A estas alturas de una transición a la democracia inconclusa y en la medida de lo posible, hay un hecho incuestionable: el éxito del Plan Laboral de la Dictadura para limitar y desnaturalizar al máximo la acción sindical en Chile. Esto a través de una normativa laboral hiperabundante y concebida como una pieza más del entramado casi sacro de un modelo económico neoliberal que impregna todas las dimensiones de nuestra vida como ciudadanos.
Este Plan Laboral ha logrado otra conquista irrefutable: la demonización del quehacer sindical y de sus medios legítimos de reivindicación y de defensa de sus intereses laborales colectivos, esto es, la negociación colectiva y, por sobre todo, el derecho a huelga. Para ello el modelo cuenta con verdaderos templos y ejércitos de servidores que consolidan esa demonización a través de cierta prensa.
Estos hitos han cobrado especial relevancia en los últimos días, con ocasión del inicio de una nueva etapa del proceso legislativo de la reforma laboral del Gobierno, la cual, como nunca antes, no sólo concita el rechazo del empresariado más conservador y consciente de los variados privilegios que le ha legado la legislación laboral de la Dictadura (vigentes sin cambios sustanciales en el Libro IV del Código del Trabajo), sino que también de los propios trabajadores y de una parte –quisiera decir mayoritaria– de los académicos especialistas en Derecho el Trabajo.
Esta reforma ha puesto así en evidencia que lo que está de verdad en juego es la preservación o no de la prisión a la que ha sido relegada la libertad sindical, la que entendemos como pieza clave de la articulación y regulación de las relaciones colectivas de trabajo en un Estado democrático de Derecho. Estamos en presencia de una “guerra santa” en la que los defensores a ultranza del modelo fuera y, en especial, dentro del Gobierno, buscan alterar lo menos posible los estrechos límites de esta prisión normativa, para pretender convencer a sindicatos ingenuos de que se están rompiendo las cadenas, en circunstancias que estamos en presencia de la mayor iniciativa asumida en democracia para validar un sistema normativo que vulnera abiertamente la libertad sindical.
[cita] El panorama general es desolador. La lectura del profuso articulado del proyecto de ley, plagado de guiños al Plan Laboral y de múltiples restricciones a la libertad sindical (limitación del nivel de negociación, procesos de negociación que no reconocen derecho a huelga, limitaciones a la huelga vía servicios mínimos, arbitraje que no da garantías de imparcialidad, así como la guinda de la torta, los pactos de adaptabilidad), terminan poniendo en evidencia que la prisión se mantiene fuerte e inexpugnable. Las ideas del carcelero mayor –José Piñera– gozan de buena salud. [/cita]
Por todo ello, el panorama general es desolador. La lectura del profuso articulado del proyecto de ley, plagado de guiños al Plan Laboral y de múltiples restricciones a la libertad sindical (limitación del nivel de negociación, procesos de negociación que no reconocen derecho a huelga, limitaciones a la huelga vía servicios mínimos, arbitraje que no da garantías de imparcialidad, así como la guinda de la torta, los pactos de adaptabilidad), terminan poniendo en evidencia que la prisión se mantiene fuerte e inexpugnable. Las ideas del carcelero mayor –José Piñera– gozan de buena salud y son defendidas a ultranza por sectores que históricamente transitaban por la vereda del frente en cuanto a ideología y sensibilidad por los temas laborales y sociales. Asimismo, no deja de sorprender hasta qué punto los prisioneros del modelo –algunos trabajadores– se han acostumbrado a vivir entre rejas y aplauden una reforma que, de aprobarse, mantendrá incólume las actuales condiciones de precariedad y de inequidad laboral, generando de paso efectos que dificultarán aún más alcanzar el anhelado reconocimiento pleno de la libertad sindical en el país.
En este proceso el Gobierno ha tomado una bandera clara: su apoyo irrestricto al modelo heredado, olvidando promesas, dándole la espalda a un movimiento sindical débil, pasivo y aún ingenuo que cree que los cambios vendrán a través de la ley, y que se ha mostrado incapaz de concitar la solidaridad de la sociedad, de los trabajadores del sector público y de buscar el apoyo técnico de especialistas que contribuyan a darles sustento a sus demandas, para enfrentar a un poderoso lado oscuro que amenaza con crisis, desempleo y otras imágenes apocalípticas frente al más mínimo intento de rasguño a sus privilegios.
Desde la perspectiva académica este escenario resulta preocupante e inaceptable. Un Estado que no se hace cargo de garantizar y promover el debido respeto de los derechos fundamentales en el trabajo y que pretende validar una normativa que no se ajusta siquiera a los estándares de la OIT sobre la libertad sindical, termina preservando por conveniencia y falta de voluntad política un sistema normativo injusto y que es causa directa de la desigualdad económica y de la preservación de la precariedad laboral para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en el país. No puede existir un Estado de Derecho sólido si la libertad sindical no se reconoce y resguarda ampliamente, pero eso parece estar hoy fuera de toda consideración oficial.
Mientras el Gobierno recibe con brazos abiertos a los privilegiados del modelo, más del 90% de la fuerza laboral sigue y seguirá privada del legítimo derecho a la negociación colectiva y a la huelga, siendo pobres con empleo precario, encarcelados por la legislación laboral y condenados a sobrevivir sobre la base del endeudamiento.
Hoy el compromiso social de las Universidades obliga a denunciar estas vulneraciones a los derechos fundamentales laborales y a utilizar la crítica académica como un medio más para socavar las bases de esta prisión, pues la ansiada libertad parece estar aún demasiado lejos.
