Varias encuestas, como la del COES y las del CEP, expresan un doble sentido ordinario de justicia, que pertenece a nuestro acervo normativo elemental como ciudadanos del mundo moderno: se trata del reconocimiento de derechos, de un lado, y del reconocimiento como valoración social, del otro. El primero se basa en la noción de igualdad y el segundo en el de la desigualdad legítima, según méritos.
Según el primer principio, lo justo es ser tratado de manera igual, contar con ciertas condiciones básicas basadas en la idea de dignidad, es decir, más allá del propio rendimiento y con las mismas oportunidades; según el segundo principio, lo justo es que, dadas esas condiciones básicas y el aseguramiento de igualdad de oportunidades, las jerarquías sociales, las desigualdades en el acceso a bienes y servicios, se basen en nuestras diferentes capacidades, méritos y logros.
Basta con escuchar las críticas, públicas y privadas, que las personas realizan cotidianamente, en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, los comentarios que realizan a través de las redes, que movilizan en las calles, etc., para darse cuenta que estos principios de justicia efectivamente forman parte de nuestro acervo normativo más elemental y de uso cotidiano. Es sobre la base de ellos que tales críticas son siquiera posibles. Es un error considerarlos mera cáscara ideológica en las que la gente cree ingenuamente; esos principios constituyen la gramática normativa elemental de la sociedad, que no sólo la cohesiona sino que además sirve como referente para los actores cuando ellos levantan la crítica y el conflicto social, al evidenciar que las prácticas y las instituciones transgreden tales principios.
En las mencionadas encuestas sobresale que «los chilenos creen más en la importancia de la educación propia, el esfuerzo y la ambición individual para surgir en la vida que en circunstancias adscriptivas». El esfuerzo individual es altamente valorado, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos. El grueso de los chilenos opina además que la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas. Los datos muestran fundamentalmente la presencia del principio normativo meritocrático de justicia, recién mencionado: a cada cual según sus capacidades, esfuerzos, méritos y logros.
[cita] Que los chilenos responsabilizan al Estado en tareas relativas a la educación, la salud y la seguridad y que ellos no consideran que el acceso igualitario a estos bienes públicos deba depender únicamente de las desiguales capacidades adquisitivas de las personas, independientemente de si esas desigualdades puedan ser justificadas desde el punto de vista de la justicia meritocrática. [/cita]
Algunos –como el editorial del diario La Tercera del 18 de junio– se quisieron quedar sólo con la referencia a este primer principio normativo, para afirmar que las políticas del Gobierno de Bachelet de orden igualitarista contrarían el sentir ciudadano. ¿Será cierto que en la mentalidad chilena se ha instaurado inapelablemente un ideario neoliberal? Sin duda que ese no es el caso. Aunque el principio normativo meritocrático es ciertamente compatible con tal ideario, también lo es con la responsabilidad del Estado en asegurar el reconocimiento universal de derechos, como el de la salud, la educación, una previsión digna. El ideario neoliberal exime al Estado de tal responsabilidad.
En la encuesta COES, el 93% de ellos afirma que la educación es la principal condicionante para surgir en la vida. En la encuesta CEP se dice que es la flojera y la falta de iniciativa lo que determina la falta de éxito económico. Para surgir en la vida aparece asimismo necesario tener que, además de un buen nivel educacional, trabajar duro y tener ambición. Todo ello es coherente con el principio meritocrático de justicia, aunque también con el credo neoliberal de la autorresponsabilización. La duda efectivamente subsiste.
Lo único que pareciera ser capaz de dirimir esta cuestión es la concepción que tienen los ciudadanos respecto de sus derechos y de las responsabilidades del Estado en asegurarlos. Aquí es donde entra en juego el otro principio de justicia arriba mencionado; aquel que no quiso ver el editorial de La Tercera y que refiere a la crítica de la desigualdad ilegítima, del escaso aseguramiento de derechos sociales y de la falta de igualdad de oportunidades. Es en este punto donde se explica, en parte, por qué la educación ha estado en el corazón del debate nacional en los últimos años.
Según la encuesta CEP es precisamente a la educación a la que el Gobierno debería destinar el mayor de los esfuerzos –además de luchar contra la delincuencia, contra la pobreza y por mejorar el sistema de salud–. A nivel municipal, sucede lo mismo: el funcionamiento de los consultorios, el combate contra la delincuencia y la educación, dicen los resultados, debiesen ser los temas prioritarios de los alcaldes. En su gran mayoría, los chilenos opinan que el Estado debiese apoyar a las personas en situación de pobreza mediante la educación y la capacitación, y no a través de una transferencia directa de dinero (bonos).
¿Qué nos dice todo esto? Que los chilenos responsabilizan al Estado en tareas relativas a la educación, la salud y la seguridad y que ellos no consideran que el acceso igualitario a estos bienes públicos deba depender únicamente de las desiguales capacidades adquisitivas de las personas, independientemente de si esas desigualdades puedan ser justificadas desde el punto de vista de la justicia meritocrática. Ni la educación ni la salud pueden ser puestas a la par de otros bienes y servicios. Eso lo saben los chilenos; lo han hecho presente mediante movilizaciones masivas y se ve expresado de nuevo en las citadas encuestas.
En conclusión, en el acervo normativo de los chilenos no solo está presente la división de dos principios de justicia, diferentes pero complementarios: el de la igualdad de derechos y el de justicia meritocrática. Además está presente la cuestión más sustantiva de que hay bienes, como la educación y la salud de calidad, cuyo acceso debe ser garantizado como derechos universales por el Estado. Y en ello tienen razón los chilenos, pues contar con esos derechos es una precondición para que sea siquiera plausible aspirar al ideal normativo de la justicia meritocrática, ideal fuertemente instalado en la conciencia moral de los chilenos.
