Por qué fracasan las reformas de Bachelet: la perspectiva histórica

La actual administración comprometió en su programa de Gobierno la implementación de una serie de cambios cuyos ejes serían educación, reforma tributaria y una nueva Constitución y cuyo propósito era construir un Chile de todos: “Hoy las desigualdades atraviesan las más amplias esferas de la sociedad chilena e impiden que todos los chilenos y chilenas se incorporen al desarrollo y puedan llevar adelante sus propósitos y proyectos individuales y familiares. Hoy nuestro país está cruzado por enormes diferencias de oportunidades, con un inadecuado acceso a los servicios públicos, con privilegios y abusos de unos pocos por sobre el interés de la mayoría”.

Con la carrera docente casi a punto de caerse y con una serie de modificaciones al proyecto original, con dudas sobre el financiamiento de la ley de inclusión así como con la promesa de gratuidad en educación superior y un híbrido proyecto de desmunicipalización; con un remedo de reforma tributaria luego de su paso por la cocina de Zaldívar y que, ahora, podría ser objeto de una “ley adecuatoria”; con una presión empresarial insólita por bajar la reforma laboral; con “el proceso constituyente y participativo” reducido por ahora a cabildos y un remedo de cambio constitucional en un Congreso deslegitimado; las reformas del programa presidencial están en “punto muerto”.

Es legítimo, entonces,  preguntarse si su fracaso preliminar solo se debe a la hipotética crisis económica, en el contexto de la crisis de legitimidad político-empresarial, o puede tener una explicación estructural que los actores que las enarbolaron, diseñaron e implementaron no consideraron. Y es que los proyectos de reforma en Chile tienen una extensa historia.

Educación: ¿Estado o mercado?

El rol de la educación en la construcción de la nación estuvo presente desde los albores de la república. No es casual, entonces, que la oligarquía que la forjó la pusiera, en la disputa Civilización versus Barbarie, como el mecanismo que nos aproximaría al mundo europeo de las industrias y el comercio exterior, de allí la inclinación por “lo inglés”,  “lo alemán” y “lo francés” que impregnó tanto a nuestros primeros modelos educativos como nuestro horizonte: la colonización alemana del sur y  la formación del Ejército, la influencia inglesa o el afrancesamiento de nuestra primera plutocracia, muy bien representada en Agustín Encina de Martin Rivas.

De allí la apuesta de esa clase dirigente por otorgarle un papel fundamental al Estado en el área y que se consagró en la Constitución de 1883, la que reglamentó más directamente la función pública de la educación en su artículo 153°: “La educación pública es una atención preferente del gobierno. El congreso formará un plan general de educación nacional”; en tanto el art. 154° señaló que: “Habrá una superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional, y su dirección bajo la autoridad del gobierno”.

Símbolo de ese interés fue la fundación, primero, del Instituto Nacional, matriz para el conjunto de la educación pública y luego de la Universidad de Chile, la que desempeñaría un papel de superintendencia de educación y en el modelamiento de un orden racional (Sol Serrano). La formación de un sistema nacional de educación respondió, entonces, al afán racionalizador de la clase dirigente que aspiraba a ordenar desde el Estado a una sociedad que era percibida caóticamente.

Ese carácter primó a lo largo del siglo XIX y se fortaleció a comienzos del siglo XX con el surgimiento de un Estado más protector como quedó expresado en la Constitución de 1925 que en su artículo 10°, inciso 7° declaró: “La educación pública es una atención preferente del Estado” y que “la primaria es obligatoria”, también que “habrá una Superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza nacional y su dirección, bajo la autoridad del Gobierno”.

Durante los gobiernos radicales –“gobernar es educar”– ese modelo se potenció: se amplió la cobertura educacional y el sistema universitario, a la vez que se realizó una apuesta por hacer crecer la educación técnico-profesional al alero de la industrialización. Más tarde, Frei Montalva, también con un proyecto político convincente derivado de una mayoría social que quería cambios, se hizo cargo de las deficiencias de ese modelo y lo modernizó. Lo mismo quiso hacer Allende con la Escuela Nacional Unificada (ENU) –introducía el concepto de educación “politécnica”– pero que por una frase desafortunada en el documento original  –“un sistema nacional para la educación permanente en una sociedad de transición al socialismo”– del Superintendente de Educación de la época –Iván Núñez–, el debate sobre la misma se ideologizó por la oposición y Allende, en medio del conflicto político, no insistió en su aprobación.

