Pocas situaciones generan mayor incertidumbre que la precariedad laboral. Esta es la respuesta que corresponde a una curiosa pregunta que circula últimamente: ¿habrá que moderar la reforma laboral para reducir incertidumbres?
La política laboral tiene universalmente el propósito de reducir las evidentes asimetrías de poder que se juegan entre trabajadores y asalariados. En el contexto de la reforma que impulsa el actual gobierno, nuestro deber con el país es asegurar un núcleo básico de derechos en el trabajo para mejorar las relaciones que, según la OCDE, están marcadas por el enfrentamiento y la falta de confianza. El proyecto de ley que ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y se debate en estos días en la Comisión de Trabajo del Senado, pone al descubierto la pugna de intereses entre los actores involucrados. Ejemplo de ello es la discusión en torno a la prestación de servicios mínimos y su delicada proximidad con aspectos esenciales del derecho a huelga.
Un punto sustantivo de la iniciativa legislativa es que elimina la facultad del empleador de reemplazar a los trabajadores en huelga, sea con trabajadores propios o externos de la empresa. Sectores empresariales presionan en sentido contrario y persisten en su defensa de la opción del reemplazo, aun cuando la Corte Suprema ya ha rechazado esta posibilidad en dos ocasiones, tomando como referencia tratados internacionales.
[cita] El debate que se está desarrollando en estos días requiere hilar fino, precisar conceptos y desterrar una serie de mitos, nocivos por su efecto desinformativo y atemorizante. Los de mayor circulación insisten en que el fortalecimiento de las organizaciones sindicales dispara la fuga de inversores y la debacle económica –algo que desmiente la realidad de la mayoría de los países de la OCDE–. Muchos aprendieron ya que el respeto de derechos cívicos ofrece bases sólidas para las sociedades desarrolladas. [/cita]
Dado que se trata de derechos y también de responsabilidades, el proyecto consagra el deber de la organización sindical de proveer el personal necesario para “atender los servicios mínimos estrictamente necesarios para proteger los bienes e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes”. Pero en la iniciativa legislativa se abre una zona gris al agregar “así como garantizar la prestación de servicios de utilidad pública, la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas y para garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios”.
El quid de la cuestión es ¿qué incluye todo aquello? ¿Cuál es el límite para no lesionar el derecho a huelga? Lógicamente, dirigentes empresariales de diversas áreas abogan por la ampliación del significado de “servicios mínimos”. Representantes de la banca, dirigentes agrícolas y ejecutivos de puertos coincidieron en estimar indispensables sus servicios. En la misma línea se ha señalado que la huelga no puede tener lugar durante la cosecha, o que se debería contar con servicios mínimos que permitan su funcionamiento regular. Se erosiona así el sentido mismo de la huelga, cuyo poder como factor de presión radica precisamente en su capacidad de paralizar la producción.
La Organización Internacional del Trabajo, por su parte, plantea la necesidad de cubrir los “servicios esenciales”, entendidos como aquellos cuya falta podría implicar riesgo para la vida, la seguridad o la salud de la población. A su vez, subraya que la determinación de lo que implique “servicio mínimo” requeriría el acuerdo de trabajadores, empresariado y autoridades; y, en caso de divergencia, entrarían en juego los tribunales. Salta a la vista, en todo caso, el desfase en los tiempos que requiere un proceso semejante y la dinámica de una huelga.
En síntesis, el debate que se está desarrollando en estos días requiere hilar fino, precisar conceptos y desterrar una serie de mitos, nocivos por su efecto desinformativo y atemorizante. Los de mayor circulación insisten en que el fortalecimiento de las organizaciones sindicales dispara la fuga de inversores y la debacle económica –algo que desmiente la realidad de la mayoría de los países de la OCDE–. Muchos aprendieron ya que el respeto de derechos cívicos ofrece bases sólidas para las sociedades desarrolladas.
