La nueva Ministra de Educación asume la cartera con grandes desafíos y múltiples temas por resolver. Debe lograr un consenso respecto de la Nueva Política Nacional Docente y avanzar en la “Reforma a la Educación Superior”. Se trata de una materia que a todas luces arroja más preguntas que respuestas. Esto último parece ser una temática que no estará ajena a diversos conflictos de interés. Por una parte, debe lograr el apoyo y legitimidad suficiente de todos los actores y, por otra, priorizar los recursos de forma eficiente –sin perjuicio de que debe considerar la protesta del mundo estudiantil–.
La queja de varios rectores de universidades privadas por ser excluidos de la gratuidad no responde a la mera defensa de intereses corporativos. Al no ser consideras instituciones que han avanzado en la consolidación institucional y que atienden a más del 50% de “alumnos prioritarios”, se amenaza con transformar el sistema en una piedra difícil de roer. Más aún cuando determinados actores del Cruch desprecian explícita –o sibilinamente– el aporte de las instituciones privadas y proponen, cuál más, cuál menos, su lenta desaparición –mediante formas de anexión, fusión o ‘tutelaje estatal’–. Pareciera ser que estamos en presencia de una “izquierda estatista”, no menos ‘melancólica’, que se resiste a entender las transformaciones culturales y sociales que han tenido lugar en los últimos 30 años: la famosa “aldea global”.
[cita] La ministra debe reconocer el valor y aporte de las universidades no estatales al desarrollo económico y social del país, porque gracias a este sistema de Educación superior fue y es posible el acceso creciente de los grupos medios, de esos hijos que son primera generación universitaria. No podemos negar que en una medida importante la emergencia de nuevas casas de estudios –más allá de sus correcciones– ha contribuido a la democratización del saber. [/cita]
La ministra debe decidir frente a un trade-off entre “gratuidad universal” y la escasez de recursos que aportará la “reforma tributaria”, lo que hace prever una transformación a la Educación Superior que no dejará satisfechos a todos los actores involucrados y, sobremanera, a cierto sector de la Nueva Mayoría que espera avanzar rápidamente en aquellas políticas educativas que tienen a su haber más ‘intereses ideológicos’ que soportes técnicos.
En este contexto, es importante mencionar que la nueva “burguesía fiscal” –dadas las definiciones elitarias del Cruch y Mineduc– está proponiendo criterios restrictivos para obtener la acreditación institucional a la medida de las universidades del Cruch, con el propósito de cerrar varias universidades privadas –monopolizar el mentado “régimen de lo público”– y no por tratarse (necesariamente) de proyectos universitarios que tengan bajos niveles de calidad, sino que a pesar de contar con infraestructura, calidad, gestión institucional, gobierno universitario, capital académico y tasas de empleabilidad, representan modelos que algunos quieren eliminar o acotar, porque el ‘pecado original’ serían las reformas de 1981. Ello, sin perjuicio de que buena parte de las universidades privadas se consolidaron en el marco de la “modernización concertacionista”, ¡alzheimer!
Junto con lo anterior, esta “burguesía fiscal” piensa que la provisión de bienes públicos debe ser monopolio del Estado, por tanto, sus propuestas estarán orientadas a satisfacer los intereses de quienes consideran que los privados deben estar excluidos o fuertemente “condicionados” en materia de “aporte basal”. En este contexto, propuestas tales como currículo mínimo nacional para las carreras profesionales, una oferta condicionada desde el Estado y, junto con ello, un proyecto de universidad de orientación estatal para todas las universidades, serán intereses y demandas que la nueva ministra deberá analizar y avanzar, disminuyendo sus costos para el conjunto del sistema, aun si estos costos signifiquen tranzar al punto de no cumplir totalmente las promesas de campaña.
Las expectativas de esta «burguesía fiscal» (que va desde el protagonismo de un PC desintelectualizado, sin tecnicidad, hasta los asesores del Mineduc) no puede primar por sobre la existencia de proyectos “distintivos” o “alternativos”, porque, de ser así, se amenaza la calidad y pluralidad de opciones culturales y valorativas, dado que al traspasar gran parte de la responsabilidad al Estado aumenta la probabilidad de que la ‘burocracia pública’ pretenda homogeneizar proyectos alternativos claramente distintos en su misión-visión.
Por tanto, la ministra debe reconocer el valor y aporte de las universidades no estatales al desarrollo económico y social del país, porque gracias a este sistema de Educación superior fue y es posible el acceso creciente de los grupos medios, de esos hijos que son primera generación universitaria. No podemos negar que en una medida importante la emergencia de nuevas casas de estudios –más allá de sus correcciones– ha contribuido a la democratización del saber.