Ya en dictadura, 1977, el Ministero de Educación dio una señal del nuevo enfoque sobre el papel del Estado en el área cuando se desligó de buena parte de las escuelas o institutos de educación media técnico-profesional y los entregó a la administración de corporaciones privadas ligadas a las asociaciones gremiales de empresarios de la industria, el comercio y la agricultura. A su vez, ese mismo año en la 36° reunión  de la conferencia internacional de educación celebrada en Ginebra Chile presenta un documento elaborado tanto por la Superintendencia de Educación como por el Movimiento Educativo 1974-1976, que sentará las bases  del modelo subsidiario que se implementará a partir de 1981.

Con posterioridad un instructivo presidencial para la educación normó la doctrina del Estado Subsidiario, según la cual se privilegiaba la libertad educacional, se estimulaba la iniciativa privada en educación, la que debería hacerse cargo de la futura expansión y mejoramiento del sistema, y el Estado retraerse a aquellas funciones donde la acción de los particulares no era posible, insuficiente o ineficiente. La descentralización de la gestión sería su corolario. Irónicamente desde el fisco –que había sido clave en la generación de todo el entramado arquitectónico en educación durante el s. XIX y tres cuartas partes del XX– se impulsa esa tendencia para iniciar una nueva fase de modernización, igualmente impulsada desde el Estado, pero esta vez para desembarazarse de sus funciones tradicionales y depositar ese impulso en el mercado.

[cita] El que los principales diseñadores y actores de esas medidas sean hombres y mujeres de la transición, imbuidos de las lógicas del consenso, puede ser otra explicación a las dificultades. Por último, fuese con Aguirre Cerda, con Frei, Allende, incluso con Pinochet, hubo una convicción política por implementarlas  y pagar los costos asociados a esa voluntad. La reciente frase pronunciada por la Presidenta : “Debemos reconocer que la administración estatal no estaba totalmente preparada para procesar cambios estructurales simultáneamente” – es una evidencia contundente de la liviandad con que su administración se tomó la demanda social–. [/cita]

Cuando comenzó el primer Gobierno democrático el juicio generalizado sobre el proceso de municipalización era negativo: no tuvo legitimación democrática, los alcaldes eran designados, la labor docente había sido precarizada y los profesores sometidos a una pérdida de su poder adquisitivo. Por otra parte, desde sus inicios el modelo había expresado parte de las dificultades que lo acompañan hasta hoy: dualidad entre la gestión administrativa (municipios) y la técnico pedagógica (Mineduc).

Pero, contra todo pronóstico “las autoridades democráticas sostuvieron y fortalecieron el proceso de descentralización”, lo que significó en la práctica dotar de más atribuciones, presupuestos y capacidades a los actores educativos locales. Bajo esa interpretación, a inicios de la transición, en vez de abordarse cambios estructurales en vista de la crisis inicial del modelo, se profundizó en la municipalización implementada en dictadura.

Otro dato significativo que reafirma el consenso intraelite a inicios de los 90 es que no solo continuaron los mecanismos que disminuían el papel del Estado en educación sino que en el contexto de la negociación que llevaba el Gobierno de Aylwin por aumentar la recaudación fiscal en 1993 y darle estabilidad en el largo plazo se introdujeron mecanismos que flexibilizaron el financiamiento de la educación subvencionada. La decisión gubernamental de ampliar el financiamiento compartido, tendría graves consecuencias en materia de segregación educacional, pues llevó a que hoy solo un 35% de la matrícula sea municipal y más del 65% particular.

Durante la segunda mitad de los 90 y con un Frei que cambió las prioridades de la agenda desde los temas de la transición a los de la modernización, en educación se continuó con la misma lógica hasta que a comienzos de la década pasada el informe de la OECD volvió a poner el dedo en la llaga sobre su principal déficit: “La educación chilena está influenciada por una ideología que da una importancia indebida a los mecanismos de mercado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, el intervencionismo activo del centro, está limitado por mecanismos de mercado. Los mecanismos de mercado, en la práctica, son generalmente débiles estímulos para la implementación o mejoramiento educacional”.

Sin embargo, las autoridades educativas de la época –Mariana Aylwin y Sergio Bitar– hicieron caso omiso de esa parte del informe y solo pusieron énfasis en las lógicas de seguir asimilando el funcionamiento de la escuela a una empresa, y los profesores, a la mecánica de los empleados de una compañía. Así se llegó al movimiento pingüino de 2006, cuya respuesta presidencial, para variar, fue la creación de una comisión, de la que se retiraron varios dirigentes estudiantiles y que terminó con una ley que, en muchos aspectos, fue la antípodas del reclamo estudiantil.

