Opinión
Desde su fundación como Falange Nacional recogió en su discurso la inclusión social de los más postergados, postura derivada de las encíclicas renovadoras de la Iglesia católica. Pero cuando pobladores, trabajadores, movimientos estudiantiles, pueblos originarios o mujeres deciden actuar y movilizarse, se manifiesta en una parte de los representantes de ese partido una lógica de inquisición o de terrateniente oligarca que se inclina con facilidad hacia la represión.
Diversos personeros DC nos sorprenden en estos días. El ministro Jorge Burgos declara sin ambages que la actual Constitución ha cumplido «las dos metas a las que, desde una perspectiva democrática, liberal y republicana, aspira cualquiera en su género: regir eficazmente las diferencias políticas, garantizando el orden, el goce de las libertades y un creciente disfrute de los derechos».
Con esa alabanza a una Constitución originada a sangre y fuego y construida para impedir la expresión de la soberanía popular y el principio de mayoría, con la trilogía senadores designados, sistema electoral binominal y altos quórums de leyes (la que aún permanece), queda más claro que en definitiva Burgos no se opone a una asamblea constituyente (que ahora tilda de manera intelectualmente deshonesta como “asamblea sin reglas”), porque no le gusta el método –perfectamente institucional si emana de un plebiscito convocado por el actual Congreso- sino que la actual Constitución le conviene perfectamente. Esto consagra la evolución de una parte de la DC hacia la derecha, lo que no le impide ser parte de una coalición encabezada por una socialista y con presencia de los comunistas, coalición que ha concordado, entre otras cosas, dotar a Chile de una Constitución moderna mediante un método democrático.
El giro a la derecha lo extrema Jaime Ravinet, que ya transitó a ese espacio político durante el Gobierno de Piñera, pero defendiendo ahora lo que la derecha tradicional no se atreve a hacer: la no degradación de Manuel Contreras, lo que implicaría la pérdida de su pensión: “El señor Contreras, les guste o no, trabajó 30 años”. Para Ravinet no merece mayor mención que Contreras haya torturado, violentado, asesinado y hecho desaparecer los cuerpos de chilenas y chilenos, entre ellos, a Carlos Lorca, secretario general y diputado del PS y a la primera dirección clandestina de la colectividad, lo que le ha valido 500 años de condena por los tribunales, y quisiera reemplazar aquello por el olvido.
Y arde la DC luego que la ex ministra Albornoz reconociera que se había “practicado un aborto”, en un contexto en que los poderes fácticos de su partido se opusieron tenazmente a legislar sobre el tema. La agrupación política que apoyó el programa de Michelle Bachelet que incluye el aborto en tres causales, y exigió la ocupación de cientos de cargos en el Gobierno, decretó, ahora, libertad de acción para sus parlamentarios. Todo esto es la expresión de la ambigüedad en política, aunque muchos de los militantes y dirigentes DC son personas admirablemente honestas y se niegan a seguir a su directiva o a sus personeros conservadores en su modo de hacer política.
Arde también la ruta 5 Sur en Rancagua frente al río Cachapoal producto de la quema de dos buses y el taco se prolonga hasta Pelequén. Lo mismo ocurre con una camioneta en el norte en la ruta que lleva (¿otra expresión de hipocresía?) a las mineras Radomiro Tomic y Ministro Hales, como consecuencia de la muerte de su compañero de labores en El Salvador, Nelson Quichillao. Existe un malestar generalizado en estos trabajadores con Codelco, por el incumplimiento del acuerdo marco en relación a revisar cada dos años su situación laboral, tal como se lo hicieron saber al senador Alejandro Guillier el viernes antepasado en Rancagua con una frase que resultó profética: “Supongo que no esperarán que haya más muertos y que se quemen 10 buses para sentarse a conversar”. Mientras, realizaban una velatón en memoria del trabajador asesinado en el norte producto de las nuevas instrucciones del Ministerio del Interior a las policías que ya habían sido inauguradas con lo sucedido al estudiante Rodrigo Valdés en Valparaíso.
El proceder crecientemente represivo de las policías, que se originaría en el cambio de mano en esa cartera (Burgos) –y que según Cristián Cuevas viene “dura contra el movimiento social”–, requiere ser subrayado y ser objeto de reflexión. Como punto de partida no olvidemos que durante 2013 la coalición de Gobierno de la que también forma parte Jorge Burgos hizo suyo el reclamo y la demanda social por transformaciones: “Chile ha cambiado y es hoy… un país cuyas personas están cansadas de los abusos de poder y de que sus necesidades no sean tomadas en cuenta… Hablamos de la persistente diferencia de remuneraciones entre hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo. De la impotencia de los trabajadores que no pueden negociar colectivamente, en igualdad de condiciones, con sus empresas. De los derechos sexuales y reproductivos de los hombres y mujeres de nuestra patria… A todas esas personas les digo: es tiempo. Es urgente, es importante, debemos vencer la desigualdad en nuestro país” (Michelle Bachelet, Discurso de El Bosque).
