgastadas.
Tenemos que tener en cuenta que las cifras que el INE recolecta y produce son utilizadas en el diseño, la toma de decisiones y la evaluación de nuestras políticas públicas. No es menor entonces, que deba garantizarse su calidad.
Por ello es fundamental recuperar la iniciativa de nueva institucionalidad y que hoy duerme en uno de los cajones del Senado, sacarle el polvo que ha acumulado durante estos años, modificarlo y reingresarlo al Congreso de manera urgente, en aras de fortalecer el INE, dotarle de autonomía y robustecer su carácter técnico.
El mejoramiento de esta institución permitirá, además, generar nuevos y mejores lazos con la ciudadanía, algo manidos después de lo ocurrido con el último censo. Un INE autónomo, plural y transparente, que contribuya a generar una mejor información para el país, nos permitirá, por tanto, avanzar en la implementación de reformas bien diseñadas y discutidas por la sociedad, ello es urgente para avanzar en grados de mayor inclusión en el país; además de acercar la institucionalidad a los ciudadanos en medio de este torbellino de desconfianza.