No fue casual que el mismo año en que se aprobaba la ley que creaba la Superintendencia y la Agencia de Calidad y que se flexibilizaba la ley SEP, estallara el movimiento estudiantil de 2011, que originó las demandas que Michelle Bachelet quiso recoger en su programa y que cobró vida en el mensaje presidencial N° 131-312 que puso el foco en el sector particular subvencionado, generando incentivos para su reconversión. El proyecto tampoco tuvo una definición clara de lo que se entendería  por calidad de la educación y no se evidenciaba en él un cambio de paradigma. En rigor, lo que más sobresalía era el intento por introducir mecanismos de regulación en el mercado educativo que funciona como capitalismo salvaje o paraíso fiscal.

Como se sabe, luego de una fuerte discusión pública, y de la flexibilización de varias de las medidas propuestas – no habría web para postular, se extendían los plazos para el cambio de la personalidad jurídica, flexibilización de los arriendos y extensión del tiempo de entrada en vigencia de la ley– producto de la presión de la Iglesia y de los sostenedores, la iniciativa se aprobó en enero de 2015. El endurecimiento del movimiento estudiantil en el otoño del presente año así como la presentación de las iniciativas complementarias –fortalecimiento de la carrera docente y el anunciado proyecto de desmunicipalización– y el extendido paro docente tiene en statu quo la viabilidad del proyecto y su aporte al fortalecimiento de la educación pública.

Las batallas venideras decidirán si la educación se reorienta hacia una función pública o, por el contrario, continúa imperando una lógica empresarial, solo con una mayor regulación. Una evaluación preliminar nos lleva a concluir que la naturaleza de un proyecto híbrido, hecho sobre la base de la improvisación y con asesores de todo tipo –incluso uno con licencia de Educación Media– sin training en el aula, no dejó contentos ni a los que querían la continuidad del modelo ni a aquellos que creían que había llegado el momento de cambiarlo por otro con un rol más activo del Estado.

¿Nueva Constitución? 

Desde que Álvaro Jara (Guerra y sociedad en Chile) y Mario Góngora (La noción de Estado) escribieron sus obras pesimistas sobre nuestra naturaleza violenta, se ha asumido el carácter vehemente de nuestra institucionalidad. La impronta que le dio al país la Guerra de Arauco hará que la imagen que proyectemos sea el de una tierra de violencia. Mario Góngora llegó a decir que “en el siglo XIX la guerra pasa a ser también un factor histórico capital: cada generación, vive una guerra”: las guerras de la Independencia, la de 1836-1839 contra la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz, contra España (1864-1866), la del Pacifico (1879-1883), vivida como guerra nacional y, por último, la conflagración de 1891.

Ello sin contar la prolongada guerra contra los mapuches, con sus periódicas entradas en la selva y en los reductos indígenas, los incendios de siembras, los raptos, etc. En ese contexto no es casual que nuestros mitos patrios sean todos muertos en combate: Portales, Prat, Balmaceda, Allende, etc. La impronta violenta está en nuestro ADN y no es casual que su blasón lleve inscrita la frase por la razón o la fuerza. La Constitución de 1833, que instauró el orden portaliano tiene ese acervo y ya tempranamente se transformó en una camisa de fuerza del cuerpo social: Portales caería víctima del mismo y las revueltas de 1851, 1858, la Guerra Civil de 1891, la crisis de 1920-1925, así lo confirmarán.

Lo desastroso de ese modelo institucional culminó con la instalación de una nueva Constitución en 1925 que reforzó el carácter presidencialista pese a la socialización de proyectos de asamblea constituyente de movimientos sociales que abrogaron por construir un Chile federal y a todo nivel colegiado, pues “el desarrollo social de todos era un derecho”. Por el contrario, según Pinto y Salazar, la Constitución que emanó de la elite política a través de una comisión presidencial tuvo como consecuencia un Estado que solo se representaría políticamente a través de partidos y no de gremios; que no establecía autoridades colegiadas, sino un régimen presidencial del que dependerían todas las autoridades provinciales; que no se organizó  sobre bases federales, regionales o comunales, sino unitaria y centralmente; con un Congreso político, con un Senado con capacidad obstruccionista (oligárquico) y una Cámara de Diputados con poder fiscalizador sobre el Ejecutivo (sesgo parlamentarista).