Nuevamente la ambigüedad política parece volver por sus fueros, es decir, enarbolar las banderas de cambio en una coalición que promete reformas y asumir la demanda social para luego concluir defendiendo a los poderosos de siempre y reprimir a quienes antes se les pidió el voto. Este es hoy especialmente el caso de autoridades del PDC. ¿Tiene este método político antecedentes en la historia del PDC?
Desde su fundación como Falange Nacional recogió en su discurso la inclusión social de los más postergados, postura derivada de las encíclicas renovadoras de la Iglesia católica. Pero cuando pobladores, trabajadores, movimientos estudiantiles, pueblos originarios o mujeres deciden actuar y movilizarse, se manifiesta en una parte de los representantes de ese partido una lógica de inquisición o de terrateniente oligarca que se inclina con facilidad hacia la represión.
Como se sabe, Frei Montalva tempranamente tuvo una fascinación por el régimen del general Franco en España. Ello explica que el azul sea el tono dominante en su bandera y la falange su principal símbolo. Las flechas provienen del Falangismo de Primo de Rivera y son un recuerdo de la tradición conservadora. El azul proviene del movimiento de José Antonio que luego adoptó Franco y su “Cara al sol” tuvo su equivalente en Chile con “Brilla el sol”, así como “La marcha sobre Roma” tuvo su símil en Chile con “La marcha de la patria joven”.
Tal como nos relata una biografía de Frei, en su visita a Madrid de 1934 se entrevistó con Ángel Herrera y Gil Robles, máximos dirigentes de CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), el partido de derechas católico que desempeñaría un papel relevante en el fin de la república. Estos le aconsejaron continuar sus estudios pero “no olvidar la política”. A su regreso, ingresó a las filas del Partido Conservador, del cual se escindió tiempo después, junto a un notable elenco de jóvenes, fundando la Falange Nacional en 1937. Hay que recordar que ya en 1941 el Office of Strategic Services (OSS), en una temprana referencia sobre Frei en relación con “la Quinta Columna” lo sitúa entre los simpatizantes de Franco que fundaron aquel año el Instituto Hispano-Chileno. Eduardo Frei Montalva fue hasta su muerte el más influyente dirigente del PDC chileno, al que fundó en 1957 como fusión de la Falange con grupos socialcristianos conservadores y sectores ibañistas.
[cita] Hay que recordar que ya en 1941 el Office of Strategic Services (OSS), en una temprana referencia sobre Frei en relación con “la Quinta Columna”, lo sitúa entre los simpatizantes de Franco que fundaron aquel año el Instituto Hispano-Chileno. Eduardo Frei Montalva fue hasta su muerte el más influyente dirigente del PDC chileno, al que fundó en 1957 como fusión de la Falange con grupos socialcristianos conservadores y sectores ibañistas. [/cita]
Su matriz ideológica católico-conservadora la traspasó a la organización que, por un lado, abrazó la idea de justicia social promovida por Rerum Novarum pero, por otra, recibió el influjo oligárquico de amigos y compañeros de estudio como Jaime Eyzaguirre –militaron juntos en la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos (ANEC), donde también estaban personajes que luego serían trascendentes en la vida pública chilena, como Alberto Hurtado o Manuel Larraín– y de sus lecturas.
En el libro Chile Desconocido se evidencia nítidamente el influjo que sobre él ejercieron Alberto Edwards (La fronda aristocrática) o Francisco Antonio Encina (Nuestra inferioridad económica). En otro texto manifiesta su inclinación por el concepto de “Estado en forma” (fascista) y su admiración por las personalidades autoritarias como O’Higgins, Portales, Montt y su profundo anticomunismo, que traspasó al PDC del que fue principal líder durante 25 años.
Esa cultura conservadora en lo valórico, con inclinaciones autoritarias en lo político y corporativista en lo social, ha tenido oportunidad de manifestarse en una multiplicidad de ocasiones en que el PDC ha sido Gobierno. Ese acervo que Frei Montalva traspasó a la colectividad que contribuyó a fundar, explica, entre otras cosas, la disposición a permitir la represión violenta a los grupos subalternos cuando estos levantaron en su administración demandas sociales y se movilizaron.