En suma, Alessandri, más bien rescató el desprestigiado sistema político evitando su ruptura. En definitiva, el cambio tuvo mucho de gatopardismo pues siguió subsistiendo el grueso de la oligarquía responsable de la crisis. Como se sabe, Alessandri fue reacio a la segunda alternativa y plebiscitó su proyecto de reforma aprobada apenas con la participación de un 43% del electorado habilitado y donde el 54,63 no sufragó.

Su naturaleza oligarca operó nuevamente como camisa de fuerza de la sociedad y desde el inicio su aplicación generó dificultades y vacíos y fue motivo de violencia: la dictadura de Ibañez de 1927, las asonadas populares que incluso posibilitan la instalación de una efímera República Socialista en 1932; la Matanza del Seguro Obrero a fines del segundo Gobierno de Alessandri; los gobiernos radicales y su apuesta por industrializar el país que, a menos de un año, tendrá un intento de golpe de Estado –El Ariostazo–; la exclusión e ilegalización del Partido Comunista durante el mandato de González Videla será otro foco de tensión; la huelga de la chaucha en 1957 que “en tres días trágicos que vivió la capital” provocó 19 muertos, 350 heridos y daños materiales invaluables; las protestas sociales posterremoto de Valdivia, que pusieron en entredicho el término del Gobierno de Jorge Alessandri; la crisis económica de 1967, la sequía y el quiebre del partido de Gobierno así como la radicalización de la izquierda a partir de 1965, produjo hacia fines de aquella administración una asonada militar encabezada por el general Viaux.

La situación no cambia mucho con Allende y más bien se profundiza desde antes que este asuma, debido al intento del Gobierno norteamericano por frustrar su ascensión a la primera magistratura. Como se sabe, la tensión política y social creció al punto que en sus días postrimeros se sabía que el Presidente recurriría a un plebiscito para romper el empate político con la oposición. El anuncio que se haría el 11 de septiembre en la ex Universidad Técnica del Estado, actual USACH, quedó truncado, pues los militares decidieron dar el golpe finalmente ese día.

En resumen, no fueron menores los focos de conflicto que se gatillaron y evidenciaron periódicamente las deficiencias de aquel entramado institucional que, sin embargo, permaneció incólume hasta que la Constitución fue suspendida por la Junta y se puso en marcha una comisión que, con variantes, sería la encargada de reescribir el texto constitucional que fue plebiscitado el 11 de septiembre de 1980, sin registros electorales y sin mínimas garantías.

La Constitución, que postulaba la recreación de un régimen autoritario con ribetes franquistas fue recién sancionada y plebiscitada democráticamente en junio de 1989, a través de 54 reformas, algunas de sentido común –la eliminación del artículo 8°–, pero otras muy controversiales, como la renuncia a la mayoría legislativa parlamentaria que le aseguraba la Constitución del 80, al aceptar elevar los quórums para las leyes simples a la mayoría absoluta de los miembros presentes en ambas Cámaras, manteniendo los senadores designados. Dicho de otro modo, habría sido el propio bloque de centroizquierda el que se autoanuló como agente de cambio en el futuro porque, según se dijo, había un consenso ideológico con el régimen. 

Ello explica que dicho marco, maquillado y todo, ha generado la sensación de un perpetuo empate político que ha gatillado, desde 1997, una cada vez mayor y más masiva desafección de ciudadanos frente al sistema político, que comenzando con 800.000 votos en aquel año, alcanzó los casi 7 millones en la última presidencial, puesto que las dos representantes en segunda vuelta sumaron apenas 5.581.982 votos de un total de 13.573.088.

El Chile del discurso de Allende en la ONU en 1972 –de 160 años de vida parlamentaria ininterrumpida, de un Ejecutivo que desde 1883 solo una vez ha cambiado su Carta Magna y que esta jamás ha dejado de ser aplicada, con Fuerzas Armadas de probada formación profesional y de hondo espíritu democrático– fue solo una metáfora. Lo cierto es esto otro, el carácter violento y oligarca de todos nuestros órdenes constitucionales donde se ha priorizado siempre la solución de sus propios conflictos internos más que el bienestar de la nación. Ello explica que nunca haya habido una acuerdo habermasiano para construir nuestra  institucionalidad.

Y si hoy la presidenta en diferentes intervenciones ha hablado de una nueva Constitución y ha ofrecido la apertura de un “proceso [que] será institucional, pero participativo” o que en septiembre  se abrirá “un proceso constituyente” o de un proceso realmente incidente, lo cierto es que desde el propio Gobierno y parte de la coalición se anuncia moderar el ímpetu reformista mediante un acuerdo en el Congreso. Y es que a una reforma híbrida en educación se sumó, ahora, un anuncio alessandrista reforzando, una vez más, una solución oligarca (Burgos).

La Economía: la larga historia de la discusión sobre el modelo

Desde hace 13.000 años (Monte Verde) y con excepción del modelo de sustitución de importaciones que se impuso por 35 años, nuestra economía ha sido fundamentalmente depredadora. Lo fue durante los pueblos precolombinos –cazadores, recolectores y agricultores–, con los españoles –lavaderos de oro, ganadería y agricultura– e incluso con el surgimiento de la república, en que nuestra oligarquía se insertó en el mercado mundial como mera exportadora de materias primas: sea en su versión agrícola (trigo), de explotación minera de plata, cobre y, sobre todo, luego de la Guerra del Pacífico, de salitre. Meller ha sostenido que “lo que cambió sustantivamente el carácter de la economía chilena fueron las exportaciones salitreras que comenzaron a realizarse en gran escala durante la década de 1880”. En efecto, podría decirse que hasta allí éramos “una economía atrasada, con un crecimiento relativamente modesto”.

El salitre no solo será motivo de la Guerra del Pacífico y de la Guerra Civil de 1891, sino también abrirá la primera discusión estratégica sobre la economía chilena cuando tempranamente se planteó su fragilidad como recurso. Fue la crisis del salitre seguida de la 1929, más la irrupción de fuerzas políticas nacional-desarrollistas, las que llevaron a la oligarquía política a replantearse el modelo de desarrollo económico. El triunfo en 1938 de una inédita coalición de centro izquierda –El Frente Popular–, nuevamente con decisión política y una coalición clara en las tareas por hacer, viabilizó la implementación del modelo de desarrollo industrial inspirado en el Estado de bienestar que buscó disipar los vaivenes de la economía internacional, con la creación, ampliación y masificación de un mercado interno.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES PROMEDIO ANUAL POR PERÍODOS (Meller)

Tal modelo, exitoso en cuanto a cifras globales, llegó a su fin el 11 de septiembre de 1973 y pese a que en un primer momento –1973-1975– hubo una disputa entre los sectores nacionalistas y neoliberales al interior de la Junta, lo cierto es que a partir de 1975 se impuso el sector más ortodoxo y neoliberal. Son ellos los que hacen suyo “El Ladrillo” e inician el proceso de liberalización y desregulación de la economía chilena. Sin democracia, sin marcos regulatorios, sin poderes independientes y en un país bajo un permanente estado de sitio se inicia la vergonzosa venta de empresas públicas. Luego de la profunda crisis de 1983-1985 la economía muestra signos de evidente recuperación y así permanecerá hasta 1989.

Dicha estabilidad y el agotamiento de las protestas permiten la segunda oleada de privatizaciones que se extienden  hasta el último día de Pinochet en que se privatizó el Instituto Nacional de Capacitación (Inacap), creado por Allende. En el grupo que lideró estas reformas, primó un fuerte sesgo ideológico y una decisión irrevocable de, contra viento y marea (y sin democracia), realizar los cambios estructurales que, según ellos, la nación requería.

En cualquier caso, el modelo instalado no tuvo nada de aportación privada: los nuevos ricos son quienes se apropiaron de las empresas estatales vendidas con créditos fiscales a precio de huevo, cuando no, resultado del secuestro permanente de los fondos de pensiones y de salud de los chilenos o de la concesión de yacimientos mineros o del subsidio forestal o de la apropiación de nuestros recursos marinos y que desde un comienzo fueron ineficientes en relación con otras elites que sí arriesgan y emprenden. Seguimos siendo, por ese motivo, como lo señaló Gabriel Palma, una economía rentista del siglo XIX, inserta en el XXI.

Al instalarse el nuevo Gobierno democrático y basándose en algunos puntos del  programa se pensó que, por lo menos, habría una revisión del modelo económico vigente: se condenaron las privatizaciones de la dictadura y se dijo que se revisarían, aunque ello no ocurrió. Por el contrario, se reafirmó el carácter monoexportador de la economía chilena y el Estado como garante de una adecuada inserción internacional después de años de aislamiento. Se reafirmó la propiedad pública de la Gran Minería del Cobre (GMC), pero se dijo también que se buscaría garantizar “la estabilidad de la propiedad de las empresas mineras. Esto significa mantener durante el próximo Gobierno de transición el actual sistema de concesiones, así como otorgar la adecuada protección a las inversiones realizadas”. Se inició, entonces, allá por 1992, la entrega de diversos yacimientos mineros a privados.