Tempranamente (1966) se produjo la matanza de El Salvador, cuando la policía y militares asesinaron a ocho trabajadores, entre ellos a una mujer con tres meses de embarazo, mientras un día antes, y como profecía de lo que ocurriría después, el senador DC Patricio Aylwin anunciaba en el Congreso “mano dura para las oligarquías sindicales que promoviendo huelgas injustas e ilegales, utilizan a los trabajadores como carne de cañón”.
Luego se produjeron los sucesos de Pampa Irigoyen en Puerto Montt en 1969, en que, producto de la destemplada intervención del ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic (el hombre de hierro), fueron asesinados diez pobladores –entre ellos un lactante de 9 meses debido a las bombas lacrimógenas– y quedaron heridos más de un centenar por la violenta represión policial. Estos fueron dos de los hechos de represión más trágicos producidos durante la administración de Frei Montalva.
Luego, durante la Unidad Popular, es conocida la renuencia de Frei a buscar una salida política al conflicto desatado y su opción por el quiebre violento que tanto molestó al general Prats. Incluso, como se sabe, el Gobierno popular llegó en 1972 a acuerdo con representantes del PDC sobre el área de propiedad social y una lista de empresas que permanecerían en ella, pero este acuerdo fue desechado con un telefonazo de Frei, quien se encontraba por entonces de viaje en Yugoslavia, dando cuenta con ello de su nulo interés por darle una salida política a la crisis.
Frei se negó a atender los llamados del cardenal Silva Henríquez para dialogar y lograr un acuerdo con el Presidente Allende en 1973 que salvaguardara la democracia. Su larga carta a Mariano Rumor defendiendo el golpe de 1973 selló su paso a la historia como un líder que no dudó en promover y defender la interrupción de las libertades, aludiendo a lo que entendía era una amenaza de llevar a Chile a una dictadura prosoviética, y avalar la masacre de una parte de los chilenos. Mucho más tarde pasó a la oposición a la dictadura militar, una vez confirmada la voluntad de esta de eternizarse en el poder.
Y es que, en la Guerra Fría, el PDC chileno no fue neutral. Como bien sabemos, desde 1955 en adelante fue articulado en la coalición occidental a través de las agencias de Estados Unidos que, seamos claros, por aquel tiempo no era la nación de Obama o Hillary Clinton, sino el Gobierno de Kissinger y Nixon, en un contexto en que uno de sus presidentes más emblemáticos, John Kennedy, fue asesinado. La considerable animadversión de Frei hacia la izquierda no solo se explica por la acusación ultraderechista de transformarse en el Kerensky chileno, ni por su mala relación con Allende desde que este triunfó en 1970, sino ante todo por la articulación temprana del PDC en el bloque pro norteamericano.
Durante el mandato de Aylwin y siendo ministro del Interior, Enrique Krauss, en momentos en que se intentaba dar una señal de normalización política, el Gobierno sufría cada salida de libreto que se producía en torno al orden y el posible cuestionamiento al rol del Ejecutivo.
En ese sentido, cómo no recordar la sobrerreacción gubernamental y policial al caso que luego fue llevado al cine a través de la película Johnny cien pesos, en que se vio involucrado un estudiante secundario armado (un segmento poblacional que en el discurso era prioridad del Ejecutivo).
Cómo no acordarse del llamado caso Apoquindo, en que la dureza policial, monitoreada desde el Gobierno, ante un asalto a un banco en el barrio alto por un comando del grupo Lautaro y cuyos miembros huyeron en una liebre, provocó una catástrofe humana. Un artículo de la revista Punto Final de la época relató cómo sucedieron los hechos: “Cuando Carabineros los interceptó, la policía acribilló a balazos el pequeño microbús. En este virtual fusilamiento masivo, murieron seis personas: los tres asaltantes que, según testigos, intentaron rendirse, y tres pasajeros que nada tenían que ver con ellos” (PF, N° 302). Una de las sobrevivientes, Ana Nielaf, diría a la prensa que “fue una matanza”.
El Gobierno respaldó el actuar de la policía tal como lo había hecho dos meses antes cuando, en el contexto del 11 de septiembre, Carabineros actuando con particular brutalidad provocó la muerte de dos personas. Ello sin contar las prácticamente ejecuciones de Marco Antonioletti, Alex Muñoz Hoffman, Fabián López, Mauricio Gómez Peña, Pedro Ortiz y José Martínez o Norma Vergara, subversivos acribillados en dudosas circunstancias.