En definitiva, se mantuvo el orden heredado de la dictadura y se lo reforzó cuando los gobiernos de la Concertación hicieron una apuesta fundamental por la concreción de tratados de comercio con diversas potencias. La crisis gatillada a partir del movimiento estudiantil de 2011, hizo que finalmente la actual Presidenta comprometiera durante su campaña una reforma fiscal para ampliar la tributación a empresas y financiar una reforma educativa  que fue aprobada en el Congreso, no sin discusión y con diversas modificaciones en septiembre de 2014, aunque ello no eliminó la crítica por las nuevas formas de evasión tributaria, el descuento de utilidades de los sueldos de más de seis millones de pesos, o la invariabilidad tributaria que mantuvieron las grandes empresas mineras pese a sus ganancias estratosféricas hasta 2023. La verdadera capacidad tributaria que tendrá el fisco con la nueva legislación sembró tantas dudas, que se puso en entredicho la propia reforma educativa, principal promesa gubernamental.

Luego de su aprobación estallaron sucesivamente los casos Penta, Soquimich y Caval, que perturbaron profundamente la credibilidad en las instituciones democráticas, aunque el efecto más demoledor fue sobre el discurso presidencial de “más transparencia e igualdad”. Estos casos, más la arremetida gubernamental por bajar las expectativas de las reformas, y con el pretexto del bajo crecimiento económico, han abierto nuevamente la discusión sobre un tema más profundo que no tocó el programa de Gobierno: el modelo monoexportador de materias primas que priorizó solo el crecimiento económico como mecanismo para alcanzar el desarrollo que se tomó allá por los albores de la república y que, con excepción del periodo de industrialización, sigue aún vigente. El que la discusión sea sobre el modelo y las insuficiencias de la reforma tributaria, es señal de que la actual administración soslayó la profundidad del problema.

Las reformas de Bachelet… del dicho al hecho

Las reformas planteadas por la actual Mandataria en su programa han sido materias que han acompañado el debate público desde que Chile se constituyó como nación. No es casual, entonces, que las tres aparezcan simultáneamente en diversas coyunturas políticas cuando la nación quiso reescribir su relato: 1820-1833, 1920-1925, 1970-1973, 1975-1980, 1988-1990 o, más recientemente, con las movilizaciones estudiantiles que reafirmaron el fin de un ciclo político.

Si bien al iniciarse la transición la discusión sobre el modelo económico institucional y educativo quedó pendiente, queda meridianamente claro que hoy una mayoría social cuestiona los resultados de ese proceso y llevó al actual Gobierno a abordar estos ejes en su programa aunque, a diferencia de reformas anteriores, no hubo la capacidad de análisis histórico para entender los contextos, ventajas y dificultades de las que se implementaron antes, como, por ejemplo, contar con equipos multidisciplinarios con mucha experticia en cada materia, con mucho trabajo previo en sus propuestas, como ocurrió con Aguirre Cerda, Frei, Allende y los Chicago boys.

Allí surgen contrastes notables con las medidas propuestas hoy que parecen dominadas por la improvisación y su hibridez. Fuese en democracia con una mayoría social o en la dictadura del terror, las políticas implementadas intentaron darle una respuesta estructural a la crisis. No sucede igual hoy, cuando en el discurso oficial se recogió la demanda social pero que por esta deficiencia tuvo una débil e híbrida puesta en escena: la reforma tributaria no respondió al agotamiento del modelo ni siquiera para alcanzar la recaudación postulada; tampoco las medidas anunciadas en educación parecen ir por el rumbo de reencauzar el histórico esfuerzo estatal del pasado. De la nueva Constitución solo conocemos cuñas y  anuncios de rebajas de invierno.

El que los principales diseñadores y actores de esas medidas sean hombres y mujeres de la transición, imbuidos de las lógicas del consenso, puede ser otra explicación a las dificultades. Por último, fuese con Aguirre Cerda, con Frei, Allende, incluso con Pinochet, hubo una convicción política por implementarlas y pagar los costos asociados a esa voluntad. La reciente frase pronunciada por la Presidenta –“debemos reconocer que la administración estatal no estaba totalmente preparada para procesar cambios estructurales simultáneamente”– es una evidencia contundente de la liviandad con que su administración se tomó la demanda social. Prueba de que los actores políticos no consideraron nuestra anterior experiencia histórica. Y fallaron por eso…