Siendo ministro del Interior de Frei Ruiz-Tagle el también democratacristiano Carlos Figueroa, la represión policial se ensañó contra el movimiento mapuche y se empezaron a hacer constantes los contingentes policiales de más de 200 carabineros para contener las movilizaciones de los activistas. También durante dicha administración muere el estudiante Daniel Menco, producto del disparo de un Winchester del comisario de la Primera Comisaría de Arica, en tanto que otros dos jóvenes quedan heridos, Fernando Rodríguez y Alejandro Martínez.
Durante la primera administración de Bachelet, con ministros del Interior democratacristianos, explotó el movimiento pingüino y recrudeció tanto la represión callejera como la persecución a los movimientos mapuches radicalizados, lo que se profundizó particularmente siendo jefe de gabinete Edmundo Pérez Yoma, quien fue cuestionado por sus eventuales responsabilidades en la intensificación del conflicto, lo que incluyó la muerte del comunero Jaime Mendoza Collío, asesinado por la espalda por un policía cuando se desalojaba el fundo “San Sebastián”.
En el actual Gobierno, Jorge Burgos dejó el Ministerio de Defensa y asumió la cartera de Interior teniendo como escenario de fondo el regreso en gloria y majestad del partido del orden a la línea de mando. La semana de su ascenso a la jefatura de gabinete, en el contexto de una jornada de protestas en que la policía inauguraba la política del nuevo trato, dos estudiantes eran asesinados, no por agentes del Estado, sino por un iracundo vecino que sintió que podía hacer justicia por su cuenta.
Luego vino el 21 de mayo, y con la responsabilidad confirmada de Carabineros, el estudiante Rodrigo Avilés quedó por semanas en coma producto del chorro del carro lanzagua de la policía. La semana antepasada murió asesinado Nelson Quichillao López, producto de la intervención de Carabineros, un trabajador contratista que se encontraba movilizado por el conflicto con la gigante estatal. El ex presidente de los contratistas, Cristián Cuevas, renunció a su cargo de agregado laboral en Madrid, responsabilizando a Interior y Codelco por la incompetencia para sentar a las partes en conflicto a conversar.
Ya van varios muertos y la gestión de Burgos recién empieza. Parece que, como antes, se ha querido apagar el fuego con bencina. Si bien es cierto hay que matizar y señalar que no es lo mismo Bernardo Leighton, el primer ministro del Interior de Frei, que Edmundo Pérez Zujovic, ni corresponde poner en la misma balanza por personalidad y contexto a Enrique Krauss y Edmundo Pérez Yoma, cabe consignar que la mayoría de los ministros del Interior DC manifiestan una obsesión por el orden nacido de la mera aplicación de la fuerza policial y suelen inclinarse automáticamente por aplicar represión contra los movimientos sociales antes que privilegiar los canales de diálogo.
Ello resulta perfecto cuando se junta la cultura de la hacienda (DC) con la de Berlín (PS) que tan bien sintetizan el dúo Burgos-Aleuy, o ¿de qué otra manera se explica el desprecio a la movilización social de esa dupla? En especial cuando se trata de un subsecretario que, por sus dichos –“el 30% de los que participan en las marchas son delincuentes”–, en cualquier democracia normal, más aún en el fracaso del diseño de seguridad –si es que lo hubo– debió haberse ido hace tiempo. Pero estamos en Chile, donde hay una competencia desatada por quien hace más chambonadas, pues la evidencia sugiere que, parece, se asciende en la administración estatal por ellas. Mientras se pagan sobreprecios en la Junaeb (Qué Pasa) y su director permanece extrañamente hospitalizado y en estado grave.
Se expresa así la eterna contradicción DC –¿o será ambigüedad política pura?– entre integrar las demandas sociales de los grupos más vulnerables y su actitud de mano dura hacia ellas. La movilización social autónoma es un modo de expresión legítimo en democracia, en especial cuando segmentos sociales no aceptan ser parte de cualquier maquinaria clientelar en el ámbito poblacional, mapuche, profesional o estudiantil, y se salen del libreto poniéndose enfrente del Estado.
La contradicción entre lo que se dice y lo que se termina haciendo en materia de demandas sociales y represión de ellas, parece ser un problema de método político más amplio en el caso del PDC. Se trata, hoy por hoy, de un partido que disfruta de los altos cargos que obtiene al ser parte de una coalición de gobierno, pero cuando se trata de apoyar las propuestas más emblemáticas del Ejecutivo se opone a ellas punto por punto, en una actitud más próxima a la oposición.
Algo así como una especie de trotskismo moderno que se infiltra en una coalición progresista para derrotarla. Es el conservadurismo del que alguna vez quiso ser el partido de la revolución en libertad.